La compensación económica por el turno de oficio debería ser actualizada y además deberían de remunerarse todas las actuaciones profesionales realizadas por designación judicial. Esa fue una de las conclusiones de las VII Jornadas de Justicia Gratuita que, bajo el lema “Más iguales ante la ley” se han desarrollado el 28 y 29 de octubre en Elche.
Además en las conclusiones se recordó “la importancia de que los Colegios velen para que los profesionales ejerzan el turno de oficio en un solo colegio: aquel en el que el que estén inscritos como ejercientes residentes y tengan su despacho único o principal”.
En estas Jornadas, en las que se analizó en profundidad el funcionamiento del servicio de asistencia jurídica gratuita, se pidió “la actualización de las compensaciones económicas a los letrados, garantizando la dignidad de las mismas y evitando que existan actuaciones profesionales sin reconocimiento”. Esto último fue precisamente una de las principales críticas que se hicieron al nuevo Reglamento de Justicia Gratuita, que entró en vigor en marzo y que fue analizado en detalle.
Los participantes lamentaron, entre otras cosas, que este nuevo reglamento no garantice el cobro de todas las actuaciones realizadas por los abogados de manera obligatoria por designación judicial. “Se ha solucionado de manera parcial”, afirmó en la inauguración la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega.
“A pesar de resolver algunas cuestiones como la justificación mensual de las acreditaciones y los requisitos de los profesionales para la prestación de los servicios, el Reglamento se evidencia insuficiente para dar respuesta a los déficits del sistema”, dijeron las conclusiones.
La creación del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita se consideró “un acierto”. Pero eso sí, se insistió en que “la Abogacía debería tener un peso correspondiente a su responsabilidad en la prestación del servicio (actualmente solo 1 de sus 19 miembros pertenece a la Abogacía)”. “Además se espera que inicie lo antes posible un trabajo efectivo para coordinar y aunar los criterios de las distintas administraciones implicadas”.
También se puso de manifiesto la necesidad de una nueva Ley que sustituya a la que lleva vigente desde 1996. “Se hace precisa una actualización legal ante la evolución de la sociedad, los múltiples cambios legales operados en numerosas áreas y la implantación de herramientas digitales en todos los ámbitos”, afirmaron las conclusiones.
Sobre los servicios de asistencia y orientación jurídicos (el asesoramiento integral a la mujer, y el dispensado a presos, inmigrantes y solicitantes de protección internacional), se reiteró “la necesidad de que sean organizados y dispensados por los Colegios de la Abogacía” evitando su privatización, con el fin de “garantizar la calidad y el control deontológico del servicio”.
Y se reiteró el compromiso de la Abogacía con la formación de los 45.000 profesionales que prestan los servicios de asistencia jurídica gratuita.
En las jornadas se abordaron también los efectos procesales de la designación por turno de oficio, las sanciones disciplinarias introducidas por el nuevo Estatuto y la creciente digitalización de la gestión de los servicios de justicia gratuita. En este sentido, en las conclusiones se señaló que “la eficiencia de la Asistencia Jurídica Gratuita no puede estar supeditada a los instrumentos de gestión y administración”.
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