El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido la eficacia de la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos y respuesta práctica a viejas dolencias de nuestra Justicia, como el exceso de litigiosidad, durante la inauguración de la Jornada sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y mediación organizacional en la empresa llevada a cabo por la Asociación Española de Mediación (ASEMED).

El ministro ha destacado que la Ley de Mediación de 2012 y el Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre que la desarrolla han establecido un marco regulatorio inexistente hasta el momento que ha puesto a disposición de la sociedad 2.500 mediadores, 1.300 mediadores concursales y 78 instituciones de mediación en busca de soluciones concertadas, rápidas, razonables y alternativas a las que pueden suministrar los tribunales.

En el terreno económico concretamente, Catalá se ha mostrado convencido de que la mediación es una poderosa herramienta frente al riesgo ya que se anticipa a los problemas y minimiza o evita sus efectos. Además, ha dicho, no puede limitarse al entorno familiar o laboral, sino que debe llegar al ámbito empresarial ya que es el más adecuado para aprovechar al máximo sus potencialidades y la cualificación de sus profesionales. De hecho, la reforma del Código Penal impulsada en 2015 a través de la Ley Orgánica 1/2015 extendió la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo así el concepto de debido control y autorregulación en las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

El ministro ha precisado que, una vez establecido el marco estatutario de la mediación, a partir de ahora se trata de desarrollar una labor de difusión y divulgación entre los ciudadanos para que sepan que pueden resolver sus conflictos por otra vía distinta a los tribunales, tanto en el ámbito laboral, como civil y mercantil.

También ha destacado Catalá la necesidad de que todos los profesionales (abogados, ingenieros, economistas, etc.) se involucren en la concienciación ciudadana y divulgación de esta herramienta, tal como se contempla en los distintos convenios que el Ministerio de Justicia está firmando con los colegios profesionales ya que debe ser tarea de todos promover una cultura de la concertación y del acuerdo propia de las sociedades democráticas más avanzadas.