Tarea nada fácil me piden esta vez, propuestas concretas de mejora de la Justicia, y como dice el soneto, “…en mi vida me he visto en tal aprieto…”. Intentaré aportar ideas, tras meditar y recabar valoraciones de buenos amigos que intervienen en la Justicia directamente, y teniendo en cuenta mi procedencia procesalista (y por ello dedicación a las jurisdicciones civil y penal), con la esperanza de que resulte una crítica re-constructiva. Aquí van diez propuestas, de las muchas que caben, y solo con las mejores intenciones, porque al ser realista creo en los milagros.

1. Pacto de Estado para la Justicia. Recientemente acaban de redactar los jueces, en una propuesta unitaria de las asociaciones judiciales, lo que era un clamor desde hace muchos años de este, del resto de colectivos que trabajan por y para la Justicia y de la propia ciudadanía. Es exigible un pacto garantista que comprometa a todos los grupos políticos y logre soluciones  estables e independientes del gobierno de turno.
2. Reformas legislativas. Más consensuadas y reposadas. Evitemos la insoportable pesadez (disculpas a M. Kundera) de las consecuencias del peligroso cóctel de lo mucho mezclado (o agitado, aquí es igual) con lo precipitado. Y, por descontado, que cada nueva medida legislativa se acompañe de un estudio presupuestario y, posteriormente, de una partida adecuada.
3. El Consejo General del Poder Judicial. Con respecto a la elección de los doce vocales judiciales por las Cámaras (déjà vu, ¿verdad?), muchos desearíamos una vuelta al sistema original de elección por los propios jueces.
4. Fiscalía General del Estado. Eliminaría su propuesta por el gobierno y propondría que esta dependiera de los propios fiscales. Sería imprescindible una modificación constitucional, sí, pero, ¿se quiere o no una Justicia realmente independiente que lo sea y que la percibamos siempre así? Ética y estética para esa propuesta. Por esa misma razón, se deberían revisar ciertos nombramientos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. 
5. Dotación precisa de medios materiales y personales en los tribunales. La sobrecarga de trabajo en nuestros tribunales no resulta discutible (el número de jueces por habitante en España está por debajo de la media europea). Aunque algunos profesionales consultados opinan que con los trabajadores que hay en Justicia son suficientes -siempre, eso sí, que varíe la organización del trabajo- la mayoría opina que es patente la necesidad de mayores medios materiales y personales. Personalmente estoy entre ambas posturas, creo en las necesidades de implantación efectiva de la Oficina Judicial acompañada del inexcusable presupuesto para ello, de racionalizar el trabajo y de crear otras figuras que existen en países de nuestro entorno que aligeran la carga de trabajo (por ejemplo, en Familia, figuras como la del coordinador parental).
6. Nuevas tecnologías. Introducción real –y sosegada- de las nuevas tecnologías, acompañada de la formación necesaria para todos los usuarios y de respuestas rápidas ante los problemas tecnológicos que surgen en el trabajo diario. Hace muchos años que la incompatibilidad de distintos sistemas informáticos procesales en diversas CCAA está generando demasiados problemas aún sin resolver. La necesidad de mayor formación necesaria, y a tiempo, en la implantación de nuevas tecnologías es un hecho. Cualquier innovación en esta materia debe planificarse bien en tiempos y espacios, con transición suficiente de unos sistemas a otros para poder tener capacidad de prever posibles inconvenientes y desarrollar alternativas y respuestas.
7. Pensar en fórmulas de motivación para los trabajadores de Justicia. Y no me refiero únicamente a una retribución adecuada (también; especialmente en casos como el de los Letrados de la A.J si se les atribuyen nuevas funciones, como ocurrió con la reforma de 2009; o retribución de las guardias más apropiada…). Tanto o más importante, es el reconocimiento del trabajo individual, ¡hay muchos modos!, así como una revisión del sistema de promoción igualmente, debido a que el actual no parece terminar de satisfacer.
8. ¿No podemos plantear un sistema de admisión previa de asuntos que deban resolverse en vía jurisdiccional? Pienso que hay demasiada judicialización porque entra en esta vía lo razonable y lo que no lo es. En todo caso, podrían reducirse los trámites procesales que siguen siendo largos y, en muchas ocasiones, repetitivos.
9. La fase de instrucción en la jurisdicción penal. ¿Podría reconducirse finalmente? En el caso de los delitos graves, únicamente con la Fiscalía dirigiendo a la policía para delitos graves. Dejemos un único juez (o tribunal) para tomar las riendas tras esa instrucción.  En el caso de los delitos leves, modificaría la configuración actual (y nueva) de la instrucción para estos delitos reduciéndola a la mínima expresión procesal y sin intervención judicial, igualmente. En caso de restricción de derechos fundamentales en fase instructora, habría varias opciones (una: los fiscales; no veo excesivo inconveniente).
10. Mejora de la comunicación del Derecho, con expresión jurídica clara para que los destinatarios reales de todas las decisiones en materia de Justicia puedan comprenderlas; requerimiento que, una vez más, ha manifestado la ciudadanía y recoge el barómetro externo del Consejo General de la Abogacía Española en 2015.