Del 16 al 20 de septiembre se ha celebrado en Guía de Isora (Tenerife) el II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Oficial Portuguesa; las XIX Jornadas Notariales Iberoamericanas; la I Reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y Ministerios Públicos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa; la I Reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento para la XXI Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2025, la 112 Sesión Plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado y el Pleno del Consejo General del Notariado. En total se han dado cita representantes de 30 países y más de 200 juristas entre ministros de Justicia y delegaciones, magistrados, fiscales y notarios.
En diferentes momentos de los encuentros, Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB), hizo hincapié en la “gran amenaza” que suponen los delitos transnacionales para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos: “Tenemos que reforzar la cooperación internacional y estar un paso por delante de esta realidad”. En cuanto a las vías para garantizar el acceso a la justicia y la construcción de instituciones jurídicas eficaces, Gil Botero abogó por la implementación de “mecanismos agiles de cooperación judicial y compartir conocimientos y buenas prácticas”.
También destacó el trabajo que se realiza desde la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), hoy interconectada gracias a la plataforma Iber@, “un canal dispuesto para servir a las distintas Administraciones y operadores de justicia de los países de Iberoamérica en el que hay 28 usuarios de 16 países europeos y 300 usuarios iberoamericanos, así como la conexión de las oficinas de Interpol”. Igualmente resaltó la importancia del proyecto Iberfides, un sistema tecnológico que articula la colaboración internacional en el ámbito de la circulación de documentos notariales. “Todos estos mecanismos fortalecen la justicia como un valor fundamental para la civilidad de la ciudadanía”, aseguró.
Por su parte, la presidenta de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Portuguesa (CMJPLOP) y ministra de Justicia de Santo Tomé y Príncipe, Ilza Amado Vaz, habló sobre los retos que implica la globalización de las comunicaciones y las relaciones entre países, especialmente en materia de seguridad y justicia civil y penal, “situación que requiere una respuesta coordinada y colaborativa entre los diferentes sistemas judiciales para hacer frente a conflictos que van más allá de la jurisdicción de un solo Estado”.
Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, detalló que los ministerios de Justicia deben enfrentar tres desafíos: “Impulsar la modernización del sistema judicial y promover el uso de herramientas tecnológicas; facilitar el acceso igualitario a la justicia y garantizar la seguridad ciudadana, y hacer frente a los grupos criminales”.
José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, destacó la aportación de los notarios a la circulación segura de documentos notariales en Iberoamérica: “Hemos avanzado en el desarrollo de las plataformas Iber@ e Iberfides, ambas ya en funcionamiento, gracias a nuestro Centro Tecnológico del Notariado, con el que contamos desde hace más de 20 años”.
Así mismo, Martínez Sanchiz recordó el valor de la función notarial, no solo para la seguridad jurídica, sino también para la tranquilidad de los ciudadanos. “La intervención notarial constituye un elemento central en la vida y la tranquilidad de las personas; es una manera de alcanzar la paz. Todo pacto que autorizamos los notarios en escritura pública supone un reconocimiento a la dignidad del otro”, declaró. Y concluyó: “La justicia es una aspiración que todos compartimos. En esta línea es fundamental la colaboración entre todos los agentes jurídicos, por eso el Notariado está presente en estas jornadas. No podía ser de otra manera: nos debemos a la Justicia”.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Notario Mayor del Reino, Félix Bolaños, incidió en el carácter transfronterizo de los fenómenos delictivos y puso en valor el trabajo que desarrolla el Notariado español a través de su Centro Tecnológico”. Bolaños llamó a “ampliar el número de países que emplean la herramienta Iber@, ágil, rápida y eficaz para la colaboración entre administraciones de Justicia de Iberoamérica. La conclusión es que necesitamos herramientas comunes. Ninguno solo vamos a poder luchar contra un fenómeno criminal cada vez más transfronterizo. La declaración conjunta que vamos a firmar es buena prueba de cuál es el horizonte al que tenemos que caminar. Un horizonte compartido de problemas y soluciones conjuntas, de que tenemos que reforzar los lazos; tenemos que apostar por la independencia del poder judicial, en la instrucción de las fiscalías y las procuradurías para combatir el crimen organizado. En esta declaración conjunta se pone de manifiesto las conclusiones y los retos de futuro”.
