La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, ha clausurado hoy el encuentro Una Justicia de futuro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander donde ha reflexionado sobre la necesidad de sumar esfuerzos y acuerdos en torno a la Estrategia Nacional de Justicia para avanzar en las reformas estructurales de la Justicia. 

Sánchez-Cortés ha destacado algunas de las actuaciones realizadas en la X Legislatura que permitieron avances importantes en el ámbito penal como las reformas acometidas en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tal y como señaló ayer durante la inauguración del encuentro el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la secretaria de Estado ha indicado que se está estudiando en el marco de la Subcomisión para el estudio y definición de la Estrategia Nacional de Justicia creada en el Congreso de los Diputados, una nueva reforma de la LECrim para agilizar la fase de instrucción y avanzar hacia un modelo acusatorio donde el fiscal dirija la investigación y donde el juez sea un juez de garantías.

La agilización de la Justicia demanda también una organización de los recursos más eficiente, ha destacado Carmen Sánchez-Cortés, quien ha apostado por seguir implantando el modelo de Oficina Judicial y de Oficina Fiscal que permita una gestión más ágil.

En cuanto al proceso civil, la secretaria de Estado ha subrayado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil realizada en 2015 permitió generalizar el uso de los medios electrónicos en las comunicaciones entre operadores y órganos judiciales reduciendo los tiempos empleados en la presentación y notificación de documentos en los juicios ordinarios de 60 a 20 días. La X Legislatura dejó también importantes actuaciones en materia de reducción de la litigiosidad gracias a la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles y la Ley de Jurisdicción Voluntaria que nos acerca a los países de nuestro entorno al separar de la jurisdicción común cuestiones que merecían un tratamiento legal diferenciado. Avances en materia civil que hay que completar con la implantación en los juzgados de servicios comunes que permitan mejorar la ejecución y dar una respuesta al ciudadano en un tiempo razonable.

La secretaria de Estado ha subrayado la importancia de las nuevas tecnologías como palanca de cambio a una Justicia más ágil y abierta. En este sentido, los proyectos de Justicia digital, Fiscalía digital o la Sede Judicial Electrónica han introducido cambios significativos en la forma de trabajar de juzgados y fiscalías y en la relación de la Justicia con los diferentes colectivos y con los ciudadanos. Actuaciones en las que se sigue trabajando y a la que se sumará la propuesta de avanzar hacia un sistema de gestión procesal común que permita la interconexión en el conjunto de la Administración de Justicia.

Un nuevo escenario tecnológico que nos sitúa ante nuevos desafíos que pasan por redefinir los límites entre espacio público y privado y por conciliar el libre acceso a la información con la protección al honor, la intimidad, la propia imagen o la protección de datos de carácter personal. En este ámbito, ha destacado el esfuerzo del Ministerio de Justicia en la elaboración del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal para adaptar a nuestro ordenamiento jurídico el Reglamento Europeo sobre la materia.

La secretaria de Estado ha subrayado el papel de ésta y otras adaptaciones normativas que se realizan para un mejor servicio al ciudadano, en particular, de los más vulnerables, como el Estatuto de la Víctima o las nuevas leyes de la infancia y la adolescencia en defensa del interés del menor. En materia de protección de derechos, se va a seguir apostando por la lucha contra la violencia de género y la asistencia jurídica gratuita.

Finalmente, ha mencionado la seguridad jurídica como valor fundamental para el crecimiento económico y la independencia de la Justicia. En relación a esta cuestión ha subrayado el compromiso del Ministerio por mejorar la percepción ciudadana a través de medidas como el cambio de modelo en el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, la supresión de la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los tribunales superiores de Justicia y la regulación de las puertas giratorias entre la Justicia y la política.