Justicia, Interior y Sanidad firman un convenio con la Fundación QSDGlobal para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a sus familias

Los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han firmado un convenio de colaboración con la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSDGlobal que estuvo representada esta mañana por el periodista Francisco Lobatón, director muchos años del programa “Quien sabe dónde”, que trataba este tipo de asuntos. El acuerdo está encaminado a establecer un marco estable de colaboración para la búsqueda de personas desaparecidas, la prevención de situaciones de riesgo, la atención a las familias y la sensibilización social sobre esta causa que afecta en España a más de 10.000 familias. 

Aunque la cifra oficial de desaparecidos que baraja el Gobierno es cuatro veces inferior a la que manejan las asociaciones que trabajan con las familias –3.496 casos sin resolver–, los cierto es que cada año se presentan 16.000 denuncias por desaparición en España. «El porcentaje de resolución es muy alto. El 98% de ellas se resuelven en las primeras semanas. La mayoría son marchas voluntarias vinculadas a una discusión. El problema radica en el 2 por ciento restante que nunca vuelve.

Una tragedia para los allegados

En el ámbito de sus competencias, el Ministerio de Justicia se compromete a apoyar las iniciativas en esta materia relacionadas con las búsquedas y desapariciones internacionales y a facilitar información de carácter legal.

Durante el acto de firma del convenio, que ha contado con la participación de la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero; y el presidente de la Fundación QDSGlobal, Francisco Lobatón, la representante del Ministerio de Justicia se ha referido a la tragedia que la desaparición de una persona supone para sus allegados, así como el dolor y la inseguridad personal y jurídica de no saber nada del desaparecido. Ante esta situación, ha destacado el deber y la responsabilidad de las instituciones públicas de llevar a cabo las gestiones necesarias, poniendo todos los medios disponibles, para hallar a las personas desaparecidas y mejorar la atención a las familias de las víctimas

Dentro del marco previsto en la legislación procesal y en la legislación vigente en materia de protección de datos, el Ministerio del Interior informará sobre las denuncias de personas desaparecidas para contribuir a la difusión de las búsquedas, creará proyectos de índole formativo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y coordinará las actuaciones de difusión pública, actuación de búsqueda y prevención de nuevas desapariciones.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios  Sociales e Igualdad se compromete a coordinar actuaciones que redunden en la atención a las familias de personas desaparecidas, a la protección de grupos vulnerables y a facilitar las ayudas susceptibles de paliar situaciones de daño o sufrimiento relacionadas con las búsquedas y desapariciones.

La Fundación QSDGlobal aportará una ayuda directa y continuada en la búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, describirá la naturaleza de las iniciativas y proyectos, los requisitos, las necesidades y el alcance esperado, de manera que las respectivas secretarías de Estado puedan valorar la posibilidad de facilitar su implementación o contribuir a su desarrollo. 

Para que se pueda conseguir la colaboración necesaria, se creará una comisión de seguimiento y control constituida por un representante de cada una de las partes firmantes. El convenio tendrá una duración de 5 años

Mejorar respuesta global

Carmen Sánchez-Cortés considera que el convenio recién firmado supone una respuesta global a este fenómeno ya que favorecerá el desarrollo de medidas normativas, operativas, policiales y de mejora en el tratamiento de las desapariciones y asistencia a los familiares. La secretaria de Estado de Justicia ha resaltado la importancia que tienen para esta materia algunas de las iniciativas legislativas en las que ha trabajado su departamento, como el Estatuto de la víctima del delito, aprobado en abril del año pasado

En este sentido, ha resaltado cómo esta ley incluye por primera vez y de forma expresa a los familiares de las personas desaparecidas como víctimas indirectas, amparándoles en los servicios de información, asistencia y apoyo con una evaluación individualizada encaminada a la adopción de medidas adecuadas a sus circunstancias concretas.

Igualmente, la creación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito ha permitido la mejora de la respuesta institucional de los poderes públicos ante las víctimas, constituyendo un valioso instrumento de apoyo a los familiares de las personas desaparecidas. Estas oficinas permitirán diseñar los protocolos específicos y las guías de actuación al servicio de los familiares.

Sánchez-Cortés ha mencionado también otros avances legislativos como el recogido en la Ley de Jurisdicción Voluntaria que, basándose en la modificación del artículo 181 del Código Civil, permite que una persona desaparecida cuente con un defensor nombrado por el letrado de la Administración de Justicia a instancia de la parte interesada o del Ministerio Fiscal, que le represente en los juicios y negocios que no admitan demora sin que se produzca un perjuicio grave.

Por último, y ante el carácter internacional y transfronterizo de algunas de estas desapariciones, la secretaria de Estado de Justicia ha reafirmado el compromiso de su departamento por seguir impulsando las iniciativas más adecuadas en el ámbito de sus competencias en materia de cooperación jurídica internacional