El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha señalado el martes 25 de octubre que la necesaria reforma de la Justicia en España debe ir “más allá del pacto parlamentario” y por ello propone una Estrategia Nacional de reforma que incorpore además de los partidos políticos, a las instituciones “y a los profesionales de la justicia, que son sus verdaderos protagonistas”. Entre otras materias a pactar se refirió a la reducción de aforamientos, reforma de la ley del indulto y un nuevo código procesal penal.
Catalá se ha referido a esta Estrategia Nacional durante su intervención en los “Encuentros de El Español”, organizado por el periódico digital, donde ha señalado que el actual momento de inminente formación de un nuevo Gobierno es el más “propicio” para comenzar a trabajar en esta reforma.
Debería trabajarse a partir de cinco consensos según Catalá: contra la corrupción, fortalecimiento el Estado de Derecho, avanzar en la agilidad de la Justicia, transformación digital y el impulso de la Justicia orientado a las personas.
A juicio del ministro en funciones de Justicia y Fomento, “la priorización en la agenda política que España necesita no es cosa fácil”, pero habrá que dedicarse a ello porque en el Parlamento ya lleva demasiado tiempo “diferida y demorada”. A su juicio “no hay otro camino que el diálogo y el consenso”, ha añadido.
Esta reforma, a su juicio, parte de la dificultad creada por el “complejo entramado” que creó nuestro modelo constitucional por las diferentes funciones que atribuye al Consejo General del Poder Judicial(CGPJ), el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado; a lo que hay que sumar el triple enfoque que se da la Justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, derecho fundamental y servicio público.
A ello se añade, según Catalá, que “tenemos unas reglas procedimentales diseñadas para otro tiempo y circunstancias y se manifiestan inadecuadas para el momento actual”, y que no debe olvidarse que la seguridad jurídica “es una potentísima palanca de crecimiento y creación de empleo, pues dotan de certidumbre y confianza, sustrato necesario para el desarrollo económico y la inversión”.
CONTRA LA CORRUPCIÓN
En lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, Catalá ha señalado que deben crearse espacios contra la impunidad y ha lamentado que, pese a que los jueces ejercen su labor con independencia, ” la percepción ciudadana no es esa”. Dicha percepción está vinculada al modelo de elección de los vocales del CGPJ, ha añadido.
En este sentido, ha propuesto un “cambio en el modelo de elección” si bien no se ha decantado por ninguno señalando que se debe encontrar “una alternativa al modelo actual”. “Puede haber alternativas diversas, estudiémoslas”, ha señalado, sin decantarse por ninguna fórmula en concreto.
Ha añadido que “frente a la corrupción no no hay mejor vacuna que la ley, la ejemplaridad y la justicia”, y que la existencia de los juicios e investigaciones por corrupción demuestran que “la Justicia funciona”.
Para seguir avanzando en esta lucha ha señalado que es necesario reducir los aforamientos, reformar la ley de indultos para especificar en qué tipo de delitos no se conceden y regular la actividad de los lobby, además de aprobar de una vez un nuevo código procesal aprovechando los textos que ya trabajaron sus predecesores como Francisco Caamaño y Alberto Ruiz-Gallardón.
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