La vicedecana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco, ha intervenido hoy en el pleno del Ayuntamiento de Málaga para defender la necesidad de que incrementar la planta judicial, dado que la sobrecarga de trabajo que arrastran desde hace años los juzgados de la capital se ha visto agravada por la pandemia.
En la moción, presentada por el grupo popular y que ha sido aprobada por unanimidad, se insta al Ministerio de Justicia a que acometa ese aumento de la planta judicial para adecuarla a las necesidades de la ciudad con la colaboración de las administraciones autonómica y local en la medida de sus competencias.
En su intervención, la vicedecana ha apuntado que, ante un sistema que ya estaba colapsado, con una de las tasas de litigiosidad más altas de España -la mayor de Andalucía- y con un más que previsible aumento de asuntos en los próximos meses en materias relacionadas con los ámbitos social y mercantil, entre otros, se hace imprescindible actuar para evitar el colapso de la Justicia, que no puede convertirse en un freno para la ansiada recuperación económica.
Además, ha señalado que en los juzgados de Málaga había casi 190 millones de euros inmovilizados a finales de 2020, estancados en las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales. “Ese dinero debe entrar en funcionamiento y servir para reactivar la economía malagueña”, ha sostenido.
En base a estos argumentos, ha incidido en la necesidad de crear de manera inmediata el tercer juzgado de lo mercantil. Málaga es una de las provincias españolas con mayor número de sociedades, a lo que se suma el componente internacional de esas empresas. Todo ello genera una importante conflictividad a la que no se está dando la respuesta que necesita. En cambio, hay otras muchas provincias menos dinámicas que cuentan con más juzgados mercantiles.
Flor Carrasco ha indicado que en una situación parecida se encuentran otros órdenes jurisdiccionales, ya que a la situación de retraso endémico se añade el hecho de que se están reprogramando los señalamientos que se suspendieron durante el primer estado de alarma.
Como consecuencia, se están presentando fechas de celebración de juicios “a todas luces inaceptables” en ámbitos tan delicados como el laboral, del que dependen muchas familias y empresas. “En cuestiones como despidos o reclamaciones de cantidad, se están fijando señalamientos a más de un año vista, con todos los problemas económicos y sociales que se derivan de esta situación”, ha sostenido.
Por último, la vicedecana ha afirmado que la economía y la justicia son dos pilares de la sociedad que están íntimamente conectados y ha asegurado que de su buen funcionamiento depende en buena medida el estado del bienestar “que tanto trabajo ha costado construir en nuestro país”.
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