El Gobierno de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra formalizaron, el pasado mes de marzo, el ‘Protocolo de colaboración en materia de ejecución penal y justicia restaurativa’, dirigido a propiciar la atención a la salud mental de todas las personas incursas en procedimientos judiciales penales y que trata de coordinar  la relación entre los operadores jurídicos y sanitarios, de forma que la atención a estas patologías psiquiátricas contribuya a reducir la reincidencia de aquellas personas que han cometido delitos a causa de su enfermedad. De esta forma da respuesta a uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el sistema penitenciario español: el elevado número de personas que sufren alguna enfermedad mental, patología psiquiátrica o trastornos adictivos y que cumplen penas y medidas de seguridad privativas de libertad en establecimientos penitenciarios.

Una jornada celebrada en la sede del MICAP por iniciativa del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia ha servido para familiarizar a las y los abogados con los recursos y herramientas que se ponen a su disposición a través del protocolo de colaboración. La decana del MICAP, Blanca Ramos, abrió la jornada con una intervención en la que valoró positivamente tanto su celebración como el contenido del documento. “Los esfuerzos que se desarrollen para contribuir al tratamiento de las personas encausadas o penadas para lograr su resocialización es plausible y algo en lo que la abogacía siempre ha depositado su fe”, indicó Blanca Ramos.

Por su parte, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, enmarcó la elaboración del protocolo en la trayectoria que sigue su Departamento. Recordó que inicialmente se planteó la creación de la Oficina de Ejecución Penal  y después vino la constitución del grupo técnico de trabajo para el análisis y el establecimiento de las líneas estratégicas de un modelo de ejecución penal en Navarra, “supuso una reflexión que no se había hecho antes para plasmar esas líneas básicas en un documento aprobado hace un año orientado a garantizar los derechos de todas las personas bajo supervisión penal, primar respuestas comunitarias y penas no privativas de libertad, potenciar el cumplimiento penitenciario en medio abierto y fomentar la reinserción durante toda la ejecución penal”. Para hacer realidad esos objetivos eran precisas acciones concretas que requirieron la creación del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa de Navarra, del que emanó el protocolo de colaboración suscrito con el Tribunal Superior de Justicia. Anunció que el siguiente hito será la aprobación, si el Parlamento así lo decide, del proyecto de Ley foral de Justicia Restaurativa, Mediación y Prácticas Restaurativas, que ya ha sido redactado.

 

El director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas, destacó “lo positivo para el conjunto de la sociedad de una ejecución penal más humana, más justa y enfocada a la reinserción” que posibilitan las medidas contempladas en el protocolo, y tras comentar que no es casual que la mayoría de las personas presas provenga de los sectores sociales más desfavorecidos, indicó que cuando cumplen sus condenas vuelven a la sociedad con todos sus derechos, “el objetivo es que ese retorno a la convivencia en sociedad se produzca con garantías, y debemos ayudarles en ese proceso de reinserción y facilitarles una vida sin delito”.

 

Jorge Ollero, director del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa, fue el encargado de pormenorizar el contenido del Protocolo en materia de atención a la salud mental de las personas incursas en procedimientos judiciales penales. Dijo que establece un procedimiento que, en primer lugar, contempla la posibilidad de que los órganos judiciales recaben, si lo estiman oportuno, asesoramiento para que antes de la imposición de la pena o medida de seguridad cuenten con un informe previo con la información sanitaria, social y familiar de la persona, y la valoración llevada a cabo por los profesionales sanitarios sobre cuál es el recurso adecuado e idóneo para la persona. En segundo lugar, y una vez dictada la medida de seguridad o pena, propone gestionar el ingreso por los recursos y dispositivos idóneos para la ejecución efectiva de las mismas. Y, por último, prevé realizar el seguimiento de la medida de seguridad o pena impuesta, facilitando la unificación de los informes en caso de que una persona esté sometido a distintas penas o medidas por distintas autoridades judiciales (por ejemplo, medida de seguridad y suspensión de condena).

La ponencia de Jorge Ollero formó parte de una de las dos mesas redondas incluidas en la jornada, concretamente en la que debatió sobre ‘Medidas de seguridad y penas alternativas en Navarra’, en la que también intervinieron Luis Gabriel Martínez Rocamora, magistrado-juez titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Pamplona,  y Amador Ruiz Sanz, jefe del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Navarra. La segunda de las mesas redondas se centró en ‘La Justicia restaurativa intrajudicial en Pamplona’, y tuvo como ponentes a María Paz Benito, magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona y decana; Elena Cerdán, fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra; Maite Virto, coordinadora del Servicio de Justicia Restaurativa, y Belén Garayoa, jefa de la Sección de Justicia Restaurativa.