La información procede de los boletines estadísticos de los órganos judiciales, el Ministerio de Justicia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña. El repositorio, que se actualizará trimestralmente, arranca con los datos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. En ese tiempo, los Juzgados y Tribunales han dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 1.378 personas en 166 procedimientos por delitos de corrupción

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y la vocal del Consejo Mar Cabrejas

 Consejo General del Poder Judicial ha presentado hoy el repositorio de datos sobre procedimientos judiciales por corrupción, que será de acceso público y permitirá a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizarán trimestralmente.

El repositorio puede consultarse desde hoy en el Portal de Transparencia del Consejo General del Poder Judicial.

La creación de esta base de datos estaba prevista en el convenio que el órgano de gobierno de los jueces firmó con Transparencia Internacional España el 2 de julio de 2014. El trabajo posterior que ha hecho posible su puesta en marcha ha sido desarrollado por el Grupo de Transparencia creado en el seno del CGPJ.

El repositorio arranca con la información de los cinco trimestres comprendidos entre el 1 de julio de 2015 –fecha en la que entró en vigor la adenda a los boletines estadísticos que cumplimentan los letrados de la Administración de Justicia de cada órgano judicial y que permite recoger los datos de los procedimientos por corrupción- y el 30 de septiembre de 2016. A partir de ahora se actualizará trimestralmente.

Además de esta información, la web del CGPJ ofrece la del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia, sobre condenados por sentencia firme por delitos de corrupción; y la de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarios del Ministerio del Interior y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre las personas –tanto penados como en situación de prisión preventiva- sometidas a régimen penitenciario por este tipo de delitos.

Corrupción pública

El Consejo General del Poder Judicial ha optado por centrar la información que se ofrece en el repositorio en la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se recogen en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.  

Estos fenómenos tienen su traducción en el Código Penal en un amplio listado de delitos que incluye la prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), la prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), el cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), el tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), la malversación (art. 432, 433, 434 y 435), los fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Fase procesal

Los datos que se ofrecen en el repositorio corresponden a procedimientos penales por delitos relacionados con la corrupción una vez dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento.

Se ha optado por fijar éste como el momento procesal a partir del que solicitar la información a los órganos judiciales dado que la finalidad de la fase de instrucción es determinar la naturaleza y circunstancias del hecho y las personas que hayan participado en él, pudiendo variar durante la investigación tanto el tipo penal como el número de personas implicadas en la misma.

1.378 personas acusadas y/o procesadas por delitos de corrupción

Con estas premisas, los datos del repositorio indican que, entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, los Juzgados y Tribunales españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por delitos relacionados con la corrupción contra 1.378 personas.

	3T 2015	4T 2015	1T 2016	2T 2016	3T 2016	TOTAL
Tribunal Supremo	0	0	0	0	0	0
Audiencia Nacional	33	36	89	51	63	272
Total órganos centrales	33	36	89	51	63	272
Andalucía	33	59	42	15	4	153
Aragón	4	0	0	2	1	7
Asturias	13	0	30	0	25	68
Baleares	14	0	3	10	43	70
Canarias	41	4	0	36	24	105
Cantabria	0	100	0	0	0	100
Castilla-La Mancha	1	7	2	4	10	24
Castilla y León	0	7	1	1	0	9
Cataluña	210	45	33	1	14	303
Comunidad Valenciana	12	23	9	1	6	51
Extremadura	1	1	3	0	0	5
Galicia	6	1	5	7	1	20
Madrid	133	5	7	0	0	145
Murcia	0	0	1	0	3	4
Navarra	0	0	0	0	0	0
País Vasco	0	1	1	26	0	28
La Rioja	4	3	2	5	0	14
Total CC.AA.	472	256	139	108	131	1.106
TOTAL	505	292	228	159	194	1.378

*Acusados y/o procesados en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo

Del total de acusados y/o procesados, 1.060 eran hombres –el 77 por ciento- y 318 mujeres. La base de datos –que permite consultas de manera global para toda España o de manera detallada en el ámbito de cada Comunidad Autónoma- ofrece también información sobre la nacionalidad de los implicados: 1.174 eran españoles, 34 de Estados miembros de la Unión Europea y 170 extracomunitarios.

