El agravamiento del colapso que está sufriendo el sistema de Justicia como consecuencia de la crisis de la Covid-19 es más evidente en algunas jurisdicciones que en otras. Es el caso de los juzgados y tribunales de lo Social de la provincia de Granada, donde los señalamientos ya se están fijando para el año 2023 e, incluso, en algunas sedes andaluzas, para 2025.
Una situación que el Colegio de Abogados de Granada califica de “intolerable” y que viene a empeorar la ya crítica operatividad de la Jurisdicción Social y, por ende, a perjudicar el trabajo de los letrados y cercenar el derecho de los ciudadanos a acceder a una tutela judicial efectiva y no sufrir indefensión. Se trata, principalmente, de juicios sobre reclamaciones salariales, declarativos de derechos y relativos a prestaciones de Seguridad Social que, con la excusa de la pandemia, se están dilatando en dos y tres años, según denuncia el Grupo de abogados laboralistas de la Corporación profesional.
“Estamos hablando de salarios, indemnizaciones o prestaciones de la Seguridad Social que quedan en el aire durante años, impidiendo que los afectados puedan, en muchos casos, acceder a un sustento económico al que tienen derecho y sumiéndolos en una situación manifiesta de desamparo”, asegura el decano, Leandro Cabrera. Pero, además, añade el representante del colectivo profesional, “no debemos olvidar el grave impacto que tiene esta ralentización judicial, además de en los trabajadores y las empresas, en el conjunto de la sociedad, pues se están dilucidando, ya no sólo los derechos laborales de los implicados, sino también decenas de millones de euros a nivel provincial”.
Por este motivo, la Abogacía granadina reclama a las Administraciones competentes que adopten medidas urgentes que alivien el crónico retraso judicial que sufren estos juzgados y tribunales de lo Social desde antes de la pandemia y, especialmente, a raíz de la avalancha de diligencias y procedimiento derivados de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y el aumento de despidos generados por la crisis sanitaria. En este sentido, a cierre de enero de este año, 11.130 trabajadores se encontraban en situación de ERTE en Granada, 98.821 personas a nivel autonómico.
En concreto, el Colegio de Abogados insiste en la histórica demanda de que el Gobierno central cree de forma urgente un nuevo juzgado de lo Social en la provincia e insta a la Junta de Andalucía a que dote a los existentes de los medios materiales que permitan agilizar los procedimientos judiciales en aras a la efectividad del principio constitucional de tutela judicial y de la recuperación de la confianza por parte de profesionales y justiciables en la Administración de Justicia, lo que es imprescindible para el buen funcionamiento del Estado de Derecho. De hecho, dos de cada tres abogados sostienen que la pandemia está afectando negativamente y de forma importante a su trabajo profesional, según el reciente Barómetro Interno de Abogacía Española y Metroscopia ‘La situación de la abogacía vista por los abogados’.
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