La propuesta de informe a la norma que regula el Registro se estudiará en un Pleno extraordinario el próximo martes día 13. El órgano de gobierno de los jueces también debatirá ese día otros dos textos sobre la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas

El Consejo General del Poder Judicial celebrará el próximo martes día 13 un Pleno extraordinario en el que se debatirá y votará la propuesta de informe al proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, cuyo contenido incluirá, entre otros, los datos identificativos y el perfil genético (ADN) de los condenados por delitos sexuales.

El texto, del que ha sido ponente la vocal Clara Martínez de Careaga, considera que la configuración del Registro “obedece a un interés general y una finalidad legítima, cual es la prevención e investigación de la delincuencia sexual dirigida contra menores, en preservación del superior interés de estos, que justifica la injerencia en el derecho a la intimidad” en la medida en que los datos que contendrá son pertinentes “y no excesivos” en relación con su objetivo, se conservarán por un periodo de tiempo que no supera el necesario para la finalidad para la que serán registrados –las anotaciones se cancelarán cuando lo hagan los antecedentes penales- y se contempla la rectificación de los datos a instancias del interesado.

La propuesta de informe, no obstante, advierte de que hay aspectos esenciales que se han dejado para el desarrollo reglamentario cuando deberían ser regulados “siquiera a través de una ley ordinaria”, ya que “se ven concernidos derechos de raigambre constitucional –intimidad y vida privada y autodeterminación informativa- que entran en liza y cuya confluencia debe ser resuelta mediante la aplicación de principios constitucionales”.
Entre los aspectos que se abordarán en el reglamento y que, en opinión de la ponente, deberían regularse por ley, la ponente cita el régimen de inscripción y cancelación de los asientos, el acceso a la información contenida en el Registro y la expedición de certificaciones.

Sobre el régimen de acceso, el texto sugiere que no se limite a los órganos judiciales penales o civiles que conozcan procedimientos en materia de familia, “sino que se contemple con carácter general en favor de todos los Juzgados y Tribunales”, siempre que el acceso esté vinculado con el ejercicio de las funciones jurisdiccionales en el marco de los objetivos del Registro y se haga a través de personal debidamente autorizado.

También pide considerar que, además de las Administraciones públicas competentes en materia de protección a la infancia, tengan acceso al Registro “aquellas Administraciones con competencia en protección a las víctimas de violencia doméstica o de género”, dado que la reciente reforma de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reconoce la condición de víctima a los menores, hijos o sometidos a tutela, guardia o custodia de las mujeres víctimas de esta violencia.

Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

El Pleno extraordinario también estudiará la propuesta de informe al proyecto de Real Decreto por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, de la que han sido ponentes los vocales Juan Manuel Fernández y Fernando Grande-Marlaska.

El texto señala que la necesidad de la norma “es incuestionable”, dado que la complejidad de los procedimientos actuales de embargo y decomiso del producto del delito “impiden dar a la recuperación y gestión de los activos procedentes o vinculados a las actividades delictivas la respuesta adecuada, siendo preciso contar con un órgano que, formado por especialistas de diferentes ámbitos y con una visión integral, se encargue de asistir a jueces y, en su caso, a fiscales en la materia objeto de su competencia”.

La propuesta de informe considera acertada, por motivos de racionalidad y eficacia, la adscripción de la Oficina al Ministerio de Justicia y no a otros departamentos como el Ministerio del Interior.

“El modelo elegido, una Oficina dependiente orgánicamente del Ministerio de Justicia y funcionalmente de jueces, tribunales y fiscales, resulta acorde a nuestro actual sistema legal y a los principios en torno a los cuales se articula la competencia para la instrucción de los procedimientos penales”, señalan los ponentes.

Los vocales sí estiman conveniente que la norma explicite que las competencias de la Oficina se proyectan sobre la prevención y lucha contra la delincuencia organizada, de modo que su ámbito de actuación quede claramente definido “en evitación de que pueda desdibujarse la propia finalidad a la que sirve”.

Además, consideran preciso delimitar la competencia y actuación del Ministerio Fiscal, ya que se le atribuyen competencias en orden a la promoción de la actuación de la Oficina en sus distintas funciones “que no se compadecen bien con las que ostenta dentro del actual proceso penal”, en el que la dirección de las investigaciones corresponde a los jueces.

Desarrollo del Estatuto de las Víctimas del Delito

El Pleno, por último, estudiará la propuesta de informe al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y se implementan otras medidas en desarrollo del Estatuto de la Víctima del Delito, de la que es ponente la vocal Concepción Sáez.

El Pleno extraordinario ha sido convocado por el presidente del TS y del CGPJ a petición de los vocales Roser Bach, Victoria Cinto, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez ante el próximo vencimiento del plazo dado por el Ministerio de Justicia para la emisión de los informes.

Durante la reunión, el presidente informará, como también solicitaron los vocales antes citados, del proceso de elección de los nuevos miembros de la Comisión Permanente tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2015, que amplía de cinco a siete el número de sus miembros.