El documento de la Abogacía -que recoge las sugerencias y opiniones de la mayoría de los 83 Colegios de Abogados- se presentará mañana martes en respuesta al plan de choque elaborado por la Comisión Permanente del CGJP el pasado miércoles 8 de abril, un documento base sobre medidas organizativas y procesales con el que se pretende evitar un colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma y que proporcionará a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad.
Hay que recordar que la pasada semana, la Abogacía española propuso en un documento público que los juzgados vuelvan a funcionar, de forma limitada y sin que haya acceso de público ni profesionales, a la vuelta de la Semana Santa. El documento que el Consejo General de la Abogacía Española entregó el pasado 6 de abril al Ministerio de Justicia expone de forma pormenorizada todos aquellos trámites que podrían ponerse en marcha de una forma gradual incluso durante la vigencia del estado de Alarma. MÁS INFORMACIÓN
Los abogados y abogadas españoles solicitan al Gobierno que los juzgados recuperen su actividad entre el 13 y el 26 de abril, pero tan solo dando continuidad a los asuntos en trámite. Esto es, sin admitir la presentación de nuevos casos.
El texto del CGPJ reúne un centenar de medidas -algunas de ellas comunes, con incidencia en todos los órdenes jurisdiccionales, y otras específicas para cada uno de estos- y fue ofrecido de inmediato al Ministerio de Justicia para contribuir al plan de agilización de la actividad judicial. También se dio traslado del mismo a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, a las asociaciones judiciales y al Consejo General de la Abogacía Española, en todos los casos como documento inicial de trabajo, sometido a debate y a la realización de cuantas aportaciones resulten pertinentes.
Diferentes Colegios de la Abogacía ya han remitido sus sugerencias y propuestas al documento pormenorizado que está elaborando el Consejo General de la Abogacía Española, destacando el respaldo a la propuesta efectuada desde el Consejo General de la Abogacía Española, en el convencimiento de ser las más adecuadas para el restablecimiento progresivo de la normalidad en los tribunales, además de defender los intereses de los abogados y abogadas y con ello los de la sociedad, usuaria de la Administración de Justicia para la que todos prestamos nuestros servicios.
El Consell de l’Advocacia Catalana, órgano representativo de los 14 Colegios de la Abogacía de Catalunya, considera que un plan de choque requiere la adopción de medidas de reorganización del funcionamiento de la oficina judicial y del trabajo de su personal, judicatura y fiscalía, de las que el documento del CGPJ no hace mención. Las modificaciones propuestas por el CGPJ vulneran el principio de jerarquía normativa en una reforma que se pretende materializar fuera de los caminos establecidos y de acuerdo con un estado de alarma que, obviamente, habrá cesado al momento de entrar en vigor los cambios legislativos propuestos. Rechaza la habilitación del mes de agosto, ya que entra en conflicto con el derecho al descanso y la conciliación de la vida familiar y personal de los letrados, procuradores y peritos, más aún cuando la abogacía estará teletrabajando, sin descanso ni vacaciones, durante todo el periodo del estado de alarma.
Por su parte, el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón considera que la administración de justicia ha cesado su actividad casi por completo, a salvo, únicamente, los escasos servicios considerados esenciales. Esta parálisis contrasta con el funcionamiento normal de otros sectores de la administración, sobre todo la recaudadora (TGSS y AEAT) y de la autoridad laboral, por motivos obvios. No es de recibo emprender reformas legislativas de la enjundia de las que se pretende por el CGPJ, sin un debate sosegado y amplio. En muchos casos, las propuestas afectan al propio diseño de nuestro proceso, a los principios que lo configuran, y a derechos fundamentales como el de acceso a los tribunales y a obtener de ellos una resolución fundada en derecho, que se verían, desgraciadamente y si las propuestas siguen adelante, cercenados o seriamente limitados. La abogacía –también otros colectivos y profesionales- a través del CGAE y sus representantes en las comisiones de seguimiento de las Comunidades Autónomas, viene colaborando y proponiendo soluciones con la solvencia que proporciona conocer el día a día en el funcionamiento de los juzgados.
El Colegio de la Abogacía de Bizkaia muestra su frontal rechazo y oposición a gran parte de las medidas planteadas por el CGPJ. La Corporación profesional manifiesta que el documento elaborado por el CGPJ, además de haber sido diseñado sin tener en cuenta al resto de operadores jurídicos, representa una reforma legislativa y procesal encubierta que en modo alguno se justifica ni se puede admitir en la forma que se plantea. Analizados los 436 folios del documento, lo que se trasluce en numerosas propuestas, es una conculcación al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que suponen limitar o dificultar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Sin perjuicio que, entre todas las medidas, hay algunas que son de interés y que han venido siendo exigidas también por la abogacía reiteradamente los últimos años, no tiene sentido que, de manera unilateral, se propongan medidas como “ habilitar el mes de agosto, con la racionalización, que no supresión de las vacaciones de los jueces, fiscales y funcionarios”, ignorando con absoluto desprecio al resto de operadores jurídicos y su derecho al descanso y a la conciliación familiar, afectando sobre todo a los despachos pequeños y medianos, que constituyen la inmensa mayoría del tejido profesional. El Colegio de la Abogacía de Bizkaia, en un documento elaborado por su Junta de Gobierno, apoya las medidas inicialmente planteadas por el Consejo General de la Abogacía Española.
