Madrid, 3 sep (EFE).- La respuesta del Tribunal Constitucional a la agenda del Gobierno de Pedro Sánchez y el futuro de Carles Puigdemont, que mira de reojo la opción de una amnistía, protagonizarán un nuevo curso judicial, que ya empieza marcado por la incógnita sobre el horizonte penal de Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso.

Hace justo un año, el bloqueo político en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en diciembre cumple cinco años en funciones, acaparaba todos los focos del año judicial, que ahora monopoliza el ruido en torno al polémico beso que el ya suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, dio a la jugadora tras ganar el mundial en Sídney.

Un episodio que, al margen de la vía administrativa, está en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tiene claro que "no fue consentido" y ha abierto diligencias para ofrecer a Hermoso la posibilidad de denunciarle por un delito de agresión sexual.

EL FUTURO DE CARLES PUIGDEMONT, TODAVÍA EN EL AIRE

El impacto del caso Rubiales en la sociedad relega a un segundo plano los juicios y procedimientos que siguen su curso este año judicial, que echa a andar el jueves en un acto presidido por el rey, y en el que habrá que estar pendientes del futuro de Carles Puigdemont, cuyo horizonte procesal puede despejarse de una vez por todas.

La Justicia europea tiene que pronunciarse sobre su recurso para restablecer su inmunidad como europarlamentario, retirada por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en julio, una decisión a la que no quita ojo el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para reactivar las euroórdenes contra él y el exconseller Antoni Comín.

Otra cita importante será el 17 de noviembre en el Tribunal de Cuentas, donde se celebrará el juicio a una treintena de exaltos cargos de la Generalitat, incluido Puigdemont, por el supuesto desvío de dinero público al "procés" de 2017 y a su promoción exterior.

Y, entretanto, en la esfera política gana protagonismo una hipotética ley de amnistía, cuyo contenido y aplicación está condicionado a las conversaciones de los socios del Gobierno en funciones con ERC y Junts, pero también a la interpretación del juez Llarena, llegado el caso.

LOS ERE Y LA AGENDA DEL GOBIERNO: TAREAS DEL CONSTITUCIONAL

De llegar a buen puerto, hay pocas dudas de que esa eventual ley de amnistía acabaría en el Tribunal Constitucional, que acumula recursos, fundamentalmente del PP y Vox, contra la agenda legislativa del Gobierno, a los que irá dando respuesta este año.

La conocida como ley del sólo sí es sí, la ley trans, la última reforma de la del aborto, la que derogó la sedición o la ley de Memoria Democrática son algunas de las que están encima de la mesa de un TC que también dará respuesta a los recursos presentados por los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y otros 10 condenados por los ERE.

En su agenda también figura la reforma que prohibió al CGPJ hacer nombramientos estando en funciones, muy contestada por la carrera judicial; varios recursos del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez -uno precisamente contra la retirada del escaño tras su condena por atentado a agente de la autoridad-, y otro de la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, por su expulsión del grupo parlamentario a instancias de Podemos e IU en 2020.

MILES DE RECLAMACIONES COVID, EN MANOS DEL SUPREMO

En el Tribunal Supremo, que acumula ya más de veinte vacantes por la falta de renovación del CGPJ, se conocerá qué ocurre con la avalancha de reclamaciones patrimoniales al Estado por empresarios y autónomos, cuyos negocios no se consideraron esenciales en la pandemia de covid.

Siguen pendientes los recursos contra el indulto a Junqueras y otros condenados por el "procés" y los presentados contra el ascenso de la exfiscal general del Estado Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada, primero, y después de Memoria Democrática, puesto que ocupa ahora.

Además, el 15 de noviembre la Sala de lo Penal analizará en una vista las condenas impuestas por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña.

Y EN LA AUDIENCIA NACIONAL...¿QUÉ PASA CON EL CASO VILLAREJO?

Al margen de lo que ocurra con Rubiales en la Fiscalía, la Audiencia Nacional retomará su actividad con juicios como el que sienta en el banquillo al expresidente valenciano Francisco Camps por una derivada del caso Gürtel, ya en su recta final.

Lo hará poco más de un mes después de conocerse la primera sentencia al excomisario José Villarejo, que le condenó a 19 años de cárcel pero le absolvió de un delito clave en la causa -el cohecho-, con la duda de cómo afectará esto a las decenas de piezas.

También está por saber el destino judicial de la investigación sobre la plataforma Tsunami Democratic y las protestas de 2019 en Cataluña contra de la sentencia del "procés", o el desenlace de otras causas como la del ataque a dos iglesias en Algeciras (Cádiz) que acabó con la vida de un sacristán en enero, que se investiga por terrorismo.

Todo ello en un órgano judicial que acumula grandes causas de corrupción aún sin juzgar -Pujol, Púnica...-, fundamentalmente por falta de salas.