La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado este lunes que uno de los grandes ejes de actuación de su Departamento en la próxima Legislatura será el impulso de una agenda integral por la calidad del empleo que permita consolidar la recuperación de los puestos de trabajo perdidos por la crisis y alcanzar los 20 millones de ocupados en los próximos años.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, ha detallado que, junto a este objetivo, su tarea al frente del Ministerio se enfocará en la mejora en la eficacia y eficiencia de la gestión de las políticas activas de empleo, el refuerzo de la sostenibilidad y suficiencia de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social y la inserción e integración inmigrantes, vinculada al empleo en nuestro país.
La ministra ha recordado que las reformas del Gobierno y el esfuerzo de toda la sociedad española durante la pasada Legislatura ha permitido recuperar ya 1,6 millones de empleos, la mitad de los destruidos por la crisis, con un incremento de afiliación de 557.437 personas en el último año y, por primera vez desde 2009, la tasa de paro se sitúa por debajo del 19 por ciento.
“Pero queda mucho, muchísimo, por hacer, ha señalado Báñez. “Hay que consolidar el ritmo de creación de empleo para volver a los 20 millones de empleos previos a la crisis”.
AGENDA INTEGRAL POR LA CALIDAD EN EL EMPLEO
Para avanzar en este objetivo, el Gobierno ha acordado abrir una mesa de diálogo con los interlocutores sociales que impulse la Calidad en el Empleo. En este contexto, ha designado un grupo de expertos laboralistas a propuesta de los interlocutores sociales para analizar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la indemnización por extinción de los contratos de interinidad. En paralelo, se impulsará el diálogo sobre el futuro del trabajo, en el marco de la iniciativa del Futuro del Trabajo de la OIT.
Todo ello con el ánimo de que ambos grupos eleven sus conclusiones al Diálogo Social y al Parlamento para avanzar en la mejora de la regulación de los contratos laborales en nuestro país para consolidar el proceso de creación de empleo y para impulsar la calidad en el empleo.
Esta agenda integral de la calidad en el empleo debe incorporar la estabilidad y la retribución, pero también otros aspectos fundamentales como la formación, conciliación, igualdad de derechos y la apuesta por la diversidad en la empresa, junto al papel de las políticas públicas en materia de Responsabilidad Social Empresarial.
Así, recogerá la posibilidad de poner en marcha un fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral que se haga efectivo en los supuestos de despido, movilización geográfica, y de desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.
También se promoverá activamente la igualdad entre hombres y mujeres y la cultura de la transparencia en los procesos de selección en todos los niveles de contratación.
En este contexto, otro de los ejes de actuación va a girar en torno al diálogo para la elaboración de un pacto nacional para la conciliación familiar y la racionalización de horarios, así como el estudio de las posibilidades que traería consigo el cambio de uso horario. “Queremos que la jornada laboral que, con carácter general, acabe a las seis de la tarde, y para ello impulsaremos un pacto con representantes de empresas y trabajadores”, ha remarcado Báñez.
Para ello se mejorarán los mecanismos de flexibilización de la jornada laboral, con la implementación de fórmulas de teletrabajo y la creación de una bolsa de horas para gestionar asuntos propios; y se fomentará una mayor eficiencia en los desplazamientos, impulsando para ello la movilidad sostenible y la utilización del transporte colectivo.
Además, se impulsará la adecuación de los derechos de los trabajadores a los avances tecnológicos, facilitando el mejor aprovechamiento de sus potencialidades a la vez que se garantiza un derecho a la desconexión.
Asimismo, se aprobará un plan especial de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial. Para asegurar una mayor protección a las familias se abrirá una mesa de diálogo. Báñez ha señalado que las familias en situación de vulnerabilidad seguirán siendo objetivo prioritario en las políticas activas de empleo.
Y finalmente, se seguirá impulsando la negociación colectiva, para acercarla a la empresa, reforzando las garantías de negociación, para que siga contribuyendo a reforzar la competitividad y los derechos de los trabajadores por igual.
