BALEARES
“Se ha demostrado que la abogacía tenía razón cuando denunciaba que las tasas judiciales eran excluyentes y cuando decía que el importe de las mismas, absolutamente desproporcionado, afectaba de forma muy grave al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, de las empresas y de otras entidades afectadas – antes y después- por la obligatoriedad de su pago”. De este modo se ha expresado hoy el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), Martín Aleñar, nada más conocer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las tasas judiciales que ha declarado, por unanimidad, la inconstitucionalidad y nulidad de dichas tasas, tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos.
En su resolución el TC viene a refrendar lo que la abogacía y prácticamente todos los ámbitos del sector jurídico se venía denunciando: que la cuantía “desorbitada” de las tasas –que hoy por hoy debían afrontar únicamente las personas jurídicas- suponían una restricción indebida y muy grave del derecho fundamental de acceso a la Justicia.
Así, y aun cuando el TC señala que el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales “no vulnera, en sí mismo, el derecho a la tutela judicial efectiva”, considera que su cuantía (tanto en lo referido a la cuota fija como la variable) “resultan desproporcionadas y, tal y como alegaban los demandantes, pueden producir un efecto disuasorio en los ciudadanos a la hora de acudir a los Tribunales de Justicia en el ejercicio de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.
Se trata, asegura el decano, de una noticia positiva que, sin embargo, lamenta, “llega tarde”, pues “en estos casi cuatro años de vigor de las tasas miles de ciudadanos y muchas empresas y entidades se han visto obligadas a renunciar a defender en los tribunales aquello que consideran justo, por su imposibilidad de hacer frente a unas tasas absolutamente alejadas de la proporcionalidad.
Lamenta asimismo el decano que no se prevea ningún mecanismo de devolución de lo recaudado y, en este sentido, se pregunta ¿quién resarcirá a todos aquellos que abonaron unas tasas ahora declaradas inconstitucionales? O, ¿quién compensará a todas aquellas personas que dejaron de defenderse en los tribunales por no poder pagar el importe de las tasas?.
ANDALUCÍA
El Colegio de Abogados de Jaén muestra su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional de anular totalmente las tasas judiciales impuestas por el Gobierno en el año 2012, unas tasas contra las que la Abogacía española y jiennense han luchado desde el primer momento. De esta forma, el Alto Tribunal ha puesto fin a las tasas judiciales que aún estaban vigentes, después de que el Gobierno tuviera que dar marcha atrás y anular las tasas a las personas físicas en un primer momento.
El decano del Colegio de Abogados de Jaén Vicente Oya, señala que esta sentencia “viene a reconocer lo que opinábamos casi todos los operadores jurídicos, que las tasas judiciales eran una barbaridad y que iban en contra de la tutela judicial efectiva, ya que impedían el acceso de muchas personas a la Justicia”. Además, recuerda que el Gobierno del Partido Popular ha recaudado más de 600 millones de euros con unas tasas que finalmente han sido declaradas inconstitucionales. “Un dinero que nadie ha explicado dónde ha ido a parar, ya que el Ministerio de Justicia incumplió su promesa de que iría destinado a mejorar la Justicia Gratuita en toda España”, señala.
Oya afirma que se ha hecho un gran daño a los jiennenses, ya que en estos años pasados muchas personas no han podido acceder al sistema judicial, y los que se vieron obligados a pagar las tasas ni siquiera podrán recuperar el dinero desembolsado. En su sentencia, el Tribunal Constitucional entiende que la cuantía fijada para las tasas resulta desproporcionada, ya que pueden producir un efecto disuasorio en los ciudadanos a la hora de acudir a los tribunales de justicia.
El decano de la entidad colegial señala que esta decisión judicial viene a dar la razón a la Abogacía, que siempre ha dejado claro que estas tasas judiciales eran meramente recaudatorias y en ninguna manera servían para mejorar el sistema judicial. “La agilización de la administración de justicia no puede fundamentarse en el establecimiento de barreras económicas, sino en la transformación y mejora de la actual estructura judicial, con una mayor financiación y nuevas formas de organización”, indica Oya.
El Colegio de Abogados de Málaga ha mostrado su satisfacción tras la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en la que ha declarado nulas las tasas judiciales a personas jurídicas que impuso el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El decano, Francisco Javier Lara, ha recordado que la Ley de Tasas obligó a miles de abogados malagueños a salir a las calles en una manifestación que tuvo lugar a finales de noviembre del año 2012 y que supuso la primera concentración togada en la historia del Colegio malagueño, que fue sin duda uno de los más activos en la lucha contra las tasas en España.
El decano ha señalado que la mencionada ley vulneraba el derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución y el derecho fundamental a la Igualdad (artículo 14), ya que las personas que carecieran de menos recursos tenían menos posibilidades de acudir a los tribunales para defender sus derechos.
“Con la sentencia del Tribunal Constitucional se cierra una etapa que nunca debió existir en la Justicia española”, ha manifestado el decano, quien ha precisado que el primer gran avance supuso la derogación de las tasas a personas físicas materializada por el actual ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, a los cinco meses de tomar posesión de su cargo.
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