El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas han mostrado hoy su acuerdo respecto de la necesidad de prorrogar en su práctica totalidad el plan de especialización de Juzgados en materia de cláusulas abusivas teniendo en cuenta las concretas necesidades de cada territorio y de cada órgano judicial, así como la evolución del volumen de entrada y resolución de asuntos, variables sobre las que se ha hecho un seguimiento específico durante el presente año. Representantes de las citadas instituciones han mantenido hoy un encuentro telemático que ha sido presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes.

El plan de especialización de Juzgados en cláusulas abusivas se puso en marcha el 1 de junio de 2017 con el objeto de hacer frente a la gran cantidad de demandas presentadas en relación, entre otros asuntos, con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa, a los que se han sumado en fechas más recientes los relativos al IRPH.

Los representantes de las distintas instituciones han analizado los datos estadísticos del último año, que muestran, de una parte, el descenso progresivo y constante de la litigiosidad, incluso teniendo en cuenta las demandas referidas al IRPH; y, de otra, el progresivo aumento de la capacidad de resolución de los órganos especializados. También han podido constatar cómo, pese a la paralización de la actividad judicial durante los meses más duros de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, la situación de los Juzgados especializados ha vuelto a niveles similares, o incluso algo mejores, que los de diciembre de 2019, circunstancia que ha merecido una valoración muy positiva.

Durante el encuentro, el vocal del CGPJ y coordinador del plan de especialización Gerardo Martínez Tristán ha puesto en conocimiento de todos los asistentes el acuerdo con el que, el pasado mes de junio, la Comisión Permanente redefinió los objetivos que debían alcanzar los Juzgados y secciones de Audiencias Provinciales reforzados, medida que tuvo como resultado un aumento de la tasa de resolución de dichos órganos.

Asimismo, Martínez Tristán ha expuesto la posición favorable del CGPJ a mantener la especialización de los órganos judiciales incluso cuando las cifras indiquen una situación normalizada. De hecho, la concentración de los asuntos proporciona a las resoluciones judiciales una uniformidad que redunda en una mayor seguridad jurídica.

Finalización del plan en siete provincias

Teniendo en cuenta la evolución de los datos estadísticos y los informes elaborados por cada Tribunal Superior de Justicia, los asistentes a la reunión han mostrado su acuerdo en aprobar la prórroga del plan de especialización de los Juzgados durante el año 2021, con alguna modificación.

Así, por primera vez, se dará por finalizada la especialización en las provincias de Ávila, Soria, Segovia, Lugo, Ourense, Huesca, Teruel y La Rioja debido a la escasa pendencia de asuntos y a la mínima entrada de nuevas demandas que se ha producido durante el tercer trimestre del año. Tampoco se prorrogará el plan de especialización en Zaragoza pues, a juicio del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, los asuntos pendientes podrán ser resueltos manteniendo las medidas de apoyo vigentes y los de nuevo ingreso podrán ser asumidos por la totalidad de los juzgados de primera instancia de la provincia.

En las provincias de Albacete, Guadalajara, Cuenca, Toledo y Girona, el plan de especialización se prorrogará durante seis meses (del 1 de enero al 30 de junio de 2021) de modo que los órganos judiciales afectados conocerán de este tipo de asuntos de manera exclusiva pero no excluyente, según determine en cada caso la respectiva Sala de Gobierno del TSJ. Semestral será también la renovación del plan de especialización en las provincias de Castellón y Cantabria, aunque en ambos casos los juzgados afectados conocerán de este tipo de asuntos de forma exclusiva y excluyente.

En cuanto a las medidas de refuerzo en los órganos especializados, durante la reunión se ha considerado que deben mantenerse siempre que la pendencia y el volumen de entrada de asuntos lo aconsejen. Durante 2020, los Juzgados de cláusulas abusivas se han visto reforzados por más de 100 jueces y magistrados, entre comisionados con o sin relevación de funciones, jueces de adscripción territorial en funciones de refuerzo y jueces sustitutos adscritos en funciones de refuerzo.

Con el fin de buscar una mayor eficacia, se ha considerado oportuno modificar algunos planes de refuerzo, tal y como ha ocurrido en el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Barcelona, en el que 10 comisiones de servicio sin relevación de funciones han sustituido a tres con relevación de funciones.

También se ha estimado pertinente mantener las medidas de refuerzo en las secciones de las Audiencias Provinciales que conocen de este tipo de asuntos y que tienen una importante bolsa de asuntos pendientes al tiempo que reciben un elevado número de nuevos asuntos. En 2020, tales medidas han consistido en más de 40 magistrados de refuerzo en comisión de servicio sin relevación de funciones.

Además de Martínez Tristán, han participado en la reunión los vocales del órgano de gobierno de los jueces Álvaro Cuesta, Mar Cabrejas, Rafael Mozo, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Pilar Sepúlveda, Juan Manuel Fernández y Nuria Díaz Abad. Por vía telemática lo han hecho los representantes del Ministerio de Justicia -el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues; y el subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno- y de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.