“He comparecido en representación de la Abogacía para aportar nuestra visión experta en el diseño de las políticas públicas en nombre del interés común”, aseguró Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, durante su comparecencia el 7 de junio en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Ortega inició su comparecencia recordando que desde hace años, el Consejo General de la Abogacía se encuentra firmemente implicado en fortalecer y modernizar la Justicia, muestra de este compromiso es la “propuesta de Pacto de Estado por el Futuro de la Justicia que presentamos el 16 de diciembre de 2016, que es fiel reflejo del compromiso constante de abogadas y abogados por mejorar este servicio público”, afirmó la presidenta de la Abogacía.
Las aportaciones de la Abogacía realizadas ante la Subcomisión para el Estudio y Definición de una Estrategia Nacional de Justicia, creada dentro de la Comisión de Justicia, tienen como objetivo común conseguir una “justicia independiente, ágil, eficaz y cercana a la ciudadanía”. En el pasado han sido muchos los intentos de lograr un pacto de Estado, pero también son muchas las ocasiones en que los “pactos se han incumplido y demasiadas veces en que han sido fruto de una lucha partidista”.
Transformar la Justicia no debe ser una labor de un pacto estrictamente político, sino que precisa del apoyo de sus usuarios. “Un pacto de transformación de la Justicia no puede sino abordarse desde la visión del ciudadano que acude para resolver sus conflictos. Sólo así la Justicia será percibida como factor de pacificación social”, trasladó Ortega a los diputados de la Comisión.
Garantías y Derechos
La presidenta de la Abogacía presentó ante los diputados las cinco grandes áreas de actuación para trabajar en la mejora de la Administración de Justicia. La primera idea defendida por Victoria Ortega fue consolidar la arquitectura institucional de garantías y derechos mediante una apuesta para promover la precisión técnica de las resoluciones judiciales a través de la especialización de los órganos judiciales; el desarrollo efectivo de la garantía constitucional de defensa mediante la necesidad de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa; la promoción de un sistema de acceso universal a la Justicia homogéneo y garantizado. En este punto la presidenta destacó la validez del actual sistema de Justicia Gratuita, pero recordando la necesidad de una reforma que garantice un sistema de calidad para el ciudadano con especial atención a la territorialidad y proximidad al justiciable y la especialidad.
Dentro de esta primera área, Victoria Ortega propuso superar el vencimiento en costas cuando constituya una barrera al acceso universal a la Justicia y redefinir el sistema de recursos para garantizar la función casacional.
Excelencia y eficiencia
Equiparar la Justicia a la excelencia y eficiencia del resto de servicios públicos fue la segunda área de aportación realizada por Ortega. Para ello sería necesario asegurar la accesibilidad, claridad y calidad de la información legal y evitar una Administración de Justicia ineficaz e ininteligible (recordó que ésta es la opinión de la sociedad recogida en el Barómetro de Opinión de 2015 de Metroscopia); impulsar la coordinación y coherencia de las políticas de gestión en el sector Justicia.
Otras de las propuestas es promover la capacitación y la especialización –mediante formación y capacitación- para afrontar la creciente complejidad legal. A los órganos especializados sólo se debería acceder con la necesaria especialización, recordando los juzgados uniprovinciales de Primera Instancia que conocen los asuntos sobre cláusulas suelo. Victoria Ortega también propuso crear una arquitectura para cumplir el mandato constitucional de hacer ejecutar lo juzgado y recordó que el Observatorio de Actividad de la Justicia calcula que el 38,61% de las sentencias firmes no son ejecutadas.
Eficiencia operativa de la Justicia
La tercera área defendida por la presidenta de la Abogacía se basa en promover la eficiencia operativa del servicio público de Justicia proponiendo transformar la actual estructura de planta y demarcación judicial y apostando por crear tribunales colegiados no provinciales tribunales de base o primer grado para atender los más numerosos e importantes asuntos para los ciudadanos.
Otras propuestas planteadas son la implantación completa y definitiva del proyecto de Oficina Judicial; promover la flexibilidad y no formalismo de los procedimientos para lograr su simplificación; consolidar un proyecto de expediente judicial que sea seguro y accesible e integrar las plataformas de gestión procesal para preservar la igualdad y racionalizar los métodos de trabajo para la eficiencia operativa tendiendo a una estructura gerencial.
Convergencia con Europa
Victoria Ortega destacó como cuarta área de propuestas que se alineen las políticas públicas en materia de Justicia a los estándares europeos. Para lograr este objetivo, la presidenta de la Abogacía propuso actualizar las formas de investigación y enjuiciamiento penal para garantizar los derechos de las partes; reequilibrar la posición de los consumidores en la contratación general, recordando que la normativa europea se va imponiendo a golpe de sentencias del Tribunal de Justicia de la UE; desarrollar infraestructuras y políticas para la gestión integral de los conflictos con un impulso a las fórmulas alternativas de resolución de conflictos.
Equiparar la Justicia a la eficiencia del resto de servicios públicos
Como última área de actuación, la presidenta de la Abogacía defendió equiparar la Justicia a la excelencia y eficiencia del resto de servicios públicos. Para lograr este objetivo, Victoria Ortega propuso rediseñar un sistema de acceso, promoción e incentivos basado en el mérito y la capacidad, particularmente de los jueces; evitar que el Consejo General del Poder Judicial sea un órgano de representación privativo de jueces y magistrados, mejorar progresivamente la disciplina profesional basada en la deontología y consolidar un sistema judicial creíble y confiable.
Ortega aseguró ante los diputados que estas son las ideas fuerza “en torno a las cuales la Abogacía española –lejos de intereses corporativos- ha tratado de construir una propuesta para un Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia”.
Tras la intervención de la presidenta de la Abogacía, que recibió un aplauso unánime, los diputados reconocieron -durante sus intervenciones- la labor del Consejo General de la Abogacía para aportar ideas con la finalidad de lograr una mejor Administración de Justicia.
Ante las preguntas de los diputados por la opinión de la Abogacía sobre los juzgados de las cláusulas suelo, Victoria Ortega recordó el acuerdo unánime del Pleno del Consejo General de la Abogacía para impugnar ante el Tribunal Supremo el plan del CGPJ ya que la atribución de competencias exclusivas a un único juzgado por provincia es “contrario al juez legal predeterminado por ley” aunque la Abogacía seguirá negociando para encontrar soluciones a esta situación”.
Sobre la Justicia Gratuita, Victoria Ortega respondió a los diputados que la aplicación del IVA al Turno de Oficio hubiera considerado a este servicio público como “una actividad de mercado” y aseguró que existen problemas en las cuantías y en la prontitud del pago a los abogados del Turno de Oficio.
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