Con motivo del Día Mundial contra la LGTBIQ-fobia, que se conmemora el 17 de mayo, Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, ha reclamado invertir más recursos en la justicia para hacer frente a los delitos de odio. Lo ha afirmado en un acto en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) en el que ha valorado en primicia la encuesta elaborada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) sobre la desigualdad que todavía sufre el colectivo LGTBIQ.
La sesión, organizada por el Observatorio de los Derechos de las Personas del ICAB, ha contado con la presentación del decano, Jesús M. Sánchez, que ha puesto en valor la labor de la Corporación en el análisis de cuestiones de máxima actualidad y su papel como casa de la ciencia jurídica y de la defensa de los derechos de toda la ciudadanía, haciendo especial énfasis en el colectivo LGTBIQ.
Por su parte, la copresidenta del Observatorio, Erika Torregrossa, ha presentado la figura del fiscal Aguilar, repasando su trayectoria e incidiendo en que ha marcado un antes y un después en el ámbito de la lucha contra los delitos de odio por razón de género.
En su intervención, el fiscal Miguel Ángel Aguilar ha expuesto los principales datos en España de la encuesta elaborada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) con el título "LGBTIQ equality at a crossroads-Progress and challenges", y ha destacado que desde el año 1990, momento en que la OMS eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades, hasta la actualidad, "las cifras son preocupantes".
En primer lugar, según ha indicado Aguilar, se ha reducido la percepción de la discriminación, ya que el 37% de las personas encuestadas asegura haberse sentido discriminada al menos en un área de su vida, frente al 42% que lo afirmaba en 2019.
Además, en España, el 39% de las personas LGBTIQ sigue evitando coger de la mano en público a su pareja por miedo a ser atacado, frente a la media comunitaria del 53%, una cuestión que, según el fiscal, “es sólo la punta de un iceberg que afecta a muchos otros colectivos”. Asimismo, aumentaron las personas LGBTIQ que aseguran haber sufrido ataques físicos: en España la cifra aumenta del 8% en 2019 al 12%.
Por otro lado, Aguilar ha asegurado que "tenemos un problema en la escuela", ya que el 66% de las personas LGBTIQ en España han sido ridiculizadas, molestadas, insultadas o amenazadas durante su paso por la escuela debido a la su orientación sexual o su identidad de género; 17 puntos más respecto al año 2019 (49%). Asimismo, el 56% de los estudiantes LGBTIQ esconden sus preferencias sexuales o su identidad de género en la escuela, siete puntos más que en la Unión Europea.
El fiscal ha señalado que el colectivo LGTBIQ es el más concienciado e informado de sus derechos y, sin embargo, sólo denuncian crímenes de odio ante la justicia el 14% en España y el 11% en la UE. Aguilar ha apuntado que "la principal causa es la desconfianza en los poderes públicos", ya que los avances y compromisos institucionales no servirán si los juicios tardan en llegar, y ha añadido que "generamos expectativas para que denuncien, pero después se encuentran con un colapso judicial”. En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de los poderes públicos y administraciones para dedicar más recursos a la Justicia.
Aguilar ha concluido la sesión asegurando que "pensamos que estamos en sociedades abiertas -Catalunya es un ejemplo-, pero seguimos teniendo delitos de odio y comportamientos homófobos y hay que dar respuesta" y ha afirmado que "la abogacía es muy importante en el liderazgo de la defensa de los Derechos Humanos, por su capacidad de litigación estratégica y la posibilidad de acudir a tribunales en los que no se llega desde la fiscalía, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
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