Madrid, 10 may (EFE).- Las asociaciones de jueces y fiscales convocantes de la huelga indefinida a partir del próximo martes, 16 de mayo, barajan retrasar el inicio de su paro para "tener un margen mayor de negociación" con el Gobierno, cuya propuesta de unos 46 millones de euros han rechazado por mayoría en la reunión de este miércoles.

as ejecutivas de varias asociaciones ya están valorando "si hay un aplazamiento, que no desconvocatoria, del momento de inicio de la huelga para tener un margen mayor de negociación", ha confirmado a los medios Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en este cuerpo.

Así lo ha expresado también Juan José Carbonero, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más numerosa entre los jueces, quien ha reiterado que la propuesta actual del Gobierno, que supondría una subida de unos 500 euros de media al mes, "no es suficiente".

Sin embargo, y pese a que "no parece que se perciba demasiado avance" en las posturas de unos y otros, confía en que las negociaciones, que continuarán precisamente el próximo martes, "llegarán a buen puerto". "No tengo motivo para pensar que no vaya a ser así", ha añadido.

"Las convocatorias de huelga se pueden desconvocar, se pueden suspender, algunos de los que han participado en la convocatoria de la huelga se puede descolgar, otros pueden mantenerla... Hay múltiples e infinitas posibilidades", ha apostillado sobre el posible aplazamiento del parón.

Por el contrario, las asociaciones progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), las únicas que no se han sumado a la convocatoria de huelga, abogan por aceptar la propuesta del Gobierno, ha informado la presidenta de la UPF, Inés Herreros a su salida del encuentro.

Tras una consulta a sus asociados, que han respaldado en un 94 % la última propuesta económica de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública, la UPF entiende que dicha oferta "no puede rechazarse".

En la misma línea se ha expresado Juan Vacas, representante de JJpD, que ha calificado la propuesta actual de "seria", "responsable" y "favorable para tratar de evitar una situación de crisis todavía más grave en la administración de Justicia".

Tras la anterior ronda de la mesa de retribuciones, Justicia ya apuntó a la falta de consenso entre las asociaciones. Éstas, dijo el Ministerio en su día, "no han mostrado unanimidad ni una postura común en sus demandas".

La oferta del Gobierno, que incluye un paquete de unos 46 millones de euros destinado a subidas salariales, también contempla mejoras cualitativas en las carreras judicial y fiscal, han informado a EFE fuentes cercanas a la negociación, que han apuntado a la posibilidad de que solo las asociaciones progresistas firmaran un acuerdo.

Fuentes de las asociaciones judiciales aseguran que su capacidad adquisitiva ha disminuido un 20 % de media desde 2004, mientras que la oferta del Gobierno supondría un incremento de algo más del 6 % en tres años. Los salarios de jueces y fiscales oscilan, de media, entre los 52.000 y los 131.000 euros brutos al año.

De producirse finalmente, en plena campaña electoral, esta sería la tercera huelga indefinida en la administración de Justicia en lo que va de año, tras la de los letrados, que duró dos meses, y la anunciada esta mañana por los funcionarios de los cuerpos general y especiales a partir del 22 de mayo