La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), considera insuficientes las medidas adoptadas en el Real Decreto de 28 de abril de medidas procesales y organizativas en el Ámbito de la Justicia. A pesar de que desde la Asociación se valora positivamente el interés de la Administración Pública de mejorar el proceso concursal y que introduce medidas importantes en el proceso concursal, desde la misma se considera que no llegan a cubrir los objetivos que se perseguían, como es atender a los negocios que se encuentran en concurso de acreedores y a los que se prevén debido a la situación causada por el COVID-19.
Con ese mismo fin, ASPAC elaboró una batería de medidas para agilizar los procesos tanto a nivel general como a nivel particular en los juzgados mercantiles. Dentro de estas propuestas, se encontraba poner al servicio de los Juzgados los despachos de administradores concursales, para que pasara así a ser un órgano auxiliar del juzgado. Desde la Asociación entienden que, de haberse llevado a cabo esta medida, sí se habría cumplido con el objetivo del Gobierno.
Otro de los aspectos que la Asociación no comparte con el Real Decreto es la habilitación del mes de agosto como laborable. Diego Comendador, presidente de ASPAC, señala: “Consideramos que habilitar parte del mes de agosto, además de ser perjudicial para los profesionales, los beneficios al funcionamiento judicial son nulos o escasos. Los letrados de la Administración de justicia, los fiscales y restantes funcionarios tendrán sus vacaciones escalonadas en el tiempo. Entonces, si cada titular del juzgado disfruta de sus vacaciones, sin juicios y sin dictar resoluciones durante dicho periodo, el parón se producirá de todas formas. Por ello, creemos más razonable y práctico concentrar el periodo vacacional de todos los profesionales de la justicia en el mes de agosto, salvo actuaciones urgentes”.
Desde ASPAC apuestan por la apertura de un debate en el Congreso de los Diputados que dé pie a introducir, a través de enmiendas, medidas que puedan ser útiles y eficaces para la resolución efectiva del atasco de la justicia ordinaria tras el estado de alarma.
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