Con ocasión del 'Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio 2021', el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) reivindica la labor social que realiza la abogacía de la Vuelta de Oficio para garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva e igualitaria.
El vicedecano del ICAB, Jesús Sánchez, y la diputada de la Junta de Gobierno responsable del Turno de Oficio, Carmen Valenzuela, han participado en la rueda de prensa donde se ha dado a conocer la puesta en marcha de un Turno de Oficio sobre el mecanismo conocido como "Segunda Oportunidad 'y al mismo tiempo han hecho balance sobre el funcionamiento del Turno de Oficio a lo largo del año 2020 y los primeros meses de 2021.
Valenzuela expuso que son los estados y los gobiernos los que tienen la responsabilidad de garantizar y financiar el sistema de asistencia gratuita y en nuestro país esta tarea recae sobre los Colegios de la abogacía, que son los que asumen la organización, el desarrollo, el seguimiento y el control de este servicio.
Valenzuela destacó que el Turno de Oficio del Colegio cuenta con más de 3.200 abogados y abogadas adscritos, voluntariamente, los cuales realizaron, a lo largo del año 2020 un total de 152.587 actuaciones a raíz de las 91.190 designas y telefonemas recibidas en la demarcación territorial del ICAB -que incluye Arenys de mar, Badalona, Barcelona, Berga, Cornellà de Llobregat, Gavà, L'Hospitalet de Llobregat, Igualada, Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Villafranca de Penedès y Vilanova y la Geltrú.
Estos datos indican que el Turno de Oficio del ICAB recibió 21.849 designas y telefonemas menos que en 2019, como consecuencia del confinamiento domiciliario debido a la pandemia provocada por la Covidien-19.
Durante los seis primeros meses del año 2021, se han realizado un total de 53.729 designaciones del turno de oficio. Durante el mismo período del año 2020 se realizaron un total de 40.553 designaciones, mientras que durante el primer semestre del año 2019 se realizaron 57.326.
En cuanto a las materias (en relación a los primeros meses de este año), el ámbito penal sigue encabezando el mayor volumen de designas con un total de 28.395 (frente a las 22.692 del mismo periodo de 2020), seguido por la jurisdicción social con 1.951 designas (1.543, en el primer semestre de 2020), y extranjería, con 1.892 designas versus las 1.673 registradas de enero a junio del año pasado. En cuanto al ámbito civil, cabe destacar el fuerte incremento registrado en este primer semestre, con 6.848 designaciones, recuperando así lo que era habitual en otros años y dejando atrás las 3.691 actuaciones registradas en los primeros meses del año 2020.
Respecto a las peticiones de asistencia letrada para víctimas de violencia de género, durante el primer semestre de este año se han realizado un total de 2.098 designaciones. Durante los seis primeros meses del año 2020 se realizaron 1.809, y durante el mismo periodo del año 2019 se solicitaron 1.997 designaciones de abogado o abogada de Oficio.
También se ha querido poner de relieve el elevado grado de satisfacción de la ciudadanía sobre el Servicio del Turno de Oficio, que es valorado con un 8,87 sobre 10, de acuerdo con las siguientes variables: rapidez en el nombramiento de abogado, facilitados con la tramitación de la justicia gratuita, conocimientos y capacidad de los letrados, atención personal y trato recibido, y satisfacción de las instalaciones a los despachos de la abogacía.
El ICAB ha creado un turno de oficio específico de la llamada segunda oportunidad, para resolver el problema de la insolvencia, que ha existido siempre, pero que ahora se puede ver incrementado a consecuencia de la pandemia.
Este mecanismo está recogido en la Ley 25/2015 y permite que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encauzar nuevamente su vida e incluso arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una deuda que nunca podría satisfacer.
El Colegio ha establecido una mesa de trabajo para el estudio y detección sobre la necesidad de legislar respecto al tráfico de seres humanos, la esclavitud del siglo XXI. Este afecta, evidentemente, a las personas más débiles económicamente como son las mujeres y niñas, que se ven abocadas a la prostitución y / o los matrimonios forzados, pero también la sufren los hombres, especialmente, en cuanto para el tráfico de órganos, mendicidad, inclusión en bandas callejeras para perpetrar robos, entre otros.
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, garantiza la asistencia letrada como acusación particular los menores, víctimas de malos tratos y abusos en el su amplio sentido.
A pesar de estos avances, desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona se persistirá en la lucha por defender los derechos de las personas más vulnerables, y que se visualiza a través de la violencia contra la mujer, las migraciones de personas y el tráfico de seres humanos.
Por eso desde el ICAB se seguirá trabajando para fomentar la igualdad, especialmente a través de la educación, ya que se han de transmitir los valores de la corresponsabilidad del hombre y la mujer, y la igualdad de oportunidades para acabar con los estereotipos y valores patriarcales, que aún están vigentes en nuestra sociedad. Es imprescindible igualmente que toda la Administración de Justicia actúe con una mayor perspectiva de género.
Valenzuela ha terminado su intervención poniendo en valor la figura de la abogacía de oficio como garante del derecho de defensa, ya que todo ciudadano / a tiene acceso a la justicia, con independencia de sus recursos económicos. Se trata de un derecho recogido tanto en la Constitución como en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
Por ello, y teniendo en cuenta que la abogacía es una pieza clave para garantizar el derecho de Defensa, en el día de la conmemoración del 'Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio', el ICAB solicita la aumento de la dotación presupuestaria para la Administración de Justicia, ya que si se quiere dar una respuesta eficaz es necesario que este pilar esencial del Estado de Derecho, se modernice, y se digitalice, y se inviertan más recursos materiales y económicos, pero sin olvidar que también es imprescindible una revisión al alza de los módulos de pago. Estos deben estar a la altura de la importante y esencial tarea que desarrollan los abogados y abogadas para garantizar la tutela judicial efectiva, pero también deben ser abonados de forma puntual y mensual.
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