Pacto de Toledo: medidas para asegurar las pensiones públicas

El Gobierno ha aprobado recomendaciones para garantizar y sanear el sistema público de pensiones, centrándose en la de jubilación. ¿Quieres saber más?

Uno de los temas que más preocupa a la sociedad española es no tener un sistema público de pensiones saneado que pueda garantizar que, después de toda una vida trabajando, puedas tener acceso a una pensión de jubilación. En los últimos años, los diferentes Gobiernos han aplicado reformas legislativas en el ámbito laboral con el fin de hacer viable y sostenible un sistema público de pensiones, aunque sin demasiado éxito, pues sigue habiendo deficiencias importantes que subsanar.

En qué consiste el Pacto de Toledo

En este sentido, el Gobierno aprobó hace escasos meses una serie de recomendaciones en la comisión del Pacto de Toledo, en que se pretende ajustar algunas de las disposiciones legales impuestas por las reformas laborales de los años 2011 y 2013 sobre las pensiones. En concreto se centra en la pensión de jubilación, que es la que más preocupa por su insuficiencia y poca sostenibilidad. Si bien es verdad que dichas recomendaciones no cambian demasiado lo ya existente, sí que intentan aportar más garantías y viabilidad.

Respecto de la solicitud de algunos grupos parlamentarios de poder cambiar el sistema de reparto actual por el de capitalización, quedó rechazado finalmente por la comisión.

Recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo

Dentro de las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo (un total de 20), cabe destacar las siguientes:

Subida anual de las pensiones en base al IPC real y garantizarla por ley.
Se hace una clara mención al "Fondo de Reserva". La preocupación que genera dicho fondo hace que aconsejen no acudir a él para hacer frente a problemas estructurales, ya que en su inicio fue creado para atender las necesidades futuras en materia de prestaciones contributivas originadas por desviaciones entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Según la comisión no es el mecanismo para resolver estos desequilibrios financieros y por ello sería necesario establecer un remanente mínimo sujeto a una regla de disponibilidad.
Igualdad los derechos y obligaciones de los autónomos con respecto a los trabajadores del régimen general, respecto de las bases de cotización y equiparando requisitos exigibles.
Elección del periodo cotizado. Se mantiene los 15 años como carencia mínima para acceder a una pensión y los 24 años como periodo para calcular esa prestación (25 años a partir del 2022). Se aconseja el valorar la posibilidad de que el trabajador pueda escoger los años más favorables de cotización a efectos de establecer la base reguladora de su pensión. Esta recomendación sería favorable sobre todo a aquellos trabajadores que, por razón de la edad, han visto reducidos sus ingresos y por lo tanto sus bases de cotización, debido al desempleo o a la inestabilidad laboral.
Necesidad de que todas las administraciones puedan cruzar datos con los de la Seguridad social. Así como reforzar la inspección y las sanciones.
Uno de los temas más controvertidos donde más cambios se han propuesto, es la pensión de jubilación. Se pretende tomar medidas para que se pueda prolongar de forma voluntaria la vida laboral, haciendo compatible la pensión con otros ingresos derivados del ejercicio de una actividad profesional. La comisión aconseja aumentar la vida en activo de los trabajadores, con la intención de acercar la edad en que la mayoría de los españoles acceden a la pensión de jubilación (una media de 64 años) y la edad que exige la ley (67 años en 2027).
Respecto de la jubilación anticipada, según la comisión, deberían poder acceder aquellos trabajadores que tengan una larga vida laboral y analiza el poder modificar los porcentajes reductores de la pensión en base a otros criterios como si es una jubilación voluntaria o forzosa, el número de años cotizados y el sector donde se produzca.
El Pacto de Toledo también propone reformar la pensión de viudedad. A lo largo de los años nuestra sociedad se ha ido transformando a nivel social, cultural y laboral, adquiriendo la mujer un papel mucho más relevante en el mercado laboral. Respecto la pensión de orfandad, se solicita se mejoren sus cuantías.

¿A qué edad me puedo jubilar?

Actualmente y aplicando la legislación vigente, para fijar la edad de jubilación se utilizan dos elementos: la edad del trabajador y las cotizaciones acreditadas a lo largo de su vida laboral. Estos dos elementos se han ido incrementando de forma paulatina en los últimos años debido a la reforma laboral llevada a cabo en el año 2011. Es por eso, que en este año 2021 la edad ordinaria de jubilación será de 65 años si acreditas 37 años y 3 meses o más de cotización o de 66 años si no se acredita tal cotización. Este incremento paulatino finalizará en el 2027 donde se exigirá 38 años y 6 meses o más para jubilarse con 65 años y se acredita menos, la edad será la de 67 años.

Aunque nuestro sistema de pensiones se encuentre en una situación difícil, con estas recomendaciones se pretende hacer frente al sostenimiento del Estado del Bienestar e intentar frenar el gasto de la Seguridad Social, cuestión complicada para los próximos años.