Se cumple el plazo de cinco años que la Ley 18/2011, de 5 julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información en la Administración de Justicia da a las administraciones públicas con competencias en Justicia para que doten a las oficinas judiciales de los medios necesarios para la tramitación electrónica de los procedimientos.
Para afrontar este mandato, el Ministerio de Justicia tiene disponible desde el pasado 22 febrero de 2016 la solución Justicia digital, que consiste en dotar a las sedes judiciales de las comunidades autónomas gestionadas por el Ministerio de los medios necesarios para que el proceso judicial sea digital. Estas sedes cuentan con un sistema de tramitación en el que las comunicaciones (demandas, escritos, notificaciones y expedientes administrativos), firma, visionado y consulta de documentos y archivos, es íntegramente digital, de manera que se ha eliminado el papel del proceso y se han otorgado mayores garantías a todos los actos jurídicos.
La implantación comenzó en la sede de Cáceres y a fecha de hoy las sedes de las capitales de provincia y localidades más importantes de la Región de Murcia, Baleares, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura, Ceuta y Melilla trabajan íntegramente en formato digital con el expediente judicial electrónico, lo que supone un 68% de los juzgados bajo competencia del Ministerio que alcanzan el 65% de los procedimientos del mismo.
Así, el 70% de los escritos se presenta electrónicamente, el número de documentos con firma digital asciende ya a 472.707, se han visualizado 126.370 expedientes en formato electrónico y el 90% de los juzgados disponen de la herramienta que les permite recibir de forma telemática los expedientes de las administraciones públicas. Para ello se ha dado formación a más de 3.700 usuarios del ámbito de competencia del Ministerio entre jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios que diariamente están trabajando en formato digital en los juzgados con estas herramientas.
La segunda fase de la implantación hará que en los próximos meses el resto de oficinas judiciales y las fiscalías del ámbito competencial del Ministerio tramiten los procedimientos íntegramente en modo digital. El proceso culminará con la entrada en vigor del siguiente hito marcado por la ley 42/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obliga al resto de operadores que se comunican con la Justicia (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, centros sanitarios, policías locales, instituciones penitenciarias, etc.) a hacerlo de manera electrónica a partir del 1 enero del próximo año.
Además, a través del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) el Ministerio de Justicia se ha coordinado con las diferentes comunidades autónomas con competencias en la materia, a las que ha facilitado las herramientas de que dispone para implantar la Justicia digital. Asimismo, las ha dotado de un fondo adicional de seis millones de euros para apoyar sus políticas de modernización tecnológica de la Justicia.
Seis meses de comunicaciones electrónicas
Desde el 1 enero al 30 junio de 2016 se han practicado de forma electrónica alrededor de 38 millones de comunicaciones, de las cuales 32.972.922 son notificaciones, lo que supone un 22% más que en el mismo periodo del año anterior; 3.945.583 escritos de trámite, un 219% más que en las mismas fechas de 2015; y 802.277 demandas, un 541% más que en el mismo periodo del pasado ejercicio.
Este sistema de comunicación ha logrado reducir los tiempos dedicados a las actividades que tienen que ver con la presentación y notificación de documentos de 60 días a 19 en los juicios ordinarios. Además se han logrado ahorros de costes en desplazamientos, tiempo y papel por un importe de 258.908.250 euros y se ha mejorado la accesibilidad a la Justicia al haber aumentado un 444% las demandas puestas en día festivo y un 586% las puestas en horario de tarde y noche.
A estas iniciativas se unen otras igualmente beneficiosas para los ciudadanos como la comunicación electrónica de nacimientos a los registros civiles desde los centros sanitarios y la subasta judicial electrónica. Todas ellas, apuestas del Ministerio por una Justicia digital, abierta e innovadora.
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