El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para presentar su plan estratégico, Justicia 2030, para la transformación del Servicio Público de Justicia. Campo ha explicado que se trata de un plan con un horizonte a 10 años que impulsa el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas para la transformación del país.
Basado en el diálogo, la transparencia y la cogobernanza, Justicia 2030, según ha explicado Campo, “es una estrategia para hacer el Servicio Público de Justicia más accesible y eficiente, y para contribuir al esfuerzo común de cohesión y sostenibilidad”.
Un proyecto que, según Campo, “no entiende de ideologías ni de colores políticos, sino de vocación de servicio público, es lo que demanda la ciudadanía, por eso debe hacerse entre todos”.
Justicia 2030 tiene tres objetivos, según ha explicado Campo: hacer accesible la Justicia, conectándola con la sociedad y la ciudadanía; mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprovechando el contexto social y el cambio digital; y contribuir al proyecto global de país, es decir, a la transición económica, social y ambiental.
La situación provocada por la pandemia y el nuevo horizonte presupuestario son clave en el desarrollo de esta hoja de ruta para el ámbito de la Justicia. Según Campo, el sector Justicia tiene que ser palanca de la recuperación económica, y esta recuperación, a su vez, debe fortalecer y desarrollar el Estado de Derecho, en línea con las políticas europeas.
Consecución del proyecto
El ministro de Justicia ha iniciado la comparecencia explicando el trabajo realizado por su departamento en estos meses de pandemia, que constituye el Plan 0 de Justicia 2030. Según Campo, desde el Ministerio se ha impulsado la ley 3/2020 de medidas procesales y administrativas para afrontar la crisis provocada por la pandemia, los planes de choque, el trabajo deslocalizado y la inmediación digital.
También se ha impulsado la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Ley de eficiencia procesal o la Ley Orgánica de la Fiscalía Europea, entre otros muchos trabajos, según ha explicado.
Campo ha destacado que este camino recorrido no es solo mérito del Ministerio que dirige, sino de todas las Comunidades Autónomas (CCAA), la Fiscalía, el CGPJ, los distintos colectivos profesionales y los sindicatos.
Ahora se inicia una nueva etapa dentro de la hoja de ruta, alineada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una estrategia que se va a desarrollar hasta 2026 con un plan financiero definido de 410 millones de euros, y en el que las CCAA que tienen competencia en administración de Justicia serán una pieza esencial, siguiendo el modelo de cogobernanza llevado a cabo hasta ahora.
Todos los objetivos y proyectos de Justicia 2030 están orientados, según ha explicado el ministro, hacia la ciudadanía, que necesita que la transformación haga al servicio más accesible, ajustado a la demanda social cotidiana y asegurando que nadie se quede atrás; y hacia la conexión del servicio con el proyecto de país y la construcción europea en el nuevo contexto.
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