El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, pronunció un discurso que trasciende las formalidades de una apertura del año judicial autonómico y, en su lugar, destaca como una alarma urgente. Su discurso, marcado por la preocupación y la advertencia, revela desigualdades territoriales en la Administración de Justicia que amenazan la estabilidad del Poder Judicial en España y el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas.

Pasqual del Riquelme comenzó su discurso destacando la deriva institucional, el desprestigio y el riesgo de irrelevancia que han caracterizado los últimos años del Poder Judicial en España. Lamentablemente, las circunstancias actuales no le permitieron ofrecer un discurso de normalidad, lo que refleja la gravedad de la situación. Pasqual del Riquelme advirtió que la sociedad española está normalizando una situación patológica en el Poder Judicial, y este proceso podría poner en peligro el orden constitucional, la separación de poderes y la independencia judicial.

Uno de los agravios señalados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia es la falta de atención a las llamadas para renovar el Consejo General del Poder Judicial, lo que llevó a la dimisión de su presidente. También destacó el bloqueo en el nombramiento de cargos judiciales en todo el territorio nacional y la gran cantidad de sentencias pendientes que afectan a miles de ciudadanos que enfrentan esperas interminables para obtener el amparo judicial prometido por la Constitución.

Además, Pasqual del Riquelme subrayó el agravio de que los cargos políticos utilicen la crítica legítima propia de un sistema democrático para descalificar de manera grave e indiscriminada a la Judicatura, especialmente cuando las decisiones judiciales no les son favorables. Esta falta de respeto socava la independencia judicial y debilita la confianza en el sistema.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia también señaló las huelgas que han afectado a la Administración de Justicia en la Región de Murcia y en otros territorios durante el primer semestre del año. Estas huelgas han tenido un impacto negativo en el funcionamiento de la Justicia y, lamentablemente, amenazan con repetirse en el otoño. Pasqual del Riquelme destacó que las regiones que han experimentado una mayor incidencia de huelgas son aquellas que ya acumulan carencias, asuntos pendientes y retrasos en la respuesta judicial.

En última instancia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia destacó que estas desigualdades territoriales y problemas en la Administración de Justicia son el resultado de años de abandono, carencias y un aumento significativo de la litigiosidad. La falta de medidas legislativas y recursos adecuados ha contribuido a la crisis actual. Además, hizo un llamamiento a las partes involucradas para que las negociaciones futuras se lleven a cabo en un ambiente más constructivo, minimizando el impacto en el servicio público de Justicia.

En el contexto democrático de España, se ha descentralizado desde el Gobierno estatal la gestión de competencias relacionadas con la Administración de Justicia hacia doce Comunidades Autónomas: Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y Asturias. Mientras tanto, el Gobierno estatal mantiene un control directo en cinco regiones: Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares, denominadas el "territorio Ministerio" bajo la gestión del Ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Esta distribución descentralizada ha añadido complejidad al sistema. Las doce Comunidades Autónomas tienen autoridad sobre lo que el Tribunal Constitucional llama "la Administración de la Administración de Justicia", lo que abarca funcionarios, edificios, recursos materiales y apoyo financiero para el "Poder Judicial". Según la doctrina del Tribunal Constitucional, esta "Administración de la Administración de Justicia" se distingue de la "Administración de Justicia", que se refiere al "Poder Judicial". En otras palabras, los jueces y magistrados, responsables de la función jurisdiccional, están bajo una estructura diferente, que no impone el establecimiento de una competencia exclusiva para el Estado sobre la gestión de los medios personales y materiales que corresponden a los órganos jurisdiccionales.

Este escenario se convirtió en un objeto de negociación política para obtener apoyo electoral y mantener el poder, donde los partidos políticos han acordado traspasos de competencias. Sin embargo, esta descentralización ha afectado la eficacia de la Justicia española en general.

Hoy en día, los jueces y magistrados están bajo la autoridad del Consejo General del Poder Judicial, mientras que los fiscales dependen de la Fiscalía General del Estado y los letrados de la Administración de Justicia están bajo el Ministerio de Justicia. Todos ellos, incluidos los funcionarios de las cinco Comunidades Autónomas donde no se han transferido las competencias, reciben sus salarios del Ministerio de Justicia.

En las doce Comunidades Autónomas con competencias transferidas, los salarios de los funcionarios de Justicia son responsabilidad de las Consejerías de Justicia respectivas. Cada una de estas doce Comunidades Autónomas tiene su propio consejero de justicia, muchos de los cuales son parte de los Gobiernos autonómicos que también tienen relaciones con el Gobierno estatal, como Cataluña, Valencia o Andalucía. El interés y el compromiso de estos consejeros varían significativamente.

Como resultado de estas transferencias, se han configurado sistemas de Justicia de diferentes niveles de calidad en el país, con sistemas informáticos que no son compatibles entre sí. Ello posibilita que se pueda hablar la vulneración del derecho a la igualdad con una fragmentación que ha llevado a que los recursos disponibles para los jueces y letrados de la Administración de Justicia varíen significativamente según la Comunidad Autónoma en la que trabajen.

Ciertamente, el discurso del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia pone esencialmente de relieve las desigualdades territoriales en la Administración de Justicia en España y subraya la urgente necesidad de abordar estos problemas para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema judicial y el respeto por la independencia judicial en todo el país. La advertencia es clara: la normalización de agravios a la Justicia podría tener graves consecuencias para la estabilidad democrática.