Carpeta de justicia

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  • La actual está “diseñada para no ofender a nadie”, ha dicho Eulàlia Pascual en la Jornada de Derechos del Niño celebrada en la Universitat Abat Oliba CEU
  • Ha acusado a España de no cumplir el compromiso vender armas sólo a países en los que se respeten los derechos humanos: “la ratificación de convenios y tratados no es un paripé, sino una obligación legal vinculante”

La presidenta de la Asociación Naciones Unidas España, Eulàlia Pascual, ha formulado dos peticiones claras al Estado español en relación al respeto de los derechos humanos, en general, y de los derechos de los niños, en particular. En primer término, Pascual ha reclamado “el restablecimiento de las leyes de justicia universal”. Desde su punto de vista, la redacción actual de esta norma está hecha “para no ofender a nadie”, y no para perseguir las vulneraciones de derechos fundamentales sin límites fronterizos.

La segunda petición ha apuntado a la venta de armas. Opina que España no debería exportar armamento a países en los que no esté garantizado el respeto a los derechos humanos, ya que a ello le compromete tanto su legislación interna como la ratificación del Tratado sobre Comercio de Armas y su adhesión a la posición común adoptada en la UE. Sin embargo, se siguen produciendo operaciones como la venta de armas a Yemen, ha recordado la ponente. “La ratificación de los tratados no es un paripé sino que establece obligaciones legales vinculantes que los estados deben respetar”.

Pascual ha hecho estas consideraciones en el curso de la V Jornada sobre Derechos de los Niños, organizada por la Cátedra UNESCO en Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural de la Universitat Abat Oliba CEU. Este año, la jornada se ha dedicado el tema de la protección de los derechos de los niños en situaciones de conflicto.

El tema elegido era pertinente porque, tal como ha subrayado la propia Eulàlia Pascual, el informe de 2018 de la Secretaría General de la ONU puso de manifiesto que el año pasado fue “uno de los peores años para los niños que viven en países en conflicto”. Ante esta situación, “todos tenemos la responsabilidad de exigir a los gobiernos que cumplan las normas internacionales”. En este sentido, además de las dos medidas ya mencionadas, ha reclamado las siguientes acciones en el campo de la defensa de los derechos del menor: mayor financiación de los programas internacionales, refuerzo de los tribunales internacionales, la apelación directa al papel del Consejo de Seguridad de la ONU, el fomento de elementos que apuntalan la seguridad jurídica, como los registros de nacimientos o de la propiedad o el incremento de la investigación en prótesis.

Tras la conferencia de Pascual, se ha abierto una mesa redonda centrada en el enfoque jurídico de la cuestión. En esta mesa han participado Carmen Parra, directora de la Cátedra UNESCO y profesora de Derecho Internacional; Xavier Puigdollers, director del ‘Espai Persona’; Joan Lluís Pérez Francesch, director del Institut de Ciències Polítiques i Socials.

Víctimas

Seguidamente, ha llegado el turno de un coloquio focalizado en las víctimas. Los niños suelen ser las primeras cuando se desata una guerra: “son los adultos los que comienzan la guerra y los niños los que las sufren, sin comerlo ni beberlo”, ha denunciado Rosa María Muñoz, de Hospitalarias de Santa Ana.

En las nuevas formas de conflicto, donde no hay frentes estables, “vemos una creciente indiferencia y absoluta falta de respeto a los tratados y convenios internacionales”, ha asegurado el coordinador de emergencias de Médicos sin Fronteras, José Más Campos. Una cosa son las grandes declaraciones y otra “la política que se hace por debajo de la mesa”. En este estado de cosas, la situación se complica para la acción humanitaria. Hoy “llevar una camisa blanca o una cruz roja no te garantiza nada”.

En su relato, Mas Campos ha transmitido su experiencia en países como Congo, Sudán del Sur, Mali, Siria, República Centroafricana o Yemen. Así, no sólo ha hablado de la violencia que se instala en la lógica de las comunidades, sino de todo el corolario de catástrofes que genera: discriminación, explotación, crisis sanitarias, desplazamientos masivos, entre otros.

Para finalizar, ha señalado dos situaciones que le parecen especialmente comprometidas: los estados fallidos y las leyes antiterroristas. En el vacío de poder de los primeros encuentran el camino allanado las bandas y mafias violentas. Las segundas, cuando son demasiado estrictas, establecen una “asimilación de las poblaciones con los grupos terroristas que las oprimen”. De este modo, una organización que ayudase a las personas que viven en estas zonas controladas por terroristas podría ser acusada de financiar al terrorismo, ha descrito el ponente.

Seguidamente ha hablado Mohamed Abdelouahed Allaoui, tècnico del Comité para la Acogida de las Personas Refugiadas de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Se ha centrado en el caso de los menores no acompañados, a quienes prefiere llamar “adolescentes y jóvenes migrados solos”. Allaoui ha presentado algunos datos. Así, ha expuesto que durante 2019 han llegado menos menores no acompañados de los que se preveía, que casi el 90% llega con expectativa de inserción laboral, que el 78% de ellos ha consensuado con su familia su proyecto migratorio o que la mayoría tiene estudios.

La jornada se ha cerrado con la mesa redonda ‘Buscando la paz’. En ella han participado Juan Carlos Valero, periodista y profesor de Periodismo de la UAO CEU; Francisco Villacampa, doctor en Derecho y experto en terrorismo; y Jordi Palou, abogado y experto en mediación internacional (‘Buscando la paz a través de la mediación).




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