Madrid, 30 may (EFE).- La mayoría de las asociaciones de jueces estiman que la ley de amnistía a los implicados en el proceso de independencia de Cataluña aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados invade sus competencias al vulnerar la separación de poderes propia de un Estado de derecho.

Igualmente estiman que probablemente se planteen por los jueces cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) o prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La magistrada Pilar Astray, integrante del comité ejecutivo de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha mantenido que la ley "socava el Estado de derecho con degradación para el poder judicial y la separación de poderes".

Pilar Astray ha explicado que ahora los jueces cuando tengan que aplicarla deberán plantearse si tiene encaje en la Constitución y en el derecho europeo y si tienen dudas podrán plantear las cuestiones referidas.

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha advertido de que la norma "crea inseguridad jurídica porque no ofrece claridad ni precisión sobre los delitos que son o no amnistiables" por lo que ha lamentado que "se hayan desoído las críticas y las alertas de muchos juristas durante la tramitación parlamentaria".

"El texto es perverso porque busca trasladar al poder judicial la decisión y la determinación de qué conductas son amnistiables con una narrativa intencionadamente confusa y ambigua que será susceptible de variadas interpretaciones potencialmente válidas y en consecuencia cuando alguna se aparte de los intereses independentistas del momento inmediatamente será tildada como prevaricadora", ha lamentado.

De todas formas el portavoz de la AJFV ha recordado que los jueces tienen la obligación de cumplir las leyes.

"Pero precisamente porque la ley de amnistía ya forma parte de un ordenamiento jurídico nacional y comunitario los jueces la podrán aplicar directamente o bien plantear cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC o prejudiciales ante el TJUE", ha explicado.

Ha concluido señalando que "todos debemos proteger el Estado de derecho y para eso es fundamental defender la labor independiente de los jueces porque son los últimos garantes y protectores de los derechos y las libertades fundamentales de la ciudadanía".

El presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha comentado que "es un día triste para el Estado de derecho" pues se trata de una medida que afecta al principio de igualdad e "invade las competencias del poder judicial, ya que los jueces son los que deciden quienes son condenados y absueltos".

A juicio de Fernando Portillo, "es muy peligrosa la puerta que se abre ya que degrada el Estado de derecho, la separación de poderes y el principio de la igualdad de todos ante la ley".

El presidente de FJI ha pedido "que ahora los políticos dejen a los jueces que trabajen en paz y no hagan señalamientos" a los que tengan que aplicar la nueva norma.

Por su parte el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha enmarcado la aprobación de la ley en la normalidad del funcionamiento democrático de un Estado de derecho ya que se trata de una norma aprobada por el Parlamento que "hay que respetar".

Y ha añadido que si un juez al aplicarla tiene dudas de su encaje con la Constitución podrán plantear la correspondiente cuestión ante el TC o en su caso ante el TJUE. "El sistema funcionará como con cualquier otra ley", ha aclarado el portavoz de JJpD.