Los datos de este estudio, realizado en 45 países europeos, arrojan que en el año 2014 había 12 jueces por 100.000 habitantes en España cuando la media europea es de 21. Los fiscales por cada 100.000 habitantes eran cinco frente a los 11 de la media europea.
Esta tendencia es distinta cuando se comprueban las cifras sobre el número de abogados. En España, los letrados alcanzan la cifra de 291 por cada 100.000 habitantes mientras que la media europea es de 149.
El informe refleja también las variaciones en la inversión en Justicia sufridas en los países analizados. Sitúa a España a la cabeza de los recortes presupuestarios junto a Irlanda y Portugal y especifica que, en los tres estados, “las medidas de restricción presupuestaria continúan afectando de forma adversa los recursos dedicados al sistema judicial”.
España también se encuentra en el grupo de estados que hicieron “esfuerzos significativos” en lo que se refiere a asistencia jurídica en los años 2010 y 2012 y redujeron los presupuestos entre 2012 y 2014, junto a Bélgica, Finlandia, Francia, Georgia, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega y Portugal.
EL NOVENO PAÍS
En el ranking, España es el noveno país europeo en presupuesto público dedicado per cápita al sistema judicial. El presupuesto per cápita se redujo de 91 euros en 2012 a 88 euros en 2014. La media europea también se redujo y pasó de 65 euros en 2012 a 60 en 2014.
En general, los usuarios del servicio público en los estados europeos financian los sistemas judiciales “mediante impuestos y tasas judiciales”, asegura. Los estados europeos gastan alrededor de 9 euros per cápita en asistencia legal.
Debe resaltarse que, detrás de esta cifra media, “hay variaciones significativas dependiendo de cada estado”. La mitad de los estados y entidades que han respondido a la encuesta gastaron menos de 2 euros per capita en asistencia legal en 2014.
En cuanto al análisis del estado de desarrollo de las tecnologías de la información, el estudio confirma la tendencia de informes anteriores e indica que la mayoría de los estados han invertido significativamente en estas tecnologías para el funcionamiento de sus tribunales. “En España, el desarrollo en infraestructuras y marco legal está casi completado –detalla– pero su gestión por parte de los tribunales está aún en desarrollo”.
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