Estas personas han sido acusadas y/o procesadas en 166 procedimientos distintos, según se puede observar en el siguiente cuadro: 

	3T 2015	4T 2015	1T 2016	2T 2016	3T 2016	TOTAL
Tribunal Supremo	0	0	0	0	0	0
Audiencia Nacional	1	1	2	4	3	11
Total órganos centrales	1	1	2	4	3	11
Andalucía	6	3	5	6	1	21
Aragón	1	0	0	1	1	3
Asturias	1	0	2	0	1	4
Baleares	4	0	2	3	7	16
Canarias	2	1	0	1	5	9
Cantabria	0	9	0	0	0	9
Castilla-La Mancha	1	4	2	4	4	15
Castilla y León	0	3	1	1	0	5
Cataluña	2	7	4	1	3	17
Comunidad Valenciana	4	7	3	1	5	20
Extremadura	1	1	1	0	0	3
Galicia	2	1	1	2	0	6
Madrid	7	3	2	0	0	12
Murcia	0	0	1	0	1	2
Navarra	0	0	0	0	0	0
País Vasco	0	1	1	1	1	4
La Rioja	1	1	2	2	3	9
Total CC.AA.	32	41	27	23	32	155
TOTAL	33	42	29	27	35	166

*Procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo en los que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o procesamiento 

Un 72,7 por ciento de sentencias condenatorias

De las 99 sentencias dictadas en procedimientos por delitos de corrupción en los cinco trimestres estudiados, 72 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 72,7 por ciento del total.

	Condenatoria con conformidad	Condenatoria sin conformidad	Parcialmente condenatoria	Absolutoria	TOTAL
3T 2015	3	3	0	2	8
4T 2015	5	5	0	9	19
1T 2016	9	7	4	5	25
2T 2016	9	6	3	5	23
3T 2016	6	10	2	6	24
TOTAL	32	31	9	27	99

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

399 condenados por sentencia firme por delitos de corrupción

El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.

La suma de los cinco trimestres que recoge la base de datos es de 399 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y malversación.

82 penados sometidos a régimen penitenciario

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de enero de este año había en el conjunto de España 82 penados –en 47 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 25 con el de cohecho- y cinco preventivos.

Trasladar la imagen real de la acción de la Justicia

En el acto de presentación del repositorio, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha subrayado que con la información que a partir de hoy se hace pública se ofrece por primera vez a los ciudadanos una forma de conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción, “dando un paso más, y esperamos que importante, en la recuperación de la confianza de la sociedad en sus instituciones”. 

“Nuestros jueces y nuestras juezas están cumpliendo con su misión, y no siempre en condiciones fáciles”, ha señalado Lesmes, que ha añadido que aunque en ocasiones se critica de manera interesada la labor de jueces y magistrados, sugiriendo elementos de politización en las decisiones adoptadas y veladas acusaciones de falta de imparcialidad, “la realidad deja sin fundamento esas críticas” y demuestra que “frente a la eventual degradación criminal de personas con responsabilidades políticas, el Poder Judicial se limita a actuar sobre cada caso concreto, aplicando únicamente la ley, desde la legitimidad que nos brinda el Estado de Derecho por el que nos regimos”. 

Por su parte, la vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas, miembro del Grupo de Transparencia del Consejo, ha dicho que la información que ofrece el repositorio evidencia “la existencia de límites reales y tangibles contra la arbitrariedad, el abuso y el despotismo, ofreciendo una visión clara de la dimensión del Poder Judicial como una instancia independiente e imparcial llamada a controlar desde el Derecho, a hacer efectiva la idea del Estado Constitucional como sistema de límites y de vínculos impuestos al ejercicio de cualquier poder”. 

Cabrejas ha confiado también en que el repositorio contribuya a trasladar a los ciudadanos “la imagen real de una labor muchas veces silenciosa de sus jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, Policía Judicial, funcionarios y demás servidores públicos en su firme compromiso de lucha contra la corrupción”.