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
En materia de políticas activas de Empleo, se seguirá apostando por la evaluación, atendiendo a resultados, y por la orientación personalizada a cada desempleado. Así, se reforzará la cartera común de servicios de políticas activas con la colaboración permanente con las CCAA.
Así, se culminará en el marco del diálogo social la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. Con esta Estrategia y la aprobación de objetivos de la próxima Conferencia Sectorial, se pondrá en marcha el Plan Anual de Empleo 2017. En este sentido, se continuará trabajando en la vinculación de la financiación de las políticas activas a sus resultados, como se lleva haciendo progresivamente desde 2013, de forma que en 2016 el 70% de los fondos han estado vinculados a los resultados anteriores.
Báñez ha recordado que la reforma laboral de 2012 estableció la formación como un derecho individual del trabajador. “Queremos partir de esta base para seguir actuando de forma transversal con la incorporación de mejoras en los elementos estructurales del sistema”, ha incidido.
En este sentido, se constituirá una comisión de trabajo que analice las posibilidades y proponga vías para una mejor implantación del modelo de Formación Profesional Dual.
Y, en el marco del diálogo social, se reabrirá el diálogo social para ultimar el Real Decreto para el desarrollo de la Ley por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.
Un proyecto que permitirá poner en marcha la cuenta de formación, que acompañará al trabajador durante toda su vida laboral y agilizar la implantación de un cheque de formación para que los desempleados puedan elegir de forma directa los cursos que más se adapten a sus necesidades.
Finalmente, para impulsar la evaluación independiente de las políticas activas empleo, implementadas por el conjunto del Sistema Nacional de Empleo (SEPE y Servicios públicos de empleo de las CCAA), se creará el Instituto Estatal para el Talento en el Empleo.
PAE Y PREPARA
Sin salir del ámbito de las políticas activas, Báñez ha anunciado que se actualizará y ampliará el Programa de Activación para el Empleo (PAE). Para ello, y de acuerdo con las propuestas de los interlocutores sociales, se abrirá en los próximos días una mesa de diálogo social para mejorar el Programa de Activación para el Empleo y vincularlo con el Plan Prepara, del que se han beneficiado casi 700.000 personas en la pasada legislatura.
Asimismo, se trabajará con el recientemente aprobado Programa de Acción Conjunta para desempleados de larga duración, orientado a parados de larga duración de entre 30 y 55 años, con una distribución de más de 515 millones de euros para los próximos 3 ejercicios.
PROTECCIÓN SOCIAL
La ministra ha anunciado que, de la mano del ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, promoveremos una mejor coordinación y refuerzo de las ayudas, rentas y prestaciones sociales estatales con las de ámbito autonómico, con el fin de garantizar su transparencia y complementariedad y potenciar su eficacia.
A estos efectos, en el marco del diálogo social, se impulsará la implantación de una “tarjeta social” que permita conocer para cada individuo las prestaciones y asistencias sociales de las que se beneficia por parte de las diferentes Administraciones Públicas.
JÓVENES
La ministra ha anunciado que renegociará con los interlocutores sociales la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2017-2020 para el nuevo periodo 2017-2020, después de que las medidas puestas en marcha entre 2013 y 2016 hayan beneficiado a más de 1,7 millones de jóvenes. Una nueva estrategia en la que tendrán especial protagonismo las mejoras del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Asimismo, Báñez ha avanzado que en el marco del diálogo social y parlamentario, estamos trabajando en el establecimiento de nuevas medidas eficaces para la activación de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y su incorporación al mercado de trabajo.
EMPRENDEDORES
El Gobierno trabajará en la mejora del régimen de autónomos, en el marco de las iniciativas ya impulsadas por el Congreso, a través de la subcomisión para la mejora de la protección de los trabajadores autónomos. “Por eso queremos que una de las primeras leyes aprobadas esta legislatura por las Cortes sea una Ley Integral de Apoyo a los Autónomos”, ha señalado.
El objeto es facilitar el inicio de la actividad emprendedora con la ampliación de la Tarifa Plana de 50 euros (que ya ha favorecido a más de un millón de nuevos autónomos) o la modificación del régimen de altas y bajas de cotización, que serán efectivas el día en que las soliciten.
Y también la continuidad del negocio, con medidas como la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión, o las medidas para mejorar el criterio del IVA de caja. Asimismo, se mejorará la protección y calidad en el empleo autónomos. Con mejoras en el cese de actividad involuntario o con medidas de compatibilización.
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
La ministra ha señalado que los mayores enemigos del trabajo de calidad y digno son el empleo no declarado, la economía fraudulenta y sumergida y la dualidad y la temporalidad injustificada.
Desde la puesta en marcha en 2012 del Plan de Lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social, se ha conseguido aflorar 403.000 empleos irregulares, “empleos sin derechos”, se han detectado 5.700 empresas ficticias creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones. Las actuaciones del Plan han tenido un impacto económico de 17.189 millones de euros.
La ministra ha recordado que recientemente se ha aprobado la puesta en marcha de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude. En esta línea, se se impulsarán y reforzarán las instituciones de vigilancia y control de la normativa laboral y de seguridad social.
En este sentido, se estudiará la implantación del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2016-2020, en colaboración con las comunidades y agentes sociales, con el objetivo de estructurar las actuaciones inspectoras de forma concreta y evaluable. Especialmente en materia de contratación, siniestralidad laboral, igualdad y no discriminación, y formación en el empleo, así como en materia de trabajo no declarado, empleo irregular y fraude a la Seguridad Social.
SEGURIDAD SOCIAL
Tal y como hace unos días hizo en su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, la ministra ha señalado que el Gobierno es consciente de las diferentes posibilidades para garantizar la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, pero en esto debe primar el mayor consenso posible.
Así, ha recordado que en el seno del Pacto de Toledo se abordará si es necesario avanzar en la separación de fuentes de financiación, sin que ello signifique cambiar la naturaleza jurídica de las prestaciones, reforzar la distribución equitativa del esfuerzo contributivo entre regímenes, avanzar en las fórmulas que permitan el envejecimiento activo, transformar las reducciones de cotización en bonificaciones a la Seguridad Social para aliviar las cuentas del sistema, a la vez, que se mantiene como prioridad la creación de empleo de calidad, y continuar priorizando la lucha contra el fraude.
A la espera de las conclusiones, hace apenas unos días se incrementó en 3 puntos la base máxima de cotización, una medida que reportará a la Seguridad Social unos ingresos anuales estimados en 310 millones de euros. Asimismo, se abre la puerta a que, en aras de la proporcionalidad, se pueda establecer en el seno del Pacto de Toledo una subida de la pensión que cobrarán estas personas.
INMIGRACIÓN
La recuperación refuerza las líneas de actuación de la política política de inmigración legal y vinculada al empleo, pero también habrá que enfrentarse al reto del redimensionamiento de nuestro sistema de acogida e integración de inmigrantes, para dar una respuesta a un contexto internacional inestable, con miles de desplazados de sus países de origen que solicitan protección internacional.
La ministra ha recordado que en 2015 y 2016, España ha gestionado 35.000 expedientes de asilo; ha realizado reubicaciones desde Italia y Grecia, y reasentamientos desde Turquía y Líbano.
Hoy, España es el cuatro país de la zona euro en número de reasentamientos y reubicaciones, “pero tenemos que seguir trabajando con los países de origen y las ONGs internacionales”. “Es lo que demanda una sociedad que está dando ejemplo de solidaridad y capacidad de convivencia en toda Europa”, ha incidido.
Por último, la ministra ha recordado el compromiso de su Departamento con los ciudadanos españoles que residen en el exterior, compromiso expresado a través de a través de acciones que refuercen su vínculo con España, y también en colaboración con otros países.
No hay comentarios.