• El consejero Santos destaca, en la presentación de la Memoria del Servicio Social de Justicia 2019, que las innovaciones implementadas por la pandemia “han venido para quedarse”

La Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra apuesta por mantener innovaciones tecnológicas implantadas durante el cierre físico de juzgados, como agilizar los procesos a través de métodos telemáticos y fomentar la mediación en la resolución de conflictos. Y es que se prevé un incremento de los casos en las jurisdicciones laboral y mercantil, por lo que el Servicio Social de Justicia está trabajando en encauzarlos a través de procedimientos de resolución extrajudicial.

Así lo ha destacado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos Itoiz, que esta mañana ha presentado en rueda de prensa la Memoria 2019 del Servicio Social de Justicia, acompañado por la responsable de la Oficina de la Atención a Víctimas, Izaskun Gartzaron Zudaire.

“Durante la pandemia, el Departamento no se ha quedado parado y ha tomado medidas para hacer frente a la realidad generada por el coronavirus”, ha señalado Eduardo Santos, que ha puesto “ejemplos de rápida adaptación a la situación actual: los servicios de mediación y de asistencia psicológica a víctimas por videoconferencia, o la modernización de los trámites para el acceso a la justicia gratuita”. Respecto a esto último, la presentación de la documentación oportuna ya se está haciendo de manera telemática y no presencial, “ahorrando viajes a las personas usuarias y haciendo más ágiles los procesos”, ha subrayado el consejero.

La justicia gratuita, una prioridad

El consejero también ha hecho hincapié en la importancia que el Gobierno de Navarra da a la justicia gratuita, que permite la igualdad de oportunidades de todas las personas en la defensa de sus derechos.

“Se trata de proporcionar los medios necesarios para que las personas sin recursos tengan una defensa de calidad y técnica. La justicia gratuita asegura la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la Justicia”, ha insistido Eduardo Santos.

El Gobierno de Navarra financia este servicio, organizado por los colegios de abogados y procuradores de la Comunidad; y, como medida excepcional por la situación creada por el COVID-19, se ha optado en las últimas semanas por el adelanto de los pagos de las medidas de justicia gratuita a las personas colegiadas que hubieran prestado ya sus servicios. “Se trataba de dar liquidez a profesionales y despachos de profesionales, y garantizar que el sistema de justicia continúe funcionando”, ha apuntado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia.

Garantizar la salud en la reapertura

En el futuro inmediato, el Gobierno de Navarra debe dar la garantía sanitaria de los espacios de la Administración de Justicia, una vez se abran, en consenso con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia. Para ello, Eduardo Santos ha informado de que ya se están diseñando los espacios y protocolos que, en la nueva situación, permitan garantizar la salud del personal y de las personas usuarias.

Preguntado por la posibilidad de que se habiliten espacios adicionales para la celebración de procesos judiciales, favoreciendo así el cumplimiento de las medidas de seguridad, el consejero Santos ha apuntado que “es pronto para afirmar de manera categórica que se hará, pero es una de las cuestiones que estudiamos y, en cualquier caso, las medidas contarán con el consenso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra”.

Respuesta a las necesidades de las víctimas

Izaskun Gartzaron, por su parte, ha hecho una recopilación de los datos de la Memoria del Servicio Social de Justicia 2019, y ha hecho también un avance de las respuestas que se están estudiando para resolver algunas de las cuestiones que pueden incrementarse numéricamente. En ese sentido, ha considerado que, conforme avance la desescalada “aumentarán las denuncias por violencia de género por casos que se están produciendo durante el confinamiento, y que también puede darse un repunte en materia de desahucios”.

A este respecto, Gartzaron ha insistido en los mecanismos de colaboración existentes entre la Dirección General de Justicia y otras entidades, como los ayuntamientos y el CGPJ, con los que existe un convenio de protección a las personas que sufren el desahucio de su vivienda habitual. Izaskun Gartzaron ha destacado que espera que ese convenio permita una protección efectiva de las personas afectadas.

Por último, la responsable de la Oficina de Atención a Víctimas ha recordado que la actividad en esa materia ha continuado durante el estado de alarma, de manera telemática, porque ha tenido consideración de “servicio esencial”.