Todos los usuarios están debidamente identificados y autorizados y el sistema graba automáticamente el DNI del funcionario que hace la consulta. El juez de la “operación Tándem” sobreseyó la causa respecto del jefe de la Sección de Informática Judicial del CGPJ tras comprobar que no tiene relación con los hechos investigados

Un informe del director del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial, certifica la seguridad y trazabilidad de las consultas realizadas al Punto Neutro Judicial (PNJ), un portal de servicios orientado a la ayuda a la gestión procesal que opera bajo una red segura de comunicaciones y cuya función es proporcionar a los Juzgados y Tribunales de toda España información de personas físicas y jurídicas en el marco de las correspondientes actuaciones judiciales.

La Comisión Permanente del CGPJ ha dado traslado de ese informe, elaborado tras conocerse la citación como investigado en la “operación Tándem” de Juan Carlos Garcés, jefe de la Sección de Informática Judicial del órgano de gobierno de los jueces, a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, que remitió un escrito al Consejo expresando su preocupación por este hecho y pidiendo información sobre si se había dado “una utilización ilegítima de tratamientos de datos llevados a cabo con fines jurisdiccionales o, por el contrario, de ficheros no jurisdiccionales”.

El informe señala que el PNJ, mediante una red segura de comunicaciones, permite a los Juzgados y Tribunales interactuar con las bases de datos de Administraciones y organismos públicos, así como de determinadas entidades privadas, realizando peticiones de información a más de 20 servicios diferentes. El PNJ fue creado en 2002 y su dirección y gestión corresponde a la Sección de Informática Judicial, cuyo jefe es el responsable “en todas las actuaciones necesarias del ciclo de vida de un sistema información”.

Para acceder a los servicios del PNJ, el funcionario del Juzgado o Tribunal debe estar previamente autorizado por el letrado de la Administración de Justicia, o por su correspondiente responsable en el caso de otros colectivos.

Además, cuando la consulta se refiere a bienes y patrimonio de personas físicas y jurídicas, “el sistema solicita la identificación del asunto judicial, el NIF y de forma automática la aplicación graba en un registro de accesos el DNI del funcionario que ha realizado la consulta, la fecha y la hora, el órgano judicial al que está asignado el usuario, el número de asunto y el NIF de la entidad o persona” sobre la que se realiza la consulta.

La transmisión se realiza a través de redes privadas y de forma cifrada, por lo que la información que se transmite no es inteligible ni manipulable por terceros.

Registro de consultas

De cada consulta se guarda la identificación del usuario, el órgano judicial del peticionario, la fecha y la hora en la que se realizó el acceso y el DNI/NIF del consultado, “lo que permite a posteriori poder identificar en cada caso, el usuario que accedió, a qué servicios y la persona/entidad accedida. La trazabilidad del uso de los servicios del PNJ está garantizada”.

El informe dedica un apartado al sistema de consultas a la base de datos del DNI de la Dirección General de la Policía, explicando que “se trata del único servicio en el que, en vez de enviar el DNI del usuario solicitante de la consulta, se envía el nombre, apellidos y DNI del funcionario responsable de la aplicación”.

“Es decir, el dato que se graba de forma fija y automática en el envío es el del responsable de la Sección de Informática Judicial”, lo que determina que el nombre de éste sea el único que aparece en todas las consultas de este tipo, que hasta el momento suman más de 20 millones.

Una vez comprobada esta circunstancia, y a petición de la Fiscalía, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye la “operación Tándem”, acordó el pasado día 14 el sobreseimiento provisional de la causa respecto de este funcionario del CGPJ.

En el auto, el magistrado señala que “no consta que (el jefe de la Sección de Informática Judicial) haya tenido intervención alguna más que en razón de la gestión de la herramienta informática” que dirige.

Asimismo, y “ante la ausencia de ningún tipo de irregularidad en la actuación profesional de Juan Carlos Garcés”, el Secretario General del CGPJ ha acordado el archivo de las diligencias abiertas cuando se conoció su imputación.