Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han convocado el primer paro los próximos 5, 6 y 7 de marzo, durante cuatro horas, para manifestar su malestar contra el Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado tras no alcanzar ningún acuerdo sobre sus reivindicaciones retributivas y profesionales.
Así lo han anunciado este lunes en un comunicado conjunto en el que recuerdan que estas movilizaciones que tendrán lugar en “horario de audiencia”, entre las 10.00 y las 14.00 horas, “podrán verse repetidos en meses sucesivos, pudiendo incrementarse la frecuencia a paros quincenales, semanales e, incluso, paros indefinidos”.
Este acuerdo ha sido puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia y del Gobierno de Pedro Sánchez, al que se le ha dado traslado de 11 propuestas “claras, alcanzables y con mínima dotación presupuestaria” que deberán llevarse a cabo para desconvocar las protestas, tal y como afirmaron en un comunicado difundido la semana pasada.
Entre esa decena de medidas, las asociaciones de jueces y fiscales piden que se derogue de forma urgente el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que marca el plazo de duración de las instrucciones de las causas penales, “recurriendo al Real Decreto ley si es necesario”, para evitar “impunidad en caso de corrupción”, como ha ocurrido con el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, que ha resultado absuelto del denominado ‘caso Pasarelas’, al sobrepasar los seis meses marcados por la ley para llevar a cabo la investigación.
MEDIDAS A CUMPLIR POR EL GOBIERNO
La paralización de la ‘Justicia Digital’, el aumento de las retribuciones conforme a la responsabilidad del cargo, por sustituciones o la “recuperación del exceso de bajada” sufrida por la crisis económica, son otras de sus reivindicaciones; así como la convocatoria de 300 plazas en las carreras judicial y fiscal, el incremento de unidades judiciales (75) y de la plantilla de fiscales (80) previsto en el ejercicio presupuestario del año pasado.
También piden que se desarrolle el artículo 437.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se asigne dos jueces de manera permanente a los órganos judiciales sobrecargados, “con el correlativo aumento de plazas de fiscales en las mismas condiciones”.
Las cuatro asociaciones de jueces –Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente– y las tres de fiscales –Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales– advierten que “del cumplimiento de estas propuestas dependerá el calendario de movilizaciones previsto para los próximos meses”.
“En el caso de no avanzarse en ellas, los paros podrán verse repetidos en meses sucesivos, pudiendo incrementarse la frecuencia a paros quincenales, semanales e, incluso, paros indefinido”, añaden, al tiempo que aseguran que “solo hace falta voluntad política”.
Las asociaciones sostienen que estas propuestas no suponen “en ningún caso” la renuncia de todas las exigencias que han manifestado en anteriores paros o en las huelgas realizadas conjuntamente el 22 de mayo y 19 de noviembre del año pasado. Mayor independencia judicial, más autonomía fiscal, mejoras retributivas y profesionales, son las principales reivindicaciones de los jueces y fiscales.
“DECEPCIÓN” EN LAS ÚLTIMAS REUNIONES CON JUSTICIA
Tras la última huelga, las asociaciones han mantenido varias reuniones con el Ministerio de Justicia para estudiar sus exigencias, en las que la Delgado ha ido informando de los esfuerzos de su departamento para atender sus peticiones. Entre ellas, la ministra ha explicado que la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está siendo paralizado por otros grupos parlamentarios de la oposición; o que se encuentra dialogando con el Ministerio de Hacienda para abordar el aumento salarial.
No obstante, los jueces y fiscales han reiterado tras estos encuentros su “decepción” al no recibir ofertas concretas. Después del último encuentro, el pasado 19 de diciembre, fue cuando acordaron volver a emprender un nuevo calendario de movilizaciones, malestar al que sumó el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, los cuáles consideran “insuficientes”.
Por último, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales afirmaron en el comunicado del pasado 23 de enero, que durante la duración de los paros se comprometían a elaborar un plan de trabajo para que, “en ningún caso, se supere el módulo del 100% de cada órgano judicial”, lamentando “anticipadamente” los perjuicios que puedan ocasionar a los ciudadanos esta medida.
No hay comentarios.