Así, el ministro ha planteado la necesidad de caminar hacia una Justicia más ágil y eficiente, incluyendo algunos cambios culturales en la propia sociedad a la hora de resolver los conflictos. Ese modelo supone la necesidad de completar la transformación digital emprendida, mejorando la percepción de la independencia judicial y consiguiendo fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones. Igualmente, entraña la obligación de continuar la lucha contra la corrupción, mejorando la relación de la propia Justicia con sus profesionales, generando leyes al servicio de las personas y consolidando la seguridad jurídica que hace que España sea un país que inspire confianza.
En este sentido, Catalá ha citado la agilidad de la Justicia como el primero de los desafíos y probablemente el más antiguo. Para el ministro, la dilación puede corregirse con la revisión de procesos, empezando por el penal. Para ello, considera necesaria una nueva ley que nos sitúe definitivamente en el siglo XXI y en el entorno europeo, otorgando al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación y un nuevo proceso penal que ponga fin a los juicios interminables.
La nueva legislación defendida por Catalá sustituiría el sistema inquisitivo por un modelo acusatorio en el que el protagonismo recaería en el juicio oral, mejoraría las garantías de defensa al permitir a todas las partes intervenir en la fase de investigación, simplificaría procedimientos y recursos, mejoraría la coordinación policial y articularía un procedimiento especial de investigación y enjuiciamiento conjunto de menores y mayores de edad en supuestos de especial gravedad.
Para ello, sería necesario reformar el Estatuto Fiscal reforzando la autonomía de los fiscales. Catalá ha recordado que los principios de actuación de la Fiscalía son la legalidad y la imparcialidad y están garantizados a través de la unidad de actuación y la dependencia jerárquica, existente en todos los países.
Como segundo punto de este decálogo, el ministro aboga por una Justicia más eficiente a base de organizar mejor sus recursos con un reparto más equilibrado de las cargas. Para ello, como importantes puntos de referencia, Catalá ha citado la implantación definitiva de la Oficina Judicial y Fiscal, los juzgados especializados y un Registro Civil desjudicializado, igual de público y gratuito, además de digitalizado.
En cuanto a los cambios culturales, ha destacado las fórmulas de mediación, arbitraje o jurisdicción voluntaria como formas de resolver los conflictos desde el acuerdo. Además, Catalá ha insistido en el avance irreversible hacia una transformación digital de la Justicia que permita que exista un sistema de gestión procesal común y que toda la Justicia española funcione de forma electrónica.
En relación con la mejora de la percepción social de la independencia judicial, Catalá ha incidido en medidas que ya cuentan con importante apoyo, como el nuevo modelo de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, la supresión de la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia o la regulación del tránsito profesional entre el mundo de la judicatura y el de la política.
Otros hitos importantes dentro de su decálogo de ideas son el fortalecimiento de la confianza de la sociedad en las instituciones desde la transparencia y la regeneración democrática, para lo que defiende la limitación de aforamientos y el desarrollo de una Justicia abierta y más conectada con la sociedad. En esa línea, destaca la necesidad de persistir en la lucha contra la corrupción y, si bien ha recalcado que ningún Gobierno anterior ha generado tantas leyes para tratar de erradicarla, reconoce que, se pueden hacer mejoras en cuanto al sistema de protección del denunciante o la regulación de los lobbies.
Por otra parte, para el ministro de Justicia resulta de especial importancia la mejora de las relaciones del propio sistema de Justicia con todos los profesionales que en él operan y que deben participar en sus reformas. Uno de los objetivos principales, ha dicho, es conseguir una Justicia y unas leyes que estén al servicio de la sociedad y de las personas. Las mejoras en esta cuestión pasarían por aumentar la protección de los colectivos más vulnerables, optimizar la protección de derechos de los ciudadanos con una Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, un nuevo Código de Comercio adaptado a los tiempos actuales o una regulación hipotecaria que refuerce las garantías del consumidor mediante un sistema bancario más transparente.
Por último, Rafael Catalá ha destacado la importancia de la seguridad jurídica, un factor que inspira confianza, fortalece la posición de un país y atrae la inversión frente a los riesgos de inestabilidad e incertidumbre. En este sentido, el ministro ha hecho un llamamiento a proteger nuestro Estado de Derecho sustentado en la Constitución y anclado en tres pilares básicos como son la ley, la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos sea cuál sea el lugar en el que vivan. Cumplir la ley no es una elección, ha dicho el ministro, sino una obligación y quien decide no cumplirla hace un flaco favor a la democracia, a la sociedad y a los ciudadanos a los que sirve.
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