El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, han suscrito hoy un protocolo de colaboración en materia de medidas de apoyo judicial que permitirá agilizar la tramitación de los refuerzos en los Juzgados y Tribunales. El protocolo establece la dotación presupuestaria destinada a este tipo de actuaciones así como su gestión económica

En concreto, prevé que la Comisión Permanente del CGPJ pueda prorrogar directamente, por un periodo máximo de seis meses, un total de 53 medidas de apoyo (que se enumeran en uno de los anexos del protocolo) consideradas “estructurales” y que se han venido prorrogando de forma reiterada desde hace más de dos años. Se entiende que estas medidas, cuya finalidad es responder ante situaciones de excepcional retraso o acumulación de asuntos, cuentan ya con la autorización preceptiva del Ministerio de Justicia.

El protocolo determina también el procedimiento para aprobar las medidas de refuerzo que no pueden considerarse estructurales. El CGPJ deberá comunicar cada mes al Ministerio de Justicia la relación de medidas de refuerzo que tiene previsto autorizar (detallando cuál es el plan de actuación, la situación del órgano judicial, la razón que ha provocado el retraso, el volumen de trabajo y el número de asuntos pendientes); por su parte, y también con periodicidad mensual, el Ministerio de Justicia tendrá que validar esas medidas y sólo podrá oponerse en caso de insuficiencia económica.

Entre otras, el protocolo incluye también una cláusula por la que las medidas de apoyo que se aprueben al amparo del mismo no afectarán a las funciones de refuerzo que vengan realizando los Jueces de Adscripción Territorial (JATs) con anterioridad a la entrada en vigor, mañana viernes, de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece el nuevo régimen de llamamientos.

De este modo, los 164 JATs que a fecha de hoy desempeñan labores de refuerzo continuarán en su destino actual, ya que esas asignaciones se entenderán vigentes mientras subsistan las necesidades de excepcional retraso o acumulación de asuntos que motivaron la autorización de las mismas.