El Colegio de Abogados de Málaga expresa su rotundo rechazo al citado Real Decreto-ley por ser claramente ineficaz y, tal y como ya manifestó el pasado 12 de abril, insiste en que declarar hábil agosto y garantizar el respeto a las vacaciones de los jueces y del conjunto de los funcionarios de la Administración de Justicia no es compatible con el pleno rendimiento del sistema, de modo que no se recuperará el atraso que se está acumulando en los juzgados. De hecho, este programa supondrá en la práctica la ralentización del sistema durante siete meses (junio, julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre y diciembre) en lugar de uno solo (agosto). Igualmente, tampoco es aceptable que los abogados tengan que estar a plena disposición en el mes de agosto, pero no así los restantes operadores jurídicos.
La Junta de Gobierno señala que aún más preocupante se presenta el panorama para los abogados y abogadas con hijos menores de edad y en edad escolar. Todo ello sin olvidar las dificultades que presentará en agosto la comparecencia de testigos, peritos, e incluso partes.
El Colegio lamenta que el Ministerio de Justicia haya ignorado la posición de la Abogacía en su plan para recuperar la actividad judicial, ya que los 83 Colegios de Abogados de España habían mostrado su rechazo al plan del Gobierno.
Ante esta situación, la Junta de Gobierno de ICAMALAGA ha acordado las siguientes medidas:
• Requerir al Ministerio de Justicia la derogación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
• Instar al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) y al Consejo General de la Abogacía Española a que convoquen una huelga desde el 11 al 31 de agosto.
• Requerir al CGAE a fin de que, en el supuesto en que el Ministerio de Justicia no rectifique sobre la habilitación del mes de agosto, proceda a suspender la firma ACA desde el 11 al 31 de agosto a todos los abogados, en señal de protesta por no contar con la Abogacía para la aprobación de las medidas que resulten ineficaces.
• Exigir en todos los actos procesales la presencia del juez, letrado de la Administración de Justicia, fiscal, forense; y en caso contrario, el abogado no participaría.
• Reclamar la instalación de mamparas protectoras que cumplan correctamente sus funciones, no aceptando plásticos ni similares. También será imprescindible la limpieza y desinfección de sillas, mesas y micrófonos tras cada intervención; Si no se cumplen estas condiciones, el letrado no intervendría.
• Exigir el distanciamiento social adecuado dentro de las salas en las que se celebren actos procesales y en los espacios en que tengan lugar las esperas, cuestión que también sería imprescindible para la participación del abogado.
• Requerir a la presidenta de la Audiencia Provincial, a los 9 jueces decanos, a la secretaria coordinadora provincial (LAJ) y al fiscal jefe, la organización y calendario de las vacaciones de todos los miembros de cada cuerpo y de la totalidad de las plantillas de funcionarios.
• Enviar un oficio a la presidenta de la Audiencia Provincial y a los 9 jueces decanos, informándoles de que a partir del día 6 de mayo, conforme al artículo 19 del RD, todas las asistencias de detenidos y cualquier comparecencia judicial se harán por videoconferencia sin asistencia a los juzgados, debiendo aquellos que carezcan de medios, advertirlo previamente.
• Requerir a la presidenta de la Audiencia Provincial y a los 9 jueces decanos para que para que, con carácter previo a la fecha de la celebración de los actos y vistas procesales, se verifique que están citadas todas las partes, testigos, policía, peritos, forenses, asegurándose de que no habrá suspensiones.
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