Según una encuesta de la compañía de Contract Lifecycle Management (CLM) Bigle Legal, un 80% de los profesionales legales tiene entre sus prioridades automatizar sus documentos y procesos legales en los próximos 24 meses. La encuesta forma parte del estudio “Legal tech: estado actual y predicciones para 2023”, publicado por la empresa de CLM, que analiza el desarrollo del legal tech en Europa y proyecta las previsiones del sector para el futuro.
A los profesionales encuestados por Bigle Legal se les planteó seleccionar cómo de prioritarias eran distintas soluciones de legal tech para su departamento, ante lo que un 76% de los encuestados vio preferente implementar un sistema de seguimiento de indicadores clave en su departamento.
Un 65% también vio necesario implementar un self-service jurídico para el resto de áreas de la empresa y un 61% apostar por flujos de validación y sistemas de alertas para los eventos contractuales. Al mismo tiempo, un 66% de los encuestados priorizaría contratar un software de Contract Lifecycle Management, con el fin de aunar las anteriores tecnologías en una sola.
El estudio fue elaborado durante 2022 y muestra las próximas tendencias en materia de legal tech, además de incluir datos extraídos de esta encuesta propia, realizada a abogados in-house y profesionales del área legal de distintas corporaciones. Según Bigle Legal, el objetivo es dar a conocer cuáles son las tecnologías más eficaces para las áreas legales, cuáles son los KPI a tener en cuenta, cuál es la madurez del sector, la previsión de inversión y los próximos pasos para el sector legal. El estudio de Bigle Legal está disponible en su página web.
Los focos del legal tech se sitúan en Europa
En Europa, el mercado legal tech está consolidado pero en crecimiento constante, con distintos epicentros de actividad. España es líder en el sur de Europa, con los HUB tecnológicos de Madrid y Barcelona a la cabeza, que cuentan con empresas que ofrecen soluciones innovadoras y asociaciones que guían la innovación en el ámbito legal.
Reino Unido ostenta el liderazgo del norte europeo, con un potencial de crecimiento que se estima que atraerá 2.200 millones de pounds en inversión cada año hasta 2026, según estudios como el de Lawtech UK. Un estudio del Gobierno británico explica que un 29% de las empresas británicas que adoptan soluciones de inteligencia artificial son del sector jurídico. Irlanda, por su parte, alberga los principales centros de operaciones de multinacionales como iManage y Axiom, así como diversos centros tecnológicos como el Centro de Servicios Jurídicos de A&O, el Centro de Servicios Jurídicos Alternativos de HSF o el Centro de Innovación de la Universidad de Belfast, con una rama de tecnología jurídica.
En centroeuropa, Países Bajos, el segundo país más innovador del mundo según el Índice Global de Innovación, es otro de los centros neurálgicos del legal tech, con iniciativas como el Dutch Legal Tech, para impulsar la estrategia nacional de tecnología jurídica.
Las industrias que más documentos legales producen
Algunos de los sectores que producen más documentación son los servicios financieros, tanto bancos como aseguradoras y otras empresas de servicios, así como las empresas del sector inmobiliario. La Asociation of Corporate Counsel, por su parte, explica que las empresas financieras, de banca, alojamiento y servicios de alimentación, además de aquellas dedicadas a la minería o canteras, son las que esperan un mayor volumen de regulaciones y un mayor uso de documentos y controles. Lo mismo ocurre para los servicios públicos en sectores como la medicina, asistencia sanitaria y social o educación.
Factores impulsores del sector legal tech
La pandemia de Covid-19 aceleró la adopción de tecnologías para el área legal según In House Legal, que informó ya en 2020 de que el 56% de los despachos de abogados en Europa indicaron que su necesidad de soluciones de tecnología jurídica aumentó como resultado de la pandemia, mientras el 65% informó de que su inversión en soluciones jurídicas se mantendría igual o aumentaría en el futuro.
Según el Hype Cycle for Legal and Compliance Technologies de 2022 de Gartner, consultora estadounidense de investigación de las tecnológicas, soluciones de legal tech como el Contract Lifecycle Management están en vías de alcanzar una productividad estable, tras una consolidación paulatina. Además, desde la consultora explican cómo muchos departamentos infrautilizan las tecnologías más avanzadas, mientras renuncian a ganancias de eficiencia al no implementar los sistemas fundacionales adecuados.
Desde la compañía predicen que el gasto en tecnología legal aumentará aproximadamente un 12% en los presupuestos internos para 2025, un aumento del triple en comparación con los niveles de 2020.
Para aquellos que no invierten en tecnología, ¿cuáles son las razones?
Uno de los principales factores para no invertir en innovación y tecnología es la falta de entendimiento y conocimiento de la propia tecnología: los abogados necesitan ayuda para entender cómo se puede desplegar la tecnología en la función legal. A este factor se le une la formación insuficiente en el ámbito legal tech. Todo esto lleva al tercer factor, la limitada priorización de la tecnología, a veces incluso a pesar de tener conciencia del valor que esta ofrece.
Otra razón es la falta de recursos. Según un estudio del SRA y la Universidad de Oxford, el 58% de los encuestados señala la "falta de capital financiero para invertir en tecnología". Otras razones son la "falta de experiencia del personal para evaluar e implementar la tecnología" (50%) y la "incertidumbre o barrera normativa" (45%).
El mismo estudio habla de la “incertidumbre sobre los beneficios empresariales esperados" para un 36% de los encuestados que no están innovando, o de que "no es una prioridad estratégica" para un 31% y que "no es necesario en mi empresa", para un 27%. La "falta de experiencia del personal" (25%), la "posibilidad de un riesgo legal o regulatorio inesperado en el futuro" (20%) y la "incertidumbre o barreras regulatorias actuales" (20%) también contribuyeron a la falta de innovación.
Paradójicamente, el estudio señala que otro inhibidor de la adopción de tecnología jurídica se originó en los propios proveedores de tecnología jurídica. Varios entrevistados se quejaron de que algunos proveedores dificultaban el despliegue de nuevas soluciones por parte de las empresas, ya que no proporcionaron acceso a la interfaz de programación de aplicaciones (API) ni realizaban el trabajo de desarrollo necesario que permitiera que las diferentes tecnologías se pudieran integrar entre sí.
Los despachos y los departamentos se enfrentan, además, a una serie de retos que suponen el desvío de la inversión hacia ellos, como, por ejemplo, la eficiencia operativa, la ciberseguridad, el crecimiento/retención o la rentabilidad.
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