Esa es la razón por la que, creo, la Justicia siempre va por detrás en España. Y es que los operadores jurídicos somos, se supone, élite. Quienes sufren de forma permanente y reiterada los retrasos, la ineficiencia, la obsolencia, de la administración de justicia no es el justiciable que acude con suerte muy pocas veces en su vida a un juzgado, sino el profesional, ya sea público (jueces, fiscales, letrados de la administración, agentes o auxiliares) o privado (letrados, procuradores, peritos…).
Y ese sector, forma parte de una élite. Funcionarios, trabajadores que viven con todos los beneficios laborales, o abogados y procuradores, profesiones socialmente reconocidas y a las que se les presupone unos ingresos muy por encima de la media.
¿Es políticamente rentable invertir en un asunto que afecta a una élite? ¿De quién recibe información los distintos partidos políticos o gobiernos? ¿Son las Juntas de Gobierno de Colegios de Abogados representativos de la realidad que sufren muchos abogados?
No son pocas las veces que he presenciado manifestaciones en la entrada de palacios de justicia o modestos juzgados solicitando mejoras que alivien la carga de trabajo. Sin embargo, la repercusión social y mediática fue casi nula.
El Estado de alarma no ha venido sino a confirmar esta situación. Mientras que todas las administraciones han continuado con su actividad, ya sea presencial o vía telemática, garantizando los servicios, la administración de justicia ha quedado reducida casi a la nada. Ofende más aun cuando se ha optado por el camino fácil: suspender todo (o casi), sin filtro. Existen innumerables procedimientos, trámites, recursos que no llevan necesariamente aparejada la celebración de vista y que por tanto podrían continuarse al menos hasta que hubiera que señalarse la misma. Si es que incluso se llegó a impedir la presentación de escritos vía LexNet.
Las medidas de agilización no vienen sino a ser otra vez más un despropósito: por su inconcreción, por su palpable desconocimiento de la realidad, por su, parece, desconocimiento incluso del derecho procesal.
Debe ser que hay a quien se le olvida que nuestro sistema se divide en tres poderes sin el que no es posible la democracia. La crisis del Estado de Alarma debió entenderse como una oportunidad para mejorar, pero mucho me temo que la consecuencia será una peor Justicia. Y lo más grave aun, el COVID-19 será la excusa perfecta para culpar de todos los males que sufrimos a diario en nuestra profesión, incluso de aquellas situaciones cuyo origen la memoria del más antiguo no alcanza a recordar.
