Estas anécdotas nos llevan a pensar que lo que se publica en medios de comunicación podría tener más influencia sobre el proceso judicial de lo que sería deseable. Existen muchos matices a lo largo del proceso que pueden variar en función del contexto mediático en el que se desarrolle el mismo; es precisamente ahí donde el juicio paralelo juega su verdadero papel. Esta influencia no siempre es tan evidente en cuanto al resultado de la sentencia, sino que afecta en mayor medida a aspectos más sutiles.

Esto nos hace pensar que los juicios paralelos tienen un componente más circular—o espiroidal si nos ponemos rigurosos— que paralelo; es decir, el juicio de la opinión pública no transcurre de forma paralela a lo que ocurre dentro de la Sala como dos líneas rectas que nunca se unen, sino que una impacta en la otra, y viceversa, de manera más o menos evidente según el caso concreto.

Desde nuestra función, el objetivo es siempre salvaguardar, proteger o minimizar la reputación de las compañías o personas físicas a las que asesoramos, por lo que incidir en la opinión de los jueces nunca es la finalidad de nuestra gestión. No obstante, hemos tenido interés en conocer la opinión de los jueces para evaluar el alcance e influencia que ellos creen que tiene la opinión pública.

¿Afectan los juicios paralelos a la reputación de las compañías o personas inmersas en un proceso judicial? ¿Se ven influidos los jueces por la presión mediática? ¿Deben las partes en un proceso dar a conocer su posición a la opinión pública? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios? ¿Hay algún mecanismo o medida que se pueda aplicar para minimizar el posible impacto de este fenómeno? ¿Qué soluciones podrían plantearse? 10 profesionales nos dan su opinión sobre todas estas cuestiones.

Sobre el fenómeno de los juicios paralelos

En términos generales, los jueces entienden que son los medios y los periodistas los responsables de la opinión que se construye respecto al proceso judicial. En su mayoría consideran que la manera de informar resulta fundamental para la correcta comprensión del caso y apuntan que “la opinión pública debería formarse con datos objetivos y ciertos de lo que es la realidad”.

El origen del fenómeno

La causa de los juicios paralelos, o su origen primero, es una cuestión muy amplia que puede tener su explicación en factores muy diversos.

Una mayoría de los entrevistados observa que parte del problema de los juicios paralelos se encuentra en la falta de formación jurídica de algunos profesionales de la información. El hecho de invitar a la ciudadanía a participar en un proceso, si no se explica de forma rigurosa y a la vez divulgativa, puede llevar a confusión y a la creación de un juicio entre la población, que opina en base a información imprecisa y/o sesgada.

Impacto e influencia sobre los jueces y la administración de la Justicia

Si hay algo sobre lo que existe un consenso absoluto entre los entrevistados es el efecto dañino del juicio paralelo. Los consultados coinciden en que los juicios paralelos contribuyen de forma negativa a la percepción que tienen los ciudadanos de la Justicia. Pero sin duda la gran cuestión en torno a los efectos de los juicios paralelos está en la posibilidad de que estos juicios extraprocesales afecten a la imparcialidad del juez. Los entrevistados son escépticos a la hora de afirmar que los juicios paralelos realmente lleguen a afectar a su decisión final.

Mecanismos disponibles para mitigar su efecto sobre el juez

Los entrevistados coinciden en que las medidas actualmente disponibles son muy limitadas. Existe la posibilidad de que el juez solicite amparo al Consejo General del Poder Judicial para abrir un trámite judicial, aunque su escasa aplicación lo convierte en una circunstancia muy excepcional en el funcionamiento de la Justicia. Al margen de este trámite judicial, los encuestados apuntan a que, al final, se debe recurrir al esfuerzo personal del propio juez para abstraerse de la presión que pueda recibir.

«Sin duda la gran cuestión en torno a los efectos de los juicios paralelos está en la posibilidad de que estos juicios extraprocesales afecten a la imparcialidad del juez»

Las soluciones planteadas

La mayoría de los entrevistados se remite a la cantidad de información provista por las instituciones judiciales como la clave para una posible solución. Sin embargo, las respuestas no encuentran un punto común que decida si la solución para restringir los juicios paralelos pasa por limitar la cantidad de información o, por el contrario, elevar la transparencia.

Todos los entrevistados están de acuerdo en dirigir las soluciones a unos límites más deontológicos y autorregulatorios que legales. Varios participantes también consideran que las propias oficinas de prensa de los distintos tribunales podrían reforzar sus labores de comunicación.

La comunicación como respuesta conjunta

La complejidad de los juicios paralelos requiere de soluciones conjuntas por parte del Poder Judicial y los creadores de opinión pública. Este ejercicio de responsabilidad informativa debe ampararse en la ética deontológica y en el fomento de la cultura jurídica.

Como se ha indicado a lo largo de este artículo, el efecto de los juicios paralelos muchas veces es inevitable y está, además, amparado en la libertad de expresión. No obstante, un Estado democrático como el español garantiza con sus códigos un margen muy limitado de interpretación para estos profesionales.

Conclusión

Quizás el mundo en el que habitaba el fiscal que mencionábamos en la introducción del artículo, del que nos alejan casi 40 años de distancia, daba la oportunidad de crear lo que uno de los entrevistados denominaba “una campana de cristal” con simplemente apagar dos medios de comunicación: la radio y la televisión. Hoy en día, para bien y para mal, no existe una escapatoria tan sencilla.

Lo que ha quedado en evidencia es que cada día aumenta la necesidad de tener diálogos recurrentes sobre los juicios paralelos que traten de poner sobre la mesa soluciones con las que mitigar sus efectos. Entre ellas, algunas claves pasan por una mayor educación judicial (y, por tanto, democrática), una mayor atención a los códigos deontológicos de los medios y, finalmente, un refuerzo efectivo de la actividad comunicativa de las instituciones.