Hace pocas semanas publicaba un artículo en la prensa y en este perfil sobre el llamado lawfare (acoso judicial y utilización abusiva o ilegal de los órganos judiciales contra oponentes políticos): La judicialización de la política

Como me temía, la mesura y el buen tono se han desplazado de formas radical, y la portavoz de Junts en el Congreso, ha señalado con nombres y apellidos a varios magistrados del TS, con graves acusaciones de parcialidad política de un tenor insultante: "personajes indecentes que en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato". Al margen de la mala educación, demuestra esta diputada una temeraria ignorancia sobre el funcionamiento y la independencia del poder judicial. Pero siendo lo anterior grave, no dejaría de ser un exabrupto acumulado y que descalifica a quien lo pronuncia.

Lo que me sigue pareciendo muy peligroso es la espiral de las comisiones parlamentarias de investigación sobre la "judicialización de la política", que implican por si misma una intromisión en la independencia judicial y quiebra la separación de poderes”. Es muy simple, si alguien entiende que un juez ha prevaricado que presente la correspondiente querella o denuncia, pero no cabe montar comisiones de investigación que tienen una naturaleza y funciones ajenas a este objetivo.

Pero la indignación ante estos ataques no puede hacer lo blanco negro, y no se puede negar que por parte del Gobierno se ha respondido a los mismos en una intervención del Ministro de Justicia en el Senado. Además, tampoco sería justo olvidar que algunos que ahora claman, callaron cuando otro partido, en este caso el PP, protagonizó un ataque despiadado contra el magistrado de la AN José Ricardo de Prada. No cabe aplicar dobles varas de medir y se debe mostrar alturas de miras en temas tan delicados como estos.