En relación al necesario proceso de modernización de la Justicia, el decano del Colegio Notarial de Cataluña y miembro de la Comisión Permanente del CGN, José Alberto Marín, subrayó el papel esencial del notario “como piedra angular de la seguridad jurídica preventiva”. En concreto, sobre la digitalización de las actuaciones notariales en España, el decano señaló que “la Ley 11/2023 ha supuesto un espaldarazo para la tecnología notarial al crear el protocolo electrónico y regular los otorgamientos a distancia por videoconferencia”.
“En la actualidad -prosiguió- disponemos de un Centro Tecnológico con dos sedes, una en Madrid y otra en Barcelona, con unos 350 técnicos que lo componen. Cada día utilizan directamente la plataforma notarial más de 20.000 profesionales, entre notarios y empleados de notarías; y cada año los 2.700 notarios españoles utilizan la firma electrónica cualificada en 15 millones de ocasiones”.
En esta línea, Marín ofreció algunas cifras para situar la magnitud de las comunicaciones e intercambio de datos en los que participa el Notariado español: "Tenemos acceso a más de 5.000 entidades locales con las que se realiza la consulta en línea y en tiempo real. En 2023 se realizaron más de 1.200.000 comunicaciones a ayuntamientos para poner en su conocimiento hechos imponibles que dan lugar al devengo de impuestos. También más de un millón de cambios de titularidad en el Catastro Inmobiliario; se remitieron a la Agencia Estatal Tributaria 4.200.000 documentos por vía electrónica; y se realizaron más de 400.000 liquidaciones de impuestos por vía telemática con las comunidades autónomas. Esta actividad culminó con la expedición de más de 5.000.000 de copias electrónicas que han dado lugar, además de otros muchos efectos, a más de 3.000.000 de inscripciones en registros de la propiedad y mercantiles.
La información contenida en las escrituras públicas notariales es también indispensable para la colaboración de los notarios en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado, explicó que los profesionales de este órgano buscan “la incongruencia económica de las operaciones jurídicas”. “Nuestra labor es la coordinación de las actuaciones de los notarios en la prevención del blanqueo de capitales. Desde el OCP se analizan los datos del Índice Único Informatizado, segunda mayor base de datos de España -que contiene información de 44 millones de personas físicas y más de un millón de personas jurídicas-, se secuencian esquemas de riesgo y, tras examinar también las operaciones sospechosas que les comunican los notarios, se informa al respecto al SEPBLAC y a las autoridades judiciales y policiales que luchan contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.
Clausura de los encuentros
En la sesión del viernes se hizo balance de los 20 años de funcionamiento de la IberRed y de Iberfides, la plataforma tecnológica de los notariados iberoamericanos. A continuación, los ministros de 16 países firmaron la Declaración de las Islas Canarias (adjunta a esta nota).
En el acto de clausura, presidido por el Ministro español, participaron también el secretario de la COMJIB, el presidente del Consejo General del Notariado, el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, Homero López Obando, el Fiscal General del Estado en representación de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, Álvaro García Ortiz; el presidente de MPCPLP-Procurador General de Santo Tomé y Príncipe, Kelve Nobre de Carvlho; y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Elena Martínez Rosso. A continuación, y, para concluir, se hizo entrega de las medallas al Mérito de Justicia con distintivo de Oro del Gobierno de Canarias al Consejo General del Notariado y a los colegios notariales de las Islas Canarias, Cataluña y Valencia, así como a sus decanos, por su contribución a la isla de La Palma donde se abrieron tres notarias provisionales para atender gratuitamente a los damnificados por el volcán.
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