La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha presentado hoy el Plan Estratégico de la Abogacía que pretende hacer realidad los retos sobre asuntos como la regulación del ejercicio profesional, la deontología, el servicio público de Justicia, la internacionalización de la profesión, los desafíos tecnológicos y el acceso universal a la Justicia, entre otros.
El Plan Estratégico es la “hoja de ruta” de la Abogacía para el periodo 2017-2020 en la que, a través de cinco ejes estratégicos, se aborda el correcto ejercicio de la profesión, la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el cumplimiento de las obligaciones deontológicas con la finalidad de trabajar por una Justicia más ágil, moderna y eficaz.
Los objetivos que se ha fijado la presidenta de la Abogacía se articulan a través de 163 medidas, entre las que cabe destacar:
- Impulso de la calidad de la Justicia a través de la participación activa de la Abogacía para alcanzar con todos los actores jurídicos un Pacto de Estado por la Justicia. Además se propone la creación de una Comisión Nacional de Calidad de la Justicia que audite e incentive las mejores prácticas en la Administración de Justicia. Establecimiento y reconocimiento de especialidades en la profesión de abogado para responder a la creciente complejidad social que incide en el ordenamiento jurídico.
- Reforzar el control deontológico con la creación de un Consejo Deontológico Asesor formado por profesionales reconocidos, expertos en deontología y representantes de sectores de diversos ámbitos.
- Una formación inicial de excelencia y mejorar el acceso a la profesión. Es el momento de realizar una serie de mejoras de interés público dirigidas a fortalecer la calidad en la prestación de servicios legales mediante el impulso de la acreditación de habilidades prácticas necesarias para el ejercicio de la profesión.
- Impulso de la abogacía preventiva mediante un sistema de resolución de conflictos alternativo al proceso judicial, como la mediación y el arbitraje, para lograr el acuerdo a través de una negociación privada donde las partes estén apoyadas y asesoradas en todo momento por un abogado.
- Implantación de un sistema regulador de la publicidad de los abogados que preserve tanto las especificidades de la normativa legal como las singularidades del abogado defensor, en la que la publicidad deberá atender la dignidad de la profesión. Se creará un órgano independiente consultor y revisor, con capacidad para resolver extrajudicialmente conflictos en esta materia.
- Mejorar la normativa sobre Asistencia Jurídica Gratuita con la finalidad de maximizar la calidad y sostenibilidad del servicio. La nueva norma debe implicar la actualización de los baremos en todo el Estado y asegurar la prontitud en el pago. Programa de trabajo con los medios de comunicación sobre presunción de inocencia, mediante el impulso de actividades formativas con otros organismos jurídicos y asociaciones de prensa para que los profesionales de la información cumplan con su obligación de informar respetando el derecho a la presunción de inocencia.
- Revisar el criterio de la condena en costas para que el principio de vencimiento (imposición de costas a la parte que ha visto desestimadas todas y cada sus pretensiones) no suponga una limitación al acceso a la tutela judicial efectiva. Además la Abogacía continuará reivindicando activamente la supresión de las tasas judiciales para las pymes y ONGs.
- Una abogacía innovadora y tecnológicamente avanzada. La Abogacía está comprometida con el impulso de una mejor preparación tecnológica de los profesionales para responder a los nuevos retos y realizará propuestas de soluciones eficaces. Respecto a LexNET Justicia, la Abogacía hará un seguimiento del servicio de soporte del Ministerio de Justicia a los usuarios y presentará iniciativas de mejoras en esta plataforma digital.
No hay comentarios.