La primera mesa redonda del tercer día de las XII Jornadas Nacionales de Relaciones con la Administración de Justicia que se celebraron en Oviedo del 29 al 31 de marzo organizadas conjuntamente por el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Oviedo analizó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la propuesta de instrucción de las causas por parte de la fiscalía.
Emilio Vega, decano del Colegio de Abogados de Guadalajara y moderador, realizó una serie de preguntas que generaron un animado debate entre los ponentes. Mª Esther Fernández, fiscal superior de Asturias, defendió un cambio de sistema y de mentalidad en la investigación que debe basarse en un principio de transparencia.
La fiscal jefe analizó el borrador de Código Procesal Penal de 2013 destacando que no resuelve el sistema de recursos que sí solucionaba el proyecto Caamaño. También destacó que los fiscales “no tenemos necesariamente que acusar y podemos cambiar de posición a lo largo del procedimiento. No soy partidaria de cambiar un sistema para ir a otro peor”.
Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, defendió que para dar valor a la investigación es necesario diseñar de forma distinta el actual papel del fiscal porque si se negase todo valor a lo investigado “perderemos muchas bazas en la averiguación de la verdad material”. Del Moral se mostró favorable a una investigación con diligencias de contradicción, con publicidad interna y con intervención activa del abogado. También aseguró que actualmente el abogado defensor se siente enfrentado al juez instructor y al fiscal y esto hay que solucionarlo. “Hay que romper la perversión del actual sistema y establecer garantías y autonomía del investigador”, concluyó Del Moral.
Por su parte, Jesús Manuel Villegas, juez decano de Guadalajara, aseguró que si se quiere una investigación alejada del control político hay que buscar otro modelo. El investigador debe ser objetivo, independiente, imparcial e inamovible; “actualmente sólo el juez instructor reúne estos requisitos”. De la misma forma que el juez que instruye no puede juzgar, el fiscal que investiga no puede acusar. Para Villegas dar la instrucción a los fiscales perjudica a la defensa y se genera una desigualdad y desequilibrio porque la investigación no puede estar de parte de la acusación; por lo que defendió la incorporación de un juez de libertades.
Protección de la actuación profesional en estrados
La mesa redonda moderada por el presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ) del Colegio de Abogados de Oviedo, Pablo Mori, comenzó con la intervención de Nielson Sánchez Stewart, consejero del Consejo General de la Abogacía Española, quien pidió protección de la actuación profesional del abogado porque no existe igualdad de armas. Destacó como medidas de protección el respetar los tiempos de inicio de celebración de juicios, contar con una mesa a disposición del abogado, la altura del estrado, el uso de la toga… En referencia a la policía de estrados destacó los dos problemas para los abogados: el deslinde entre la policía de estrados y las competencias disciplinarias de los Colegios de Abogados y la naturaleza jurídica de la resolución que dicta la sala de gobierno por recurso de alzada contra sanciones en policía de estrados. Sánchez Stewart afirmó que la educación es la solución para las relaciones entre jueces y abogados.
María del Mar Cabrejas, vocal del Consejo General del Poder Judicial, reconoció la complejidad de las relaciones entre jueces y
abogados. La vocal destacó la necesidad de buscar el equilibrio entre el derecho de defensa que corresponde al abogado y el ejercicio de la jurisdicción de los jueces. Cabrejas recordó que el Consejo General del Poder Judicial ha as
umido unos principios éticos aplicados al ejercicio jurisdiccional de los jueces, entre los que cabe destacar la imparcialidad, crear un clima adecuado para la libertad de expresión de las partes, garantizar la confianza pública y dispensar un trato respetuoso y tolerante. Aseguró que el CGPJ impone sanciones a jueces por la falta de una consideración debida.
Por su parte José Antonio Soto-Jove, magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Asturias, aseguró que la publicidad judicial facilita la transparencia y posibilita a las partes acceder a las actuaciones del tribunal. Mientras que en países como Reino Unido, Francia o EEUU está prohibida la difusión audiovisual de juicios, en España la sentencia del Tribunal Constitucional 17/2004 anuló las limitaciones que el Tribunal Supremo impuso para el acceso de las cámaras de televisión a los juicios, salvo que el juez establezca límites en defensa de derechos fundamentales de las partes. Se preguntó qué pasa si una de las partes se niega a ser grabada, pues el derecho a la intimidad conlleva el derecho a negarse a ser grabados y difundir su imagen.
La mesa continuó con la intervención de la magistrada de lo Contencioso-Administrativo 2 de Oviedo y decana de los juzgados de Oviedo, Pilar Martínez Ceyanes, quien recordó la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de julio de 2016 que anuló un juicio porque el juez de instancia había interrumpido y retirado la palabra al abogado, considerando que esta actuación vulneró el derecho de defensa. Propuso establecer un límite de tiempo para que los abogados de las partes expongan sus informes y recordó que esta limitación ya existe en el Tribunal de Justicia de la UE con una limitación para los abogados de 15 minutos ampliable por el Tribunal a petición de las partes.
Con la ponencia de la abogada Purificación Pujol finalizó la última mesa redonda. Pujol reconoció que la mayor parte de los jueces sirven de forma encomiable, pero hay una minoría que no lo cumple; centrando su ponencia en los juicios civiles. La abogada aseguró que la herramienta principal del abogado frente a anomalías del juez son las leyes procesales; pero frente a estas anomalías también es responsable el abogado que las permite por lo que animó a denunciar estas actuaciones.
Conclusiones provisionales
Jesús Mª Sánchez García, abogado de Barcelona, leyó las propuestas de conclusiones provisionales que deben ser aprobadas por la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia de la Abogacía.
- Pacto de Estado por la Justicia, frente a la imposibilidad de puntos de encuentro entre los partidos políticos se propone que el futuro Pacto de Estado recoja las 34 propuestas de la Abogacía
- Se defiende una justicia de proximidad. La Justicia es la madre de todos los servicios públicos y debe estar vertebrada con un marcado carácter geográfico
- Sobre las entradas y registro de despachos profesionales se defiende el secreto profesional. Ante la falta de soluciones por las leyes procesales, se propone buscar respuestas en la normativa y jurisprudencia supranacional. Debe haber una primacía del derecho comunitario.
- En relación con la policía de estrados, se propone reformar los artículos 556 y 557 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Es recomendable la existencia de un marco para fijar los tiempos de exposición en los informes de los abogados
- En relación con la instrucción por fiscal o juez, la solución no es quién investiga sino cómo se investiga y la necesidad de un juez de garantías.
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