“La Administración de justicia y todos los que formamos parte de ella tenemos que tomar ahora el relevo de los sanitarios y colocarnos en primea línea para contribuir decididamente a solucionar los problemas que esta crisis ha causado a la ciudadanía en aspectos tan diversos como el laboral, el derecho de familia, el tributario o el administrativo”. Con estas palabras, el decano José María Alonso ha trasladado al ministro de Justicia el sentir de la abogacía madrileña ante el enorme desafío social y económico que afronta el país como consecuencia de la pandemia del covid 19.
Una abogacía que, a través del turno de oficio, “se ha dejado la piel a lo largo de todo el proceso y no ha sido reconocida a la hora de establecer qué profesiones estaban prestando un servicio esencial para la sociedad”, ha afirmado Alonso. Un reconocimiento al que se ha sumado la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, recordando a los compañeros del turno de oficio “que tenéis detrás a toda una profesión que os respeta y os respalda”.
En el acto de apertura del Foro Justicia del ICAM, que ha retomado hoy sus sesiones en formato online con una conferencia del ministro Juan Carlos Campo, a petición del decano se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia, muchas de ellas pertenecientes al mundo de la Justicia y el Derecho, “como los 70 compañeros que ha perdido el Colegio en esta crisis, lo cual nos rompe el corazón y demuestra que la abogacía también ha estado presente en este preciso momento”, ha lamentado Alonso.
En un momento en el que desde la Administración de justicia se está trabajando para reanudar la actividad, Ortega ha querido agradecer también a todos los abogados y a los colegios que les representan su compromiso y esfuerzo en un tiempo difícil que ha exigido de ellos mayor responsabilidad. “Todos juntos hemos establecido una serie de demandas en esta crisis, como la suspensión de los plazos. Así se puso de manifiesto la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad y profilaxis en los Juzgados, y ahí se avanzó”, ha explicado.
En medio de una crisis económica para la abogacía como la que estamos viviendo, Ortega ha destacado “el logro de articular una serie de medidas para los autónomos, con independencia de que se estuviera adscrito a las mutualidades o al régimen de autónomos", y en general el gran esfuerzo que está realizando todo el sector para recuperar la normalidad en la actividad judicial. Todo ello sin olvidar el necesario incremento presupuestario “en una Justicia abandonada durante décadas que nos permita una adaptación tecnológica que es la exigida en este tiempo".
Un mensaje positivo
Ante una crisis económica y social sin precedentes, “probablemente la situación más grave a la que se ha tenido que enfrentar ningún Gobierno desde el Golpe de Estado del 23 de febrero”, José María Alonso ha querido lanzar un mensaje positivo: “las grandes crisis producen a corto plazo daños muy grandes, pero si se saben aprovechar pueden producir grandes logros a largo plazo. Nos pueden servir para reducir los errores que todos hemos cometido y para lograr un país más próspero y un sitio mejor para vivir.”
Algo que solo será posible con una Administración de justicia ágil y eficaz que sea capaz de resolver la infinidad de problemas que afronta la sociedad. Para ello, ha advertido Alonso, los operadores jurídicos “tenemos que colocarnos en primera línea de defensa de la ciudadanía” y el Gobierno debe colocar a la Administración de justicia entre sus prioridades. Con independencia del color del partido que estuviera en el Gobierno en cada momento, para el decano la Administración de Justicia “siempre se ha colocado a la cola de las prioridades de la acción del Gobierno”, algo que no puede volver a pasar ahora “porque a todo el país nos va mucho en ello”.
Así, en estas circunstancias excepcionales se requiere de una Administración de justicia “fuerte, comprometida y eficaz, dotada de los mejores medios humanos, acorde con la situación a la que nos enfrentamos cuyos contornos son extraordinariamente difíciles de prever”.
Para esa labor de reconstrucción que necesita ahora el país, el decano ha ofrecido al ministro el apoyo de la abogacía madrileña, cuyo sobreesfuerzo debe ser, eso sí, retribuido como es debido. Pero para realizar su trabajo, la abogacía también necesita normas claras y ahora mismo hay una “cierta confusión”, ha recordado Alonso, reivindicando un papel más relevante del sector legal en los procesos de elaboración normativa. “Somos los que mejor podemos transmitir cuáles deben ser las soluciones en cada caso y nadie mejor que nosotros para definir los contornos y los pilares fundamentales del Derecho de Defensa”, ha afirmado, tras echar en falta la presencia de la abogacía en la reforma de ley de enjuiciamiento criminal.
Por último, el decano también ha transmitido al ministro otras inquietudes de la abogacía como son la cuestión de los baremos del turno de oficio, la defensa del secreto profesional o la conciliación de la vida profesional y personal.
La justicia después del Covid
Por su parte, Juan Carlos Campo ha analizado en su intervención el impacto de la pandemia en el ámbito de la Justicia. Tras recordar que todas las decisiones que ha tomado el Gobierno “han sido atendiendo a los criterios a las recomendaciones sanitarias”, el ministro ha destacado el esfuerzo realizado desde el primer momento para coordinar y consensuar entre todos los actores implicados las medidas implementadas en materia de Justicia.
Así, sin perder de vista el horizonte del proyecto Justicia 2030, a través de la comisión de coordinación reforzada que se reúne todos los viernes y en la que ha participado la abogacía ”desde el minuto uno”, se empezó a establecer lo que se ha denominado “Justicia PostCOVID”, y que tiene 3 patas fundamentales.
En primer lugar, ha señalado Campo, “había que introducir en el seno del Consejo de Ministros que Justicia no es solo un derecho fundamental de los ciudadanos sino que es un elemento dinamizador de la economía y que, por tanto, juega un papel esencial en la recuperación económica de nuestro país”. De este modo, se aprobaron los planes de choque para mitigar el daño en las jurisdicciones más perturbadas por la paralización del COVID19, y una vez se levante el decreto de alarma el Consejo de Ministros aprobará nuevos planes de choque para la jurisdicción laboral y la contencioso-administrativo, así como para los Juzgados de lo Mercantil, según ha anunciado el ministro.
La segunda “pieza del puzle” fue el real decreto ley en orden a atender la situación de “urgencia y excepcionalidad”, articulando seguidamente un mecanismo de dinamización incluyendo “medidas organizativas, normativas y tecnológicas”.
Finalmente, el ministro ha mencionado un tercer bloque “que es en el que estamos ahora mismo inmersos”, consistente en la creación de “un verdadero anteproyecto de ley que pudiera recoger todas esas necesidades rabiosamente consensuadas con todo el aderezo y enriquecimiento de las consultas”.
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