Santander, 2 nov (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha condenado al juez Luis Acayro Sánchez a cinco años de inhabilitación por un delito de prevaricación, ya que considera que "ejerció sus funciones fuera de los límites" al investigar la contratación de un abogado por parte de un ayuntamiento cántabro.

La resolución no es firme y la defensa del juez ha confirmado a EFE que la recurrirá "en los próximos días" ante el Tribunal Supremo.

El Colegio de Abogados de Cantabria presentó el año pasado una querella contra este juez, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, tras la denuncia que interpuso un letrado por considerar que Acayro Sánchez le había perjudicado en varios procedimientos.

Tanto ese órgano colegial, que ejerció de acusación particular, como la Fiscalía, consideraron que el juez realizó "una inquisición continuada" de "resoluciones irracionales y a sabiendas" contra ese abogado.

El juez se enfrentaba a quince años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuado, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) solo ha apreciado ese delito en uno de los procedimientos denunciados.

La Sala considera que en el caso de un proceso judicial en el que el abogado representó en 2017 al Ayuntamiento de Castañeda, para decidir sobre la demolición de un edificio, el juez "acordó pruebas que ninguna relación tienen con el procedimiento y cuya finalidad es averiguar 'por qué y cómo se le contrata' al letrado querellante".

El tribunal señala que Acayro Sánchez se dedicó a investigar "una eventual contratación ilícita" de ese letrado y practicó pruebas para "recabar información sobre extremos que en nada precisaba acreditar para resolver sobre lo que era objeto del procedimiento".

"Aunque se hubieran descubierto gravísimas irregularidades en el proceso de contratación, ello en modo alguno justificaba o sanaba la decisión del juzgador de investigarlas. No las había, pero esto es irrelevante", insiste la Sala.

Para el tribunal, el juez "actuó en el convencimiento de que actuaba en ejercicio de su obligación profesional de control de la legalidad", pero realizó una investigación sobre actuaciones administrativas "que no eran objeto del procedimiento sometido a su decisión".

"Cree firmemente -tan firme como equivocadamente- que su modo de proceder está justificado, y que su deber no solo es resolver el conflicto que las partes someten a su decisión sino, cuando así lo considere, realizar una investigación", añade la sentencia.

Sobre una supuesta animadversión hacia el abogado que se querelló contra el juez, la sentencia dice que ese sentimiento "podría explicar plenamente su modo de proceder", porque "causó objetivamente perjuicio reputacional al letrado", pero indica que "tal explicación es tan válida como puede serlo cualquier otra".

El tribunal considera que esa intención "no resulta relevante a los efectos de calificar jurídicamente los hechos", ya que los actos no estaban justificados.

El tribunal condena a Luis Acayro Sánchez a pagar 5.000 euros al abogado que le acusó por el "perjuicio moral causado" y a una multa de 2.700 euros.