El Colegio de Abogados de Huelva mostró su preocupación por la situación en la que se van a encontrar los tribunales, en especial de nuestra provincia, una vez se alcen las medidas que se adoptaron con la declaración del estado de alarma, y aún más tras tener conocimiento de las primeras iniciativas que están circulando sobre medidas organizativas y procesales que se pretenden adoptar. Llama la atención que los redactores de estas medidas parecen desconocer la situación de colapso en la que se encontraban la mayoría de los tribunales antes de decretarse el estado de alarma y ello especialmente ante el olvido histórico que, por parte de los distintos gobiernos, han mostrado respecto a la inversión en justicia. Por ello entendemos que es fundamental conocer la dotación presupuestaria que se va a destinar para paliar esta situación, porque sin medios económicos que refuercen, por ejemplo, las plantillas de los juzgados, cualquier medida organizativa está condenada al fracaso.
El Colegio de Abogados de Granada, a través de su Junta de Gobierno, muestra su frontal rechazo y oposición al plan de choque propuesto por el CGPJ. La Corporación profesional manifiesta que el documento elaborado por el CGPJ, además de haber sido diseñado sin tener en cuenta al resto de operadores jurídicos, representa una reforma legislativa y procesal encubierta que en modo alguno se justifica ni se puede admitir en la forma que se plantea. Por el contrario, el Colegio de Abogados apoya las medidas inicialmente planteadas por el Consejo General de la Abogacía Española, las cuales están dirigidas a restaurar de forma progresiva la Administración de Justicia tras Semana Santa, entendiendo que son más eficaces contra el colapso del sistema que está generando la actual crisis sanitaria y se adecuan mejor a la realidad que viven diariamente los Juzgados y Tribunales, justiciables y profesionales que intervienen en la defensa de sus intereses.
El Colegio de Abogados de Málaga manifiesta su rechazo al primer documento de trabajo elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma. El decano, Francisco Javier Lara, ha explicado que las medidas procesales y organizativas que se proponen suponen en la práctica un quebrantamiento del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, tratando de limitar e incluso de disuadir el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos y limitando el derecho de defensa. “En todo caso, el documento revela una grave desconsideración a la función vital que desempeña la Abogacía en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho”, ha manifestado. La reducción generalizada de la segunda instancia, la amenaza en cuanto a la imposición de costas e incluso multas en determinados planteamientos judiciales o el establecimiento de órganos unipersonales son algunas de las cuestiones a las que ICAMALAGA se opone de manera frontal.
En espera a la presentación, el próximo martes, del informe que al respecto está elaborando el Consejo General de la Abogacía Española y que incluirá las sugerencias aportadas por las distintas corporaciones colegiales, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), indica en primer lugar que muchas de las propuestas del CGPJ son, en realidad, “reformas normativas y procesales de gran calado y alcance, más o menos encubiertas y sustraídas al necesario debate público, a la búsqueda del consenso con todos los operadores y agentes intervinientes en la Justicia e, incluso, en algunos casos, a la tramitación parlamentaria” y que, suponen, en la práctica, un retroceso en toda regla de los derechos y garantías que el Estado de Derecho proporciona a ciudadanos y profesionales”. El órgano de gobierno colegial considera, así, que algunas de las medidas formuladas desde el poder judicial, “restringen el acceso de las personas a su derecho a la tutela judicial efectiva en prácticamente todas las jurisdicciones; amplían los supuestos y las cuantías de los juicios verbales; proponen modificaciones estructurales y organizativas de gran afectación y envergadura; plantean la extensión de determinadas prácticas limitativas del derecho constitucional a la defensa; y suponen un desprecio al derecho al descanso de abogados y otros operadores jurídicos”.
El Colegio de Abogados de Albacete muestra su oposición a la propuesta del CGPJ, el mandato de cuyos miembros se encuentra caducado desde diciembre de 2018, se basa no sólo en las medidas propuestas, en su mayoría con pretensión legislativa aprovechando la delicada situación en que nos encontramos, sino en su espíritu y en el mensaje que lanza a la comunidad jurídica, prescindiendo de la más mínima consideración hacía la abogacía, cuya intervención para la realización del estado de derecho es imprescindible, y hacia los ciudadanos, cuidando exclusivamente de sus intereses corporativos y sus planes institucionales, meramente individuales, llegando hasta el punto de considerar que sus integrantes, y sólo ellos, son acreedores del derecho a la conciliación personal y familiar, mientras mantiene al propio tiempo paralizada, casi de modo absoluto, la administración de justicia. El talante oportunista y personalista de las medidas propuestas no es conciliable con la necesaria unión que, para superar la situación creada por la pandemia que sufrimos, es exigible de todos nosotros y, especialmente, del órgano que ejerce el gobierno de aquellos que imparten justicia.
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