Convencido de que las nuevas tecnologías incrementan la transparencia, el titular de Justicia ha subrayado que España es ya uno de los países que más fuerte ha apostado por la administración electrónica. Además, ha incidido en que la forma más eficaz para luchar contra la lacra de la corrupción tanto pública como privada, que amenaza la estabilidad y la seguridad de las sociedades, es transitar hacia un modelo de Estado abierto que incorpore atributos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Catalá ha explicado que los casos de corrupción aflorados en los últimos tiempos demuestran, precisamente, que el Estado de Derecho funciona, que la Policía hace su trabajo, y que la Justicia y la Ley actúan para todos, independientemente del nombre, siglas o cargo, y ha mencionado algunas de las últimas reformas normativas aprobadas por el Gobierno que han actuado en esa misma dirección.
En relación con el procedimiento judicial, Catalá ha recordado que desde el pasado mes de septiembre cualquier persona que intervenga en un proceso en sedes del territorio del Ministerio de Justicia puede consultar el estado de su expediente durante las 24 horas de todos los días de la semana y está previsto que en breve se pueda acceder al expediente completo por vía telemática.
Igualmente, se ha incrementado la transparencia en las subastas judiciales electrónicas, en las que cualquier ciudadano puede acceder y participar de forma sencilla desde la página web del BOE. Esta participación ha pasado en pocos meses de un 5% hasta el 35%, eliminando las malas prácticas y las influencias de los subasteros.
Catalá ha hecho también un repaso de la actividad legislativa del Gobierno durante los últimos años, en los que se ha puesto en marcha una batería de reformas enfocadas a la lucha contra la corrupción como nunca antes se habían realizado en España durante los 40 años de democracia. Entre ellas, ha destacado la Ley de Transparencia, la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo, la nueva normativa de financiación de los partidos políticos, la reforma del procedimiento penal mediante la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el nuevo Código Penal por el que ahora un cargo público condenado por un delito de corrupción no puede ir en listas electorales durante el tiempo que dure su condena.
No hay comentarios.