Todas las jurisdicciones registraron un menor número de asuntos, aunque el decremento más significativo se produjo en la contencioso-administrativa con un 22,1 por ciento. Ocho comunidades autónomas superaron la tasa media de litigiosidad de todo el territorio nacional, que fue de 116,5 asuntos por cada mil habitantes

Durante el año 2020 tuvieron entrada en los órganos judiciales españoles un total de 5.526.754 asuntos, cifra que muestra un descenso del 12 por ciento con respecto a 2019. También descendieron significativamente, un 14,1 por ciento, el número de asuntos resueltos por los tribunales, que fueron 5.224.742; mientras que los 3.156.877 asuntos que quedaron en trámite suponen un incremento del 11,3 por ciento.

Estos datos, contenidos en el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el cuarto trimestre de 2020 que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha difundido hoy, evidencian las consecuencias que el confinamiento y la suspensión de la actividad judicial derivados de la crisis sanitaria tuvieron en el funcionamiento de los juzgados y tribunales durante el año pasado.

Si se comparan con los de ejercicios anteriores, los datos de 2020 invierten la tendencia que se experimentó, por ejemplo, en 2019 con respecto a 2018. El ingreso de asuntos en los órganos judiciales de toda España ascendió en 2019 un 4,8 por ciento en relación con 2018. Ese año, también aumentó, en un 5,1 por ciento, la capacidad de los órganos judiciales en la resolución de asuntos y la pendencia se incrementó en un 8,6 por ciento.

Por jurisdicciones, la actividad de los órganos judiciales en España durante el conjunto del año 2020 arrojó los siguientes datos:

En la jurisdicción Civil el número de asuntos ingresados en 2020 alcanzó los 2.212.084, con una disminución del 7,3 por ciento respecto al año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 2.040.640 asuntos, un 9,2 por ciento menos que en 2019, y quedaron en trámite 1.736.425, un 10,9 por ciento más que al final del año anterior.

En la jurisdicción Penal entraron 2.720.219 asuntos, con una disminución del 15,3 por ciento. Se resolvieron 2.656.519 asuntos, un 17,3 por ciento menos, y quedaron en trámite 828.030 asuntos, un 11,7 por ciento más.

La jurisdicción Contencioso-Administrativa fue la que acusó el mayor decremento, que se situó en un 22,1 por ciento al registrarse 194.223 asuntos. Los asuntos resueltos por los órganos judiciales de esta jurisdicción fueron 191.948, un 15,3 por ciento menos que en 2019, y los que quedaron en trámite a final de año ascendieron a 215.973 asuntos, lo que supuso un aumento del 2,1 por ciento de la pendencia.

En la jurisdicción Social ingresaron ingresado 400.056 nuevos asuntos, lo que representa una disminución del 7,5 por ciento. Se resolvieron 335.499 asuntos, un 15 por ciento menos que el año anterior, y quedaron en trámite 376.335 asuntos, un 18,3 por ciento más.

Canarias y Andalucía, a la cabeza en litigiosidad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Cálculos realizados sobre las cifras de población del INE, a 1 de enero de 2020

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado en 2020 fue de 116,5 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Las comunidades que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la media nacional fueron Canarias (154,1), Andalucía (128,3), Murcia (120,8), Madrid (120,5), Comunidad Valenciana (118,5), Cantabria (118,1), Islas Baleares (118) y Asturias (117,8). Las comunidades con una tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (80,5), País Vasco (85,5) y Navarra (88,1) (*).

Datos del cuarto trimestre de 2020

Durante el cuarto trimestre de 2020 tuvieron entrada en el conjunto de los órganos judiciales de toda España un total de 1.609.665 asuntos. Esta cifra supone una disminución del 3 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior. En el mismo periodo, los tribunales españoles resolvieron 1.626.880 asuntos, un 0,2 por ciento más. Quedaron en trámite al final del trimestre un total de 3.156.877 asuntos, con un incremento del 11,3 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2019.

La jurisdicción Civil, con 699.567 nuevos asuntos, fue la única que mostró un incremento en el ingreso, que fue del 6,6 por ciento. Se resolvieron 672.764 asuntos, un 9,3 por ciento más, y quedaron en trámite 1.736.425, un 10,9 por ciento más que al final del cuarto trimestre de 2019. De los asuntos en trámite en esta jurisdicción, el 13,8 por ciento lo componen los relativos a acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas).

En jurisdicción Penal tuvieron entrada 743.540 asuntos, con una disminución interanual del 9,8 por ciento. Se resolvieron 774.269 asuntos, un 7,4 menos, y quedaron en trámite 828.030 asuntos, por lo que el incremento fue del 11,7 por ciento.

La jurisdicción Contencioso-Administrativa registró 58.672 nuevos asuntos, datos que supuso una disminución del 9,7 por ciento. Resolvió 61.742 asuntos, un 0,1 por ciento más que el año anterior, y dejó en trámite 215.973 asuntos, un 2,1 por ciento más.

En la jurisdicción Social ingresaron 107.823 asuntos, un 5,4 menos que en el mismo trimestre de 2019. Se resolvieron 118.064 asuntos, un 7,9 por ciento más, y quedaron en trámite un número de asuntos que fue un 18,3 por ciento mayor que el año anterior, en total 376.335 asuntos.

La mayor litigiosidad, en Canarias, Madrid y Andalucía

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado fue de 33,9 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades que mostraron una media superior a la nacional fueron Canarias (44,1), Madrid (36,8), Andalucía (36,5), Cantabria (35), Murcia (34,9) y Comunidad Valenciana (34,4). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron País Vasco (24,4), Navarra (25) y La Rioja (25,6) (*).