El ministro de Justicia, Rafael Catalá, presidió el lunes 03 de octubre la sexta reunión de la Comisión para la Justicia digital en la que ha hecho un llamamiento a mantener el impulso de la digitalización de la Justicia a través del despliegue efectivo en todo el territorio del sistema Justicia digital y de la inclusión de los nuevos colectivos y organismos que desde el próximo 1 de enero están obligados a comunicarse en formato digital con la Administración de Justicia.
Catalá ha apelado al trabajo conjunto de todos para abordar este próximo reto y reforzar así la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para una transformación digital plena de la Justicia en el año 2020. El ministro ha subrayado la necesidad de impulsar una Estrategia Nacional de Justicia que contemple además, la definición de un sistema de gestión procesal único para toda la Administración de Justicia.
En relación con las comunicaciones electrónicas entre los profesionales de la Justicia y los órganos judiciales, el ministro ha destacado que están funcionando con normalidad en todo el territorio. Desde el 1 de enero y hasta el 22 de septiembre se han producido más de 50 millones de comunicaciones a través del sistema LexNET entre notificaciones, presentación de demandas y escritos de trámite.
Respecto al reto del 1 de enero de 2017, Catalá ha enumerado las experiencias piloto de comunicaciones electrónicas que se están poniendo en marcha en las comunidades autónomas con la competencia no transferida (territorio Ministerio).
El ministro ha recordado que las comunicaciones electrónicas son sólo un eslabón del sistema de Justicia digital que permite el tratamiento electrónico de los expedientes judiciales y que ya es una realidad en 23 partidos judiciales del territorio del Ministerio de Justicia. A partir de este mes de octubre, está previsto completar su implantación en todos los juzgados de las capitales de provincia y localidades más importantes del territorio Ministerio, en un proceso que culminará en 2017 con su puesta en funcionamiento en los partidos más pequeños.
Catalá ha destacado el esfuerzo del Gobierno que, a pesar del escenario de contención presupuestaria, ha permitido la distribución de una partida de 6 millones de euros entre las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia para proyectos tecnológicos. También ha recordado la aprobación en el último Consejo de Ministros de una excepción al cierre del presupuesto de casi 2 millones de euros para la adquisición de ordenadores portátiles de última generación para proveer a jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.
La sexta reunión de la Comisión para la Justicia digital ha contado con una mayor presencia de las comunidades autónomas con competencias transferidas, con la participación del director general de Justicia de la Xunta de Galicia, Juan José Martín; el director de Justicia del Gobierno Vasco, Manuel Valín; y el secretario autonómico de Justicia de la Generalitat Valenciana, Ferrán Puchades; así como de representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias y del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica. Por parte del Ministerio de Justicia han asistido la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; y el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado. Asimismo han participado representantes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, de los ministerios del Interior; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social; así como de los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales.
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