Madrid, 16 nov (EFE).- La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este miércoles que la rebaja en las penas a algunos condenados por delitos sexuales, tras las aprobación de la ley del sólo sí es sí, se debe a que hay jueces que "no están cumpliendo con la ley" por "machismo" y ha abogado por reforzar la formación en igualdad en el sistema judicial.

En declaraciones a los periodistas antes de asistir a un acto sobre la Estrategia de erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, la ministra de Igualdad ha reaccionado de esta forma después de que se conociera que la nueva tipificación de los delitos sexuales que introdujo la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha supuesto que los tribunales revisen a la baja las sentencias de algunos condenados.

"El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley", ha asegurado Montero, que ha detallado que Naciones Unidas, a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ya alertó de esta situación y advirtió de que "los estereotipos y el machismo pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa".

La ministra ha descartado revisar la ley tras la rebaja de algunas condenas y se ha mostrado convencida de que si ésta se cumple, "todas las mujeres van a estar protegidas".

Para ello, Montero apuesta por reforzar la formación a todos los operadores judiciales "para que esos estereotipos y ese machismo no lleven a comprometer la imparcialidad del sistema judicial y que no haya jueces que apliquen erróneamente la ley, como la propia Naciones Unidas nos alerta de que pasa cuando hay machismo en el sistema judicial".

Se ha mostrado preocupada porque "haya jueces que no cumplan con las leyes feministas", porque eso puede dejar en la impunidad a los agresores y desproteger a las mujeres y ha confiado en que ésto no ocurra y que se cumpla con lo decidido por el Ejecutivo y el Legislativo.

Montero ha secundado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que confía en que se unifiquen los criterios para garantizar la protección de las mujeres tal y como establece la ley de garantía integral de libertad sexual "y que no queden impunes los agresores".

Comunicado de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial 

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy el siguiente comunicado en relación con las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual: 

“La aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que ‘tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena’. 

Las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual resultan, por tanto, de la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del Poder Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley tal y como dispone el artículo 117.1 de la Constitución Española. 

Este Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 599.1.12ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, emitió el 25 de febrero de 2021 el correspondiente informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que fue aprobado por unanimidad. 

El informe, que fue remitido al prelegislador, constataba que el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del título VIII del Código Penal suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que ‘la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente’. 

Esta Comisión Permanente, por otra parte, expresa su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos, que se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual. Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección”.