• El ministro de Justicia ha participado junto a la presidenta de la Abogacía Española en el Foro Justicia del Colegio de Abogados de Madrid

• Victoria Ortega ha reclamado respeto y dignidad para la abogacía, consenso para lograr un Pacto de Estado por la Justicia y una nueva cultura de la mediación y el arbitraje para descongestionar los juzgados

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han contrastado hoy en el Foro Justicia del ICAM sus respectivas propuestas para mejorar el funcionamiento de la justicia en España. En presencia de numerosas autoridades del ámbito político y de todos los estamentos jurídicos, y en compañía del decano del ICAM, Ortega y Campo han abordado cuestiones como la aprobación de la ley del Derecho de Defensa y del Estatuto General de la Abogacía, o la necesidad de garantizar los pagos por todas sus actuaciones a los abogados y abogadas del turno de oficio.

En este sentido, Juan Carlos Campo ha anunciado que el Ministerio de Justicia está preparando una reforma normativa para garantizar los pagos en debido plazo por todos los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados por los letrados y letradas del turno de oficio. Según ha adelantado el ministro, en dicha reforma se pretende deslindar lo que corresponde a la justicia gratuita, a la que tienen derecho los ciudadanos sin recursos, y lo relativo al servicio que prestan los abogados del turno de oficio. “Hay que diferenciar ambos conceptos, porque son diferentes”, ha reiterado.

Modelo y consenso

Respecto a las carencias presentes en el sistema de justicia, el ministro ha negado que la justicia sea “el patito feo de los presupuestos”. Para Campo “no es un problema de más dinero, que hace falta, ni de más jueces, que hacen falta, el problema es que no tenemos un modelo con el que construir un servicio público como el que queremos porque nunca lo ha habido". Así, frente a la asentada costumbre de ir parcheando un sistema decimonónico, el ministro de Justicia ha destacado la incapacidad de las “posturas incrementalistas tradicionales” para resolver los múltiples problemas que aquejan a la Administración de justicia.

Como solución, Campo ha planteado la necesidad de construir una nueva visión organizativa porque “no podemos estar tres siglos con una misma ley, necesitamos consenso, es lo único que nos falta en Justicia. Intentémoslo ahora.”

En esta misma línea, la presidenta de la Abogacía Española, ponente principal de la jornada, ha reivindicado la necesidad de recabar un amplio consenso para lograr un Pacto de Estado por la Justicia. “Sin el concepto de justicia no funciona nada—ha señalado—. Sin ella, no hay Estado, no hay convivencia, solo hay selva”. Respecto a los déficits señalados desde distintos ámbitos institucionales, como la congestión de los juzgados o la falta de independencia de la justicia, Ortega ha mostrado su preocupación por cómo pueda afectar al mercado de actividades jurídicas, que representa el 1% del PIB, y las implicaciones que pueda tener en la abogacía, que representa a su vez el 3% del tejido empresarial español.

Estabilidad razonable

Tras los cuatro últimos años marcados por una suerte de “inestabilidad estable”, Ortega ha confiado en que se abra una etapa “razonablemente estable” en la que poner en marcha las reformas pendientes en el ámbito de la Justicia, para lo cual ha reclamado, además de un diagnóstico compartido, tiempo.  

En el ámbito específico de la defensa, Ortega ha requerido mejores herramientas mediante la aprobación de una ley orgánica del Derecho de Defensa que proporcione a los abogados "igualdad de armas" y asegure el "derecho de contradicción". Una ley que tenga en cuenta la importancia de impulsar políticas contra el intrusismo y la necesidad de preservar la confidencialidad y el secreto profesional: “no es sostenible que la persecución de actuaciones criminales lleve consigo la propia criminalización de profesiones y de sus profesionales”, ha señalado.

También ha reclamado la aprobación del Estatuto General de la Abogacía que asegure el control deontológico garantice mayores facilidades para hacer posible tanto la conciliación de la vida personal y laboral como la desconexión digital de quienes ejercen la abogacía.

Victoria Ortega ha pedido además dignidad para el sistema de asistencia jurídica gratuita, “una de las políticas públicas más eficientes en nuestro país” que recibe la satisfacción del 85% de las personas que lo han utilizado, por encima de otros servicios públicos como el sanitario o el educativo. También ha exigido respeto para una profesión, la de abogado, que defiende con su trabajo la sostenibilidad del Estado de derecho, y una nueva cultura para potenciar la resolución alternativa de conflictos mediante la mediación y el arbitraje.