El consejo asesor creado para revisar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género se ha impuesto el objetivo de hacer un análisis urgente de la ley procesal en vigor para detectar aquellos aspectos que necesitan una reforma para mejorar la protección de las mujeres que son víctimas de comportamientos delictivos de cualquier tipo.

Este consejo asesor, creado por el Consejo de Ministros el pasado 31 de agosto, ha iniciado este martes sus trabajos con una primera reunión celebrada en la sede del Ministerio de Justicia y dirigida por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, que ha sustituido en ese cometido a la presidenta del consejo, la ministra Dolores Delgado, que no ha podido asistir a esta primera reunión.

Además de Dolz, vicepresidente del consejo asesor, a esta primera reunión han acudido el resto de sus integrantes: Ana María Ferrer García, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y vocal permanente de la Comisión General de Codificación; Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala de Criminalidad Informática; María Isabel González Cano, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla y vocal permanente de la Comisión General de Codificación; María Durán i Febrer, abogada del Colegio de Abogados de Baleares, y Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Valencia y presidente de la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación.

Esta primera reunión ha servido para planificar el trabajo encomendado al consejo. La magistrada Ferrer García coordinará las labores que, como primer y urgente objetivo, busca proponer reformas que mejoren la protección de la mujer víctima de delitos. También revisará el lenguaje para eliminar todo vocablo arcaizante o que entrañe un tratamiento discriminatorio para la mujer.

El consejo asesor ha sido creado con vocación de permanencia, de manera que podrá analizar en el futuro otras medidas y proyectos legislativos del Ministerio de Justicia y proponer las reformas necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico a las nuevas exigencias planteadas por la sociedad en materia de género, en particular en los ámbitos civil y penal.

La ministra de Justicia ya subrayó el compromiso del Gobierno con la igualdad de género en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado 11 de julio, donde defendió la incorporación de la perspectiva de género en la Justicia porque "no hacerlo supondrá que continuemos impartiendo una Justicia deficiente y parcial, que trata igual a los que son desiguales y se aleja de la equidad a la que debemos aspirar como sociedad avanzada"