King & Wood Mallesons ha representado con éxito a Malta, estado de la Unión Europea y con uno de los mayores registros abiertos de buques mercantes del mundo, en un arbitraje internacional en el que reclamaba daños y perjuicios por el arresto abusivo de un buque petrolero por parte de la República Democrática de SantoTomé y Príncipe, un país archipiélago de África Occidental.

El arbitraje se interpuso ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y en él se dirimió si las medidas impuestas por Santo Tomé y Príncipe con respecto al buque M/T Duzgit Integrity (el “Duzgit Integrity”), abanderado en Malta, así como a su capitán, tripulación, armador y fletador, respetaban o no el Derecho Internacional del Mar.

Laudo definitivo y ejecutable sin posibilidad de apelación

El buque Duzgit Integrity intentó realizar un trasvase de productos petrolíferos a otro buque dentro de las aguas archipelágicas de Sao Tomé, pero fue arrestado y, tras una serie de juicios sumarios, se impusieron las siguientes multas al capitán y armador por supuesta violación de normativa nacional: una de 5 millones de euros por fondeo sin permiso en aguas jurisdiccionales de Santo Tomé, otra por importe de 28.875 euros impuesta por el Instituto Marítimo y Portuario de Santo Tomé y una tercera multa aduanera por contrabando de más de 1 millón de euros. Además, el capitán fue encarcelado varios meses y la carga (valorada en casi 10 millones de euros) fue confiscada y trasvasada a otro buque y vendida a un tercero.

El arbitraje internacional se constituyó conforme al Anexo VII de UNCLOS, alegando la desproporción de las medidas adoptadas por Santo Tomé contra el Duzgit Integrity incumpliendo sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional del Mar. 

El 5 de septiembre de 2016, Malta ganó la primera fase del arbitraje, cuando el Tribunal Arbitral determinó que Santo Tomé había infringido la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), lo que le daba derecho a Malta a proceder a cuantificar y reclamar los daños sufridos. 

Tras un intento fallido de alcanzar un acuerdo amistoso durante el año 2017, Malta presentó la demanda de arbitraje en reclamación de daños y perjuicios y el 18 de diciembre de 2019, el Tribunal emitió su laudo arbitral condenando a Santo Tomé al pago de cerca de 12 millones de euros más los intereses correspondientes. El laudo es definitivo y ejecutable sin posibilidad de